Perfiles de países de América Latina y el Caribe

Apoyando a las familias de los desaparecidos

ANFASEP (Perú)

Victoria Pariona Rojas (illustration by Vérane Cottin, photograph by ANFASEP)

Cuando la mirada de muchos en el mundo estaba centrado en el conflicto de las Islas Malvinas y en la guerra civil del Líbano, en Perú, Victoria Pariona Rojas, viuda con seis hijos, intentaba sobrevivir al conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla maoísta, Sendero Luminoso.

Una mañana, los soldados llegaron a su casa en Ayacucho – a 550 km de Lima, la capital- y la llevaron a un cuartel. Una vez allí, la interrogaron sobre el número de policías que había matado y el número de armas que había robado. Pariona Rojas no era culpable de ninguna de las acusaciones, ni tenía ninguna asociación con Sendero Luminoso. Pero los soldados la retuvieron y la torturaron durante dos semanas. Finalmente, liberada, huyó a Lima con sus hijos, y sólo después de dos años volvió a Ayacucho. En represalia, un destacamento de soldados y policías se llevó a su hija de 15 años, así como a su hijo de 14 años.

En ese momento intervino “Mamá Angélica”-Angélica Mendoza. Una activista de derechos humanos quechua- que encontró a Pariona Rojas y la convenció para unirse a la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Mendoza, cuyo hijo fue secuestrado en 1983, fundó un grupo de mujeres de habla quechua encargado de buscar a sus familiares desaparecidos. “Tragándose su miedo”, según Mendoza, asumieron el papel de los hombres de la comunidad que sufrían un mayor riesgo de desaparecer si llevaban a cabo averiguaciones. “Nada podía pararnos”, decía Mendoza antes de morir en 2017.

Ayuda para afrontar lo inevitable

ANFASEP comenzó como una organización de base comunitaria de búsqueda y rescate. Además de ayudar a madres, dirige un refugio para niños que habían perdido a sus padres durante la guerra civil. Hoy,ANFASEP es un organismo que no solo ha desenterrado los restos de más de 9.000 desaparecidos y ha reunido a 20.000 desplazados con sus familias, sino que también ha buscado un camino escrupuloso hacia “la verdad, la justicia y la reparación digna” de los damnificados por la violencia cometida entre 1980 y 2000”.

ANFASEP también ha promovido la aplicación de varias leyes, como la creación de un banco genético nacional y un fondo para el monumento nacional a los desaparecidos llamado “La Hoyada”. Desde 2010 hasta el presente, el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura ha apoyado la misión y los logros de ANFASEP, incluyendo la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para investigar los actos de violencia política en el Perú entre 1980 y 2000.

Pariona Rojas encontró los restos de sus hijos en una casa situada en el vecindario de La Libertad en Ayacucho. Los cuerpos presentaban indicios de tortura. “Entré en la morgue, mi hija estaba a la derecha de la entrada, sus zapatillas se habían caído, comencé a llorar”. Pariona es todavía miembro activo de ANFASEP, y en cada oportunidad participa en las marchas y denuncia públicamente la tortura.

ANFASEP recibió su primera subvención del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura en 2009.

Perú, 1983

Dando esperanza a los presos políticos

CSPP (Colombia)

CSPP Team (illustration by Vérane Cottin, photograph by FCSPP)

En abril de 1948, el asesinato del candidato presidencial colombiano Jorge Eliecer Gaitán, desencadenó una prolongada ola de violencia por todo el país, conocida como “La Violencia”. El premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez fue testigo presencial del asesinato.

Fundó el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) en 1973 con el dinero que ganó del premio Rómulo Gallegos por su libro “100 años de soledad”. “Latinoamérica ni quiere, ni tiene porque ser un peón sin voluntad propia; tampoco es una mera ilusión que su búsqueda de independencia y autenticidad se convierta en una aspiración occidental,” dijo Márquez antes de fallecer en 2014.

