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La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1984. Completó el proceso de codificación para combatir la práctica de la tortura.

Como parte de este instrumento, se creó un órgano de supervisión, el Comité contra la Tortura. Su función principal es velar por el cumplimiento y la aplicación de la Convención por parte de todos los Estados Partes. Tras ser ratificado por el 20º reunión de los Estados Partes, entró en vigor el 26 de junio de 1987. El Comité se reunió por primera vez en abril de 1988 en Ginebra.

¿Cómo protege a las personas?

La Convención prohíbe absolutamente la tortura y otros actos de trato o castigo cruel, inhumano o degradante. Los Estados Partes se comprometen a impedir los actos de tortura en relación con actividades que incluyan:

  • devolver, expulsar o extraditar a alguien a otro país en el que haya motivos para creer que se enfrentará a la tortura;
  • arresto, detención y encarcelamiento;
  • el interrogatorio; y
  • la formación de la policía (civil o militar), el personal médico, los funcionarios públicos y cualquier otra persona que pueda participar en el arresto, la detención y el interrogatorio de una persona.