Declaración conjunta de expertas y expertos de las Naciones Unidas y regionales de cara al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Legal a la luz de la cumbre en Puerto Vallarta

Ginebra / Banjul / Washington, D.C. – En ocasión de la reunión preparatoria para el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Legal, que se realiza en Puerto Vallarta, México, del 4 al 6 de diciembre, el Sr. Jose Brillantes, Presidente del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Sra. Renate Winter, Presidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Sr. Felipe González, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU; Sra. Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, Sr. Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y la Sra. Maya Sahli Fadel, Relatora Especial sobre los Refugiados, los Solicitantes de Asilo, los Desplazados Internos y los Migrantes de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) de la Unión Africana (UA), reconocen la importancia de incorporar los principios de derechos humanos, perspectiva de género y responsabilidad compartida en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Legal, que será adoptado en 2018.

En 2015 se estimaba que habían aproximadamente 244 millones de personas migrantes internacionales en el mundo, lo que representaba el 3.3% de la población global y un aumento del 41% del número total de personas migrantes en el mundo en el 2000. A diario, muchas personas migrantes –especialmente las personas migrantes en situación irregular y en necesidad de protección internacional – se encuentran en una situación especial vulnerabilidad y están más expuestas a abusos y a violaciones a sus derechos humanos. Las y los expertos expresan su preocupación debido a que la respuesta en varias partes del mundo hacia la migración irregular en los últimos años ha estado caracterizada por un discurso y una política de securitización, represión y disuasión, con el objetivo central de proteger las fronteras a partir de la construcción de muros, el uso de la violencia, la detención y deportación de personas migrantes sin que haya una suficiente identificación de sus necesidades individuales de protección, y la externalización del control fronterizo más allá de las fronteras territoriales hasta alta mar e incluso en terceros países.

A pesar de estos esfuerzos para disuadir y detener la migración, las personas seguirán cruzando fronteras siempre que sigan existiendo los factores de expulsión y atracción de la migración, como lo son la violencia; la desigualdad y la pobreza; la discriminación; el cambio climático y los desastres naturales; las necesidades del mercado laboral, ya sea formal o informal, en los países de destino; así como las necesidades de reunificación familiar. Esto es una realidad que deriva de la condición inherente de los seres humanos que siempre ha caracterizado a la migración. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Legal representa una oportunidad para los Estados de cambiar de manera conjunta el paradigma actual que criminaliza la migración por uno basado en derechos humanos, reconociendo que las personas migrantes no son criminales ni pueden ser “ilegales”, sino que son sujetas de derechos humanos. En este sentido, el Pacto Mundial debe afirmar que los derechos humanos no son derechos de ciudadanía, sino que son inherentes a todas las personas, lo que incluye a personas migrantes, independientemente de que se encuentren en situación irregular. Asimismo, el Pacto Mundial debe afirmar que los movimientos migratorios y de personas refugiadas que actualmente se enfrentan en varias partes del mundo son una responsabilidad compartida que requieren respuestas internacionales.

En este sentido, las y los expertos observan que es necesario realizar compromisos y acciones concretas para un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Legal basado en derechos humanos. Sobre esta situación, las y los expertos recomiendan los siguientes compromisos ejecutables para que sean implementados en un marco de cooperación y responsabilidad compartida:

1. Atender y prevenir los factores de expulsión y atracción para la migración a través de las fronteras, incluyendo la pobreza, desigualdad, violencia, gobernanza deficiente, necesidades laborales oficiales o no oficiales, reunificación familiar, megaproyectos, cambio climático y desastres naturales.

2. Llamar a los Estados y otros actores a realizar estudios sobre cambio climático y desastres naturales con la finalidad de apoyar la adopción de medidas, herramientas y guías nacionales y regionales apropiadas, incluyendo estrategias de respuesta para los países, planes de contingencia y respuestas integradas para la gestión de riesgo de desastres y programas de visas humanitarias.

3. Llamar a los Estados a ratificar tratados regionales e internacionales en materia de derechos humanos, especialmente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y aceptar la competencia del Comité para considerar comunicaciones individuales que aleguen violaciones a derechos reconocidos en la Convención, así como la ratificación de tratados regionales, tales como la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, jubilación y estudiantes, así como programas de patrocinio privado.

