Introducción

De conformidad con la resolución 44/15 del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas ("Grupo de Trabajo") presentará un informe en el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2023 sobre "Sector extractivo, transición justa y derechos humanos". En este informe, el Grupo de Trabajo entenderá el sector extractivo como la amplia gama de empresas, instituciones y personas involucradas en la extracción de petróleo, gas, minerales sólidos y metales raros.

Como se establece en la resolución 17/4, el Grupo de Trabajo tiene el mandato de promover, difundir e implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores). El Grupo de Trabajo también tiene el mandato de intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la implementación de los Principios Rectores, y evaluar y hacer recomendaciones al respecto.

El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco expertos independientes de representación geográfica equilibrada nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados Miembros responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo. Los expertos son seleccionados sobre la base de sus conocimientos especializados y experiencia en el ámbito de su mandato, integridad personal, independencia e imparcialidad y objetividad. No están empleados por las Naciones Unidas y no reciben remuneración por su trabajo. El Grupo de Trabajo es parte de un sistema de los llamados Procedimientos Especiales de la ONU. Colectivamente, los expertos del Grupo de Trabajo aportan diversas habilidades y experiencia sobre el avance del respeto empresarial de los derechos humanos en una amplia gama de países, temas y sectores. Acceda a las biografías de los miembros del Grupo de Trabajo.

Contexto

En respuesta a la emergencia del cambio climático, un número creciente de Estados, empresas, inversores y otras partes interesadas en el sector extractivo en todo el mundo han anunciado, o están desarrollando actualmente, planes para implementar programas de emisiones cero y de transición energética. Sin embargo, han surgido preocupaciones sobre cómo el diseño y la implementación de políticas y proyectos de transición energética, especialmente el abastecimiento de minerales críticos de transición, pueden exacerbar aún más el trabajo infantil, la esclavitud moderna, la pobreza y la exclusión social;  impactar el disfrute del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible;  empeorar los niveles de pobreza energética; y restringir el acceso a la tierra y otros recursos a las personas y grupos en situaciones vulnerables e históricamente excluidos.  Esto se debe en parte a la multitud y complejidad de los problemas de derechos humanos que enfrentan las empresas extractivas. Por ejemplo, el uso de la tierra para proyectos extractivos y el reasentamiento de comunidades es particularmente perjudicial para los Pueblos Indígenas, asimismo, las empresas extractivas también pueden tener impactos considerables sobre el medio ambiente y la economía de las sociedades en las que operan, con áreas afectadas por conflictos o que salen de un conflicto que utilizan los ingresos de los recursos extractivos para financiar disturbios. En este contexto, surge la pregunta de cómo lograr una transición justa y basada en los derechos humanos, es decir, una transición hacia una economía verde y climáticamente neutra que sea justa, inclusiva, cree oportunidades de trabajo decente, defienda los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afectadas a través del diálogo social y la participación de las partes interesadas, respete la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales, y no deja a nadie atrás.

El informe tiene como objetivo proporcionar orientación práctica a los Estados, las empresas y otras partes interesadas clave sobre la mejor manera de diseñar e implementar programas, inversiones y proyectos de transición energética justos, inclusivos y basados en los derechos que promuevan los Principios Rectores.

En particular, el informe desentrañará las disposiciones pertinentes de los Principios Rectores.  El informe examinará el deber de los Estados de establecer leyes y políticas de recursos naturales basadas en los derechos humanos que logren un equilibrio entre el avance de los objetivos de transición energética y la promoción de una conducta empresarial responsable en el diseño, aprobación, financiación, implementación y presentación de informes de tales actividades. El informe también analizará el papel clave desempeñado por las empresas propiedad o controladas por el Estado y desentrañará el papel de las empresas en el sector extractivo para integrar los derechos humanos en los planes y programas de transición energética en curso para abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos. El informe también abordará el acceso a los mecanismos de reparación, por ejemplo, analizando la posibilidad de ampliar las disposiciones de resolución de disputas en los contratos extractivos, asegurando las contribuciones de los operadores del sector extractivo a los fondos de compensación y reparación climática, y permitiendo que las comunidades afectadas busquen remedios contra las partes inversoras.