Luchar por los derechos de los reclusos

Durante casi 50 años, CSPP ha proporcionado defensa legal y asistencia humanitaria a miles de personas detenidas por delitos políticos, a víctimas del conflicto armado y a personas defensoras de derechos humanos. Actualmente, con las subvenciones del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, CSPP visita regularmente docenas de cárceles del país para garantizar los derechos de los internos, apoyar a las víctimas de tortura y perseguir reparaciones para las familias de las víctimas de desapariciones forzadas, desplazamientos y ejecuciones extrajudiciales. CSPP también es miembro fundadora de la Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT), una red de organizaciones a la que el CSPP ha impulsado en sus acciones de incidencia y promoción, incluyendo la conmemoración del 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

“No catalogar la tortura como un delito sistemático y generalizado por la policía nacional y otras fuerzas y cuerpos de seguridad públicos, permite su existencia… Los casos son encubiertos como lesiones personales” de acuerdo con Franklin Castaneda, presidente de CSPP. En abril de 2022, CSPP publicó un informe encontrando 133 muertes arbitrarias resultado de un uso de la fuerza excesivo; 80 casos de tortura durante detenciones administrativas; y 2607 lesiones sufridas durante los 215 días de protesta política entre noviembre de 2019 y agosto de 2021-13 víctimas por cada día de protesta

La fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) recibió su primera subvención del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura en 2005.

Colombia, 1973

Buscando justicia para los abusos de derechos humanos

COFAVIC (Venezuela)

Yris Medina (illustration by Vérane Cottin, photograph by COFAVIC)

Las fuerzas de seguridad en Venezuela han sido acusadas de cometer violaciones a los derechos humanos para reprimir a opositores políticos, incluyendo asesinatos extrajudiciales y tortura. Organizaciones de derechos humanos ONG están luchando por la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares.

En junio de 2019, miembros del servicio de inteligencia de Venezuela, conocido como La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), secuestraron a Rafael Acosta Arévalo, un capitán retirado de la armada, de acuerdo con un informe de derechos humanos de la ONU. Fue acusado de conspirar contra el gobierno, le vendaron los ojos y le torturaron hasta la muerte.

Acabar con la impunidad

Casos como el de Arévalo no son aislados en Venezuela, pero algunas ONG luchan para terminar con la impunidad que rodea los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. COFAVIC ha visibilizado sistemáticamente la lucha contra la impunidad y la necesidad de la reparación integral de las víctimas. “No es posible construir bienestar ignorando las heridas abiertas por la violencia estructural de Estado”, señala Yris del Valle Medina, directora ejecutiva de COFAVIC.

Creada en 1989 por un grupo de madres, hermanas y viudas de disidentes asesinados y desaparecidos tras los sucesos violentos conocidos como El Caracazo, COFAVIC ha ganado muchos casos ante Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el estado venezolano por violaciones de los derechos humanos. Con el apoyo financiero del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, COFAVIC suministra asistencia legal y psicológica a las víctimas de la tortura.

“El reconocimiento parcial de los hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad es un paso necesario”, como señala Liliana Ortega, abogada de COFAVIC. “Pero no es suficiente. Es esencial que los autores sean juzgados.”

COFAVIC recibió su primera subvención del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura en 2021.

Venezuela

Por la integración segura de los migrantes

Centro Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (México)

Ana Elena Barrios (illustration by Vérane Cottin, photograph by Fray Matias)

Por lo general, las organizaciones de derechos humanos toman su nombre de una causa, un país, una ley o un acrónimo, y muy rara vez, de una persona.

Pero quienes están en primera línea humanitaria en América Central y del Sur solo tienen que decir el nombre de un fraile dominico del siglo XVIII y los lugareños conocen inmediatamente a Fray Matías, que ahora es sinónimo del rescate a miles de migrantes de conflictos en países vecinos y más lejanos.