5. Adoptar medidas dirigidas a garantizar el apoyo internacional y la responsabilidad compartida en el rescate, recepción y alojamiento en casos de grandes movimientos migratorios internacionales. En este sentido, los Estados deben establecer mecanismos internacionales de múltiples partes interesadas para fortalecer y coordinar operaciones de búsqueda y rescate, investigación y protocolos forenses, tratamiento digno de los restos de fallecidos, identificación y localización de familias mediante el intercambio seguro de información ante mortem, post mortem y ADN.

6. Respetar las obligaciones de derechos humanos en los puntos fronterizos en concordancia con el derecho a buscar y disfrutar del asilo, el principio de la no devolución (non-refoulement) y la prohibición de expulsiones arbitrarias y colectivas. En ese sentido, los Estados deben implementar mecanismos que permitan la identificación de personas con necesidades de protección internacional, incluyendo a las personas que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad o que tengan necesidades especiales de protección.

7. Asegurar que la detención de personas migrantes sea siempre una medida de último recurso; utilizada únicamente de acuerdo con los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad; caso por caso, considerando situaciones particulares de vulnerabilidad; y utilizada por el menor tiempo posible. En este sentido, los Estados deberían considerar prioritariamente el uso de alternativas a la detención y terminar progresivamente con su uso. Finalmente, los Estados deben garantizar que los niños y sus padres nunca sean detenidos por motivos migratorios.

8. Asegurar que niños, niñas y adolescentes que enfrentan procedimientos migratorios sean tratados como niños en primer lugar, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Los principios de no discriminación, interés superior del niño, niña o adolescente, derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, y el derecho a ser escuchado y participar en los procedimientos, entre otros, deben ser los principios rectores de cualquier política de migración a nivel local, nacional o regional y global. Los Estados deben asegurar que las políticas, leyes y prácticas nacionales y regionales cumplan con las normas y estándares destacados recientemente en los dos comentarios generales conjuntos del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares y el Comité sobre la Derechos del Niño sobre los los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional y sobre las obligaciones estatales relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno; así como la Opinión Consultiva 21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos y garantías de los niños en el contexto de la migración y / o en necesidad de protección internacional.

9. Garantizar el acceso igualitario a la justicia para las personas migrantes, incluyendo la justicia transfronteriza para violaciones a derechos humanos en condiciones justas, efectivas y accesibles para las personas migrantes y sus familiares. Los Estados están obligados a prevenir acciones que violen derechos humanos y asegurar que puedan acceder al sistema formal de justicia sin miedo a la detección, detención y deportación, realizar investigaciones efectivas, enjuiciar y, según corresponda, sancionar a los autores de tales violaciones. Adicionalmente, los Estados deben responder de manera efectiva a las situaciones de muertes masivas de personas migrantes en tránsito y en las zonas fronterizas, incluyendo las siguientes acciones: investigaciones de todos los casos de muertes y desapariciones, así como de personas migrantes en fosas comunes, con la cooperación de las autoridades de todos los Estados involucrados. Del mismo modo, las personas migrantes deben recibir justicia y reparación integral por cualquier daño causado.

10. Reconocer el impacto positivo de las personas migrantes en el desarrollo y la prosperidad a nivel local, nacional, regional y global, impactando, entre otras cosas, en la generación de empleo.

11. Reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, incluyendo derechos laborales, acceso a servicios de salud, educación y registro de nacimientos, acceso a la justicia y debido proceso y no discriminación.

12. Implementar medidas para promover la integración social y la resiliencia de las personas migrantes, particularmente garantizando sus derechos económicos, sociales y culturales. Para promover su integración, los Estados deberían tomar medidas afirmativas, como campañas educativas y de sensibilización destinadas a promover sociedades multiculturales, a celebrar la diversidad y contrarrestar la discriminación, la xenofobia y el discurso de odio.

Las y los expertos reafirman la gran oportunidad que presenta la reunión preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en Puerto Vallarta, México, para garantizar un enfoque basado en derechos humanos y para reconocer la necesidad de un compromiso real por parte de los Estados y otros actores hacia el reconocimiento de las personas migrantes como titulares de derechos. Asimismo, para garantizar la eficacia del Pacto Mundial, las y los expertos hacen un llamado a los redactores del mismo para garantizar que se proporcionará un marco normativo e institucional para la migración fuerte, basado en los derechos humanos, dentro del marco de Naciones Unidas y que incorpore medidas para el seguimiento, mecanismos de rendición de cuentas, supervisión y evaluación para su implementación, con la colaboración y el asesoramiento técnico de organizaciones de la sociedad civil, regionales e internacionales.