Mandato

En 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura en virtud de la resolución 36/151, con el objetivo de velar por que las víctimas de torturas y otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes obtengan reparación y reciban compensaciones justas y adecuadas, así como rehabilitación especializada de índole social, psicológica y médica. 

El Fondo otorga subvenciones anuales a organizaciones de la sociedad civil que prestan esos servicios a las personas cuyos derechos humanos han sido gravemente vulnerados como consecuencia de la tortura y a sus familiares.

Se otorga prioridad a las víctimas de violaciones perpetradas por los Estados en los cuales la situación de derechos humanos ha sido objeto de resoluciones o decisiones aprobadas por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social o la Comisión de Derechos Humanos.

El Fondo se administra de conformidad con el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, con el asesoramiento de una Junta de Síndicos compuesta por profesionales que poseen una vasta experiencia en materia de derechos humanos y, en particular, de la tortura, y que sirven a título personal.