Desde 1994, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC ha desarrollado soluciones prácticas para defender los derechos humanos fundamentales de grupos vulnerables de campesinos pobres, migrantes y sus familias en Tapachula o sus alrededores, una ciudad en la frontera sur de México que alberga el mayor centro de detención de migrantes del país. A través de la formación en el empleo, la educación para el cuidado personal, y grupos de apoyo que ayudan a los recién llegados a México a formar comunidades y redes, la ONG protege a migrantes que huyen de la violencia, incluyendo de la tortura, en El Salvador, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Cuba, así como a personas que han sido sometidas a tortura en México.

“La práctica de tortura en la migración (…) requiere del diseño y de la aplicación de respuestas urgentes y adaptadas”, afirma Ana Elena Barrios, psicóloga del centro Fray Matías que proporciona apoyo psicológico a cientos de mujeres migrantes cada año. “La rehabilitación no se puede limitar a la atención médica y psicológica. ¿Cómo se puede traducir el agotamiento causado por una espera infinita?”.

Con la ayuda del El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, Fray Matías ha empezado a documentar los abusos, denunciar las deplorables condiciones de detención, la falta de protocolos institucionales de atención integral, así como el racismo y la xenofobia contra los solicitantes de asilo, muchos de ellos que sufrieron tortura, y hacerlos públicos. La ONG cree que los agentes del Estado utilizan estas prácticas para disuadir a los migrantes de buscar refugio en México y en Estados Unidos. Haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la organización ha exigido al Estado mexicano que elimine el uso generalizado de la detención de migrantes, dedique una parte del presupuesto estatal a recursos para la atención y protección de los migrantes, y ofrezca información completa y accesible sobre las formas y procedimientos para acceder a la protección internacional o para permanecer legalmente en el país.

“Cada documento (del migrante) está sujeto a diferentes interpretaciones que varían según la autoridad y el momento”, dice Barrios. “Los migrantes se pierden en los meandros de un sistema en el que se acumulan los cambios de política y los errores administrativos. Un sistema destinado a agotar la paciencia de los migrantes para desanimarlos”.

Fray Matías, recibió por primera vez una subvención del El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura en 2016.

Exigiendo justicia por los dirigentes que torturan

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Costa Rica)

Claudia Paz y Paz (illustration by Vérane Cottin, photograph by Teresa Osoria Ochoa)

Claudia Paz y Paz no parece – ni se presenta- como una abogada típica, y mucho menos como una fiscal. Pequeña de estatura, con un tono de voz suave y sin pretensiones, Paz y Paz, sin embargo, tiene una mente legal feroz – y no demuestra miedo.

En 2013, como la primera mujer fiscal general de Guatemala, Paz y Paz se enfrentó a Efraín Ríos Montt, el dictador militar de Guatemala entre 1982 y 1983, y lo llevó a juicio por crímenes de lesa humanidad y genocidio por su papel en las desapariciones forzadas de 200.000 personas durante la guerra civil del país. Es la primera vez que un ex jefe de gobierno es procesado por estos delitos ante un tribunal nacional, y no internacional, y la Sra. Paz y Paz consiguió que se le impusiera una condena de 80 años de prisión. Ríos Montt murió en 2018 durante el proceso de apelación, mientras se celebraba un nuevo juicio.

Paz y Paz ahora es Directora de la Oficina para Centroamérica y México del Centro or la Justice y el Derecho Internacional (CEJIL). La oganización utiliza el litigio estratégicoy otras herramientas para defender los derechos de víctimas de tortura y otras violaciones a los derechos humanos ante el sistema inter-americano de derechos humanos y otros órganos internacionales, con el apoyo del Fondo Voluntario para Víctimas de Tortura. 

Pedir cuentas a los responsables

CEJIL, junto con sus contrapartes nacionales, ha presentado casos emblémáticos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que han llevado, entre otros,a la decisión de calificar como tortura la violencia sexual cometida por agentes del Estado. CEJIL ha impulsado también leyes para que los militares que cometen graves violaciones de derechos humanos sean procesados en tribunales penales ordinarios. Para lograr este objetivo, CEJIL representó recientemente a una mujer transgénero encarcelada y torturada en Nicaragua, presentó una demanda contra la prohibición absoluta del aborto en El Salvador para una enferma de lupus cuyo embarazo ponía en peligro su vida, y demandó al Estado mexicano por el caso de las “Mujeres de Atenco”, 11 mujeres de diversas edades detenidas y torturadas sexualmente durante protestas en 2006.