Este informe se basará en el trabajo realizado anteriormente por el Grupo de Trabajo, el Consejo de Seguridad de la ONU y otras organizaciones internacionales como el ACNUDH, el PNUMA, la OIT, la UNCTAD, la OCDE, el Centro Sur y otras sobre diversas dimensiones de la interfaz entre el cambio climático, la transición energética y los derechos humanos.^[1] También establecerá conexiones con los informes anteriores y futuros del Grupo de Trabajo y los productos de conocimiento que abordan cuestiones como el cambio climático, la debida diligencia en materia de derechos humanos (DDDH), la coherencia de las políticas, las dimensiones de género, las empresas estatales y el acceso a la reparación efectiva.

En este contexto, el Grupo de Trabajo busca la contribución de todas las partes interesadas (incluidos Estados, las organizaciones internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación, los y las responsables políticos, el mundo académico, los y las abogados, los bufetes de abogados, los y las mediadores, las partes inversoras, las asociaciones industriales, las asociaciones sindicales, las personas defensoras de los derechos humanos y los Pueblos Indígenas) a las preguntas que figuran a continuación. Por favor, siéntase libre de responder a todas o solo a algunas de las preguntas según su experiencia, relevancia o el enfoque de su trabajo.

Preguntas

Deber del Estado de proteger los derechos humanos

1. ¿Cómo pueden los Estados promover mejor las leyes y políticas de transición energética compatibles con los derechos humanos que garanticen una conducta empresarial responsable en todos los aspectos de los esfuerzos y programas de transición energética (por ejemplo, entre otros, el diseño, la aprobación, el financiamiento, la implementación y la presentación de informes de programas de transición energética)?
2. ¿Tiene conocimiento de alguna medida, tanto obligatoria como voluntaria, a nivel nacional, regional o internacional para fomentar el respeto de los derechos humanos en el sector extractivo por parte de las empresas, especialmente en el contexto de los planes, programas y actividades de transición energética? En caso afirmativo, ¿se aplican efectivamente estas medidas y proporcionan la cobertura necesaria a la luz de la evolución de las circunstancias, incluidos los planes de transición energética? ¿Es necesaria una mayor claridad en algunas áreas de la ley y las políticas públicas? ¿Qué medidas podrían corregir razonablemente esta situación?
3. ¿Qué mecanismos o procesos deberían existir a nivel estatal (por ejemplo, comité interministerial, evaluación ex ante del impacto y del riesgo en los derechos humanos) para evaluar y garantizar que las operaciones del sector extractivo, incluida la producción y distribución de minerales de transición, no afecten negativamente a los derechos humanos?  ¿Se aplican estas medidas de manera efectiva, y proporcionan la cobertura necesaria a la luz de los planes, programas y actividades de transición energética?
4. ¿Cómo fomentan y regulan los Estados la comunicación acerca de los esfuerzos de transición energética por parte de las empresas del sector extractivo, incluidas las empresas estatales, para evitar la publicación de afirmaciones engañosas o sin fundamento o la presentación de informes sobre los programas de transición energética de una entidad? ¿Garantizan suficientemente estas medidas la adecuación, accesibilidad, fiabilidad y exactitud de la información?
5. Las concesiones, contratos y tratados bilaterales de inversión actuales en el sector extractivo, ¿ayudan o limitan el espacio regulatorio nacional disponible para que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales de derechos humanos en el contexto de la transición energética? ¿Qué cambios adicionales en las disposiciones clave y los procesos de concesión de licencias / adquisiciones son deseables para avanzar en la transición energética en alineación con los Principios Rectores?
6. ¿Cuáles son las brechas en el desarrollo e implementación de los Planes de Acción Nacionales existentes, la legislación y los marcos nacionales, regionales o internacionales sobre empresas y derechos humanos (por ejemplo, el Acuerdo de París o las leyes de cambio climático), particularmente en relación con el sector extractivo, ¿que si se abordaran promoverían una transición energética justa y basada en los derechos humanos?
7. ¿Cómo pueden las políticas públicas, programas, planes y actividades de transición energética en un Estado tener impactos adversos sobre los derechos humanos fuera de su territorio o jurisdicción (incluidos los problemas de la cadena de suministro y el abastecimiento)? ¿Qué medidas podrían corregir razonablemente esta situación?
8. ¿Cómo pueden los Estados aprovechar el potencial de la transición energética para lograr importantes objetivos políticos relacionados con los derechos humanos, como lograr el empoderamiento local, la igualdad de género, la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos

9. ¿Qué papel deben desempeñar las empresas del sector extractivo para integrar los derechos humanos en los planes y programas de transición energética en curso para abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos? Sírvanse proporcionar ejemplos, de ser posible.
10. ¿Son eficaces las disposiciones de derechos humanos, por ejemplo, en las concesiones, contratos y tratados bilaterales de inversión existentes, para alentar a las empresas del sector extractivo, incluidos las partes inversoras, a respetar todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos? Si no es así, ¿qué se debe hacer para fortalecer su eficacia?
11. ¿Ha visto a las partes inversoras del sector extractivo desempeñar un papel en la prevención y mitigación, o en la exacerbación, de los impactos negativos de los esfuerzos de transición energética en los derechos humanos? ¿Debería exigirse a las partes inversoras que lleven a cabo DDDH con un enfoque de género en consulta significativa con las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil, los Pueblos Indígenas y las personas defensoras de los derechos humanos? ¿Qué responsabilidad de remediación deben tener las partes inversoras?
12. ¿Qué papel puede desempeñar la economía informal (por ejemplo, la explotación minera artesanal y a pequeña escala, incluidas las cadenas de suministro) en el avance de una transición energética justa y basada en los derechos humanos?
13. ¿Deberían las concesiones, los contratos y la legislación exigir que todas las empresas que producen, compran, procesan y distribuyen minerales de transición apliquen e implementen evaluaciones de impacto y riesgos basadas en los derechos humanos y estándares de diligencia debida, incluida la DDDH con enfoque de género y una DDDH reforzada para las zonas afectadas por conflictos?  De ser así, ¿cómo podrían esos procesos garantizar una participación significativa de las comunidades afectadas, en particular de los grupos en situación vulnerable e históricamente excluidos? 
14. ¿Cómo podrían las asociaciones del sector extractivo, las instituciones de educación superior y otras partes interesadas promover la conciencia y alentar prácticas empresariales compatibles con los derechos humanos (por ejemplo, combatir el ecopostureo o lavado verde y las estafas ecológicas, conocidas en inglés como greenwashing y greenscamming)?

Acceso a mecanismos de reparación

15. ¿Qué medidas y mecanismos deberían proporcionar la legislación del sector extractivo, los tratados bilaterales de inversión, las concesiones y los contratos para permitir que las personas o comunidades afectadas por las actividades extractivas busquen una reparación efectiva para los abusos de los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales? ¿Qué reparaciones son las más adecuadas para este sector?
16. Sírvanse proporcionar ejemplos de las medidas adoptadas por los Estados para investigar, castigar y reparar los abusos de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales del sector extractivo en el contexto de los proyectos de transición energética. ¿Son eficaces los pasos y los mecanismos de reparación tanto en términos de proceso como de resultados correctivos?
17. ¿Tiene conocimiento de algún caso presentado a instancias judiciales y/o no judiciales (por ejemplo, instituciones nacionales de derechos humanos, puntos de contacto nacional, mediación, etc.) en relación con abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial en el sector extractivo, particularmente en el contexto de proyectos de transición energética?
18. ¿Son las disposiciones y marcos actuales de resolución de disputas en el sector extractivo "adecuados para el propósito" de abordar las quejas relacionadas con abusos de derechos humanos vinculados a actividades extractivas y proyectos de transición energética? De no ser así, ¿cuáles son las alternativas para un sistema de resolución de disputas legítimo, transparente y efectivo para abordar tales quejas?

Buenas prácticas y otros comentarios

19. Sírvase proporcionar ejemplos de buenas prácticas con respecto a la integración de los derechos humanos en el sector extractivo en el contexto de la transición energética.
20. ¿Qué políticas públicas, prácticas y salvaguardias específicas en materia de energías renovables deberían adoptar los Estados y las empresas para que la transición energética no tenga efectos adversos sobre los derechos humanos?
21. ¿Existen recomendaciones específicas para los Estados, las empresas (incluidas las partes inversoras), la sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas y las instituciones nacionales de derechos humanos que ayuden a avanzar aún más hacia una transición energética justa y basada en los derechos humanos en el sector extractivo? Cualquier otro comentario o sugerencia sobre el próximo informe también es bienvenido.