A pesar de los avances de CEJIL, Latinoamérica aún tiene un largo camino por recorrer en materia de justicia restaurativa. En el marco de su actual proyecto contra la tortura apoyando por el Fondo Voluntario para Víctims de Tortura, CEJIL pretende alinear a los Estados de la región con las normas internacionales de derechos humanos contra la tortura, así como lograr que en los litigios se preste más atención a las víctimas para que puedan participar en sus procesos sin tener que enfrentarse a represalias o a un nuevo trauma. “Saldamos una deuda histórica en mi país al llevar estos casos a los tribunales” dice Paz y Paz. “En primer lugar con las víctimas, pero también con la comunidad internacional que nunca quiso que estos casos quedaran impunes”.

CEJIL recibió su primera subvención del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura en 2004.

Restaurando identidades arrebatadas

Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)

Estala de Carlotto (illustration by Vérane Cottin, photograph by Abuelas de Plaza de Mayo)

A finales de 1977, Laura Carlotto, una estudiante universitaria y activista política en Argentina fue secuestrada por oficiales de seguridad y llevada a un centro de detención clandestino. La joven estaba embarazada. Dio a luz seis meses más tarde, fue asesinada durante su detención, y su hijo fue arrebatado y entregado, como tantos otros, a otras familias, muchas de ellas pertenecientes al ejército o a partidarios del régimen. 

La madre de Laura, Estela de Carlotto, inmediatamente empezó la búsqueda de su hija, recuperó sus restos y - cuando supo que había dado a luz - a su nieto. Junto con otras mujeres en la misma situación, fundó la organización Abuelas de la Plaza de Mayo, con el objetivo de buscar y restituir a estos niños a sus familias legítimas. 

“Cuando cumplí 80 años, rogué a Dios que no me dejara morir antes de encontrar a mi nieto”, dice Carlotto. Gracias a la perseverancia y a los continuos esfuerzos de Estela, otras abuelas, familiares y activistas, Estela fue logró conocer a su nieto en 2014, cuando ella tenía 81 años y su nieto 36.

Dando a los supervivientes otra oportunidad

Abuelas de la Plaza de Mayo, una organización fundada en 1985 ante la necesidad de identificar a los niños y niñas nacido/as de madres víctimas de desapariciones forzadas y que habían sido apropiados por otras familias. Las Abuelas estiman que más de 500 niños fueron víctimas de desaparición forzada en este contexto.

Abuelas es una organización pionera en la utilización de métodos científicos para la búsqueda e identificación de personas. Crearon el llamado índice de Abuelismo, que les permitió identificar genéticamente a sus nietos. También impulsaron la legislación a nivel nacional y mundial, como la Convención Internacional sobre los Derechos del niño, que incorporó tres artículos (7, 8 y 9), sobre el derecho a la identidad, propuestos por las Abuelas y conocidos como los artículos argentinos. Así mismo, promovió la redacción y adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.  

Con el apoyo del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, las Abuelas continúan su lucha por la reparación. En 1997, iniciaron una causa penal en la que se defendía que el secuestro de bebés formaba parte de un plan sistemático promovido desde los más altos niveles del Estado durante la dictadura. Como resultado, en 2012 varios oficiales del ejército fueron condenados por sus actos. La organización también ofrece ayuda psicológica a aquellos que se enfrentan a una pérdida y ha desarrollado las herramientas para diferenciar legalmente entre la adopción y la apropiación de niños. En 2014, Abuelas de la Plaza de Mayo había restituido con éxito a 113 nietos apropiados.

La organización fue subvencionada por primera vez por Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura en 1985.