“Tuve que salir de manera irregular de Nicaragua. Salí con una mochila sobre mi espalda, con mi computadora y con la sensación de estar dejando mi país por haber defendido a otras víctimas, por haberlas acompañado. Sentí que era como si estuviese cometiendo un crimen, cuando lo que había estado haciendo era defender derechos humanos”, dijo Wendy Flores, defensora de derechos humanos nicaragüense.

Flores estudió derecho y se motivó a defender los derechos humanos al observar las injusticias que ocurrían en su país. Posteriormente ingresó como pasante al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en abril de 2002.

“Me fui dando cuenta que era una defensora de derechos humanos porque estaba trabajando por las víctimas, por sus derechos y acompañándolas frente a una cantidad de obstáculos que vivían en el país”, dijo Flores.

Flores actualmente vive en el exilio, luego de que el Gobierno comenzara a cancelar la personalidad jurídica de diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como a detener a sus miembros, como consecuencia de las protestas ocurridas a partir de abril de 2018.

Según un informe de la Oficina, a principios de abril de 2018 estallaron en Nicaragua manifestaciones lideradas por grupos ambientalistas, población rural campesina y estudiantes para denunciar la lenta e insuficiente respuesta del Gobierno a los incendios forestales en la Reserva Biológica Indio Maíz. Después de esto, creció el descontento entre la población por la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la reducción del pago de las pensiones, lo que provocó aún más protestas. Las personas que protestaban fueron rápidamente consideradas opositoras al Gobierno, lo que dio lugar a una represión contra las protestas, criminalización de manifestantes y detenciones.

“En los últimos cinco años, Nicaragua ha cancelado más de 3,600 organizaciones de sociedad civil. En diciembre de 2018 el CENIDH fue una de las 10 primeras organizaciones canceladas”, dijo Flores. “Y aun cuando dijimos que continuaríamos realizando la defensa de derechos humanos, lamentablemente no lo conseguimos dentro del país porque iniciaron las detenciones que evidentemente iban a impedir mi labor como defensora”.

Flores tuvo que salir de Nicaragua ante el riesgo de ser criminalizada por defender los derechos humanos y poner a su familia en peligro, una decisión difícil, a la que se han enfrentado centenares de defensores y defensoras de derechos humanos en países donde se sufre persecución, amenazas y ataques generalizados en contra de la población civil.

“Sentir que dejaba, aunque fuera temporalmente, a mi hijo casi recién nacido y a mi hija, fue una de las situaciones más duras que he enfrentado,” dijo Flores.

Afortunadamente, Flores pudo reunificarse con su familia luego de aproximadamente dos meses y medio de salir de Nicaragua, pero dijo que la separación tuvo, inevitablemente, un impacto traumático en toda la familia.  Está consciente que, desafortunadamente, otras defensoras, deben esperar mucho tiempo para lograr la reunificación familiar. En otros casos, no lo han logrado debido, entre otras razones, a barreras económicas y migratorias, generando afectaciones psicológicas tanto en menores como en defensoras y defensores de derechos humanos.

En el exilio

Salir de Nicaragua obligó a Flores a reconfigurar su trabajo como defensora de derechos humanos y, junto con otras personas defensoras que también se encontraban en el exilio, lograron fundar el “Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más” . El Colectivo busca apoyar a las víctimas, denunciar las violaciones de derechos humanos y enviar un mensaje simbólico de que, pese a los obstáculos y a la necesidad de partir al exilio, persisten en su lucha contra la impunidad por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

“Estábamos rotos emocionalmente, desprendidos de nuestra familia, desarticulados, pero con la fuerza para seguir denunciando las violaciones de derechos humanos. Y esa fue la principal motivación que tuvimos y con la que me sentía identificada. En febrero de 2019, hicimos una conferencia de prensa para anunciar que continuaríamos como defensores en el exilio”, dijo Flores.

“Y desde entonces hemos continuado documentando casos de población desplazada en Nicaragua. Hemos logrado identificar en estos cinco años de más de 1,140 casos. Hemos documentado la forma en la que se han perpetrado actos de tortura en contra de personas presas políticas”, dijo Flores. “Hemos identificado más de 40 métodos de tortura utilizados en contra de las personas presas políticas y sus familias. Y hemos identificado también perpetradores dentro de estos casos documentados”.

Flores sabe que quienes permanecen en Nicaragua enfrentan una situación muy riesgosa, sin embargo, refiere que también hay riesgos extraterritoriales.

“Quienes estamos fuera también hemos experimentado actos de asedio y vigilancia por parte de fuerzas estatales o de fuerzas instaladas fuera del territorio nicaragüense para perseguir y amedrentar a defensores. Además, la desnacionalización impuesta por las autoridades afectó a más de 317 personas que en su gran mayoría se encuentran fuera de Nicaragua,” dijo Flores.

“Para que podamos volver a Nicaragua, necesitaríamos tener un país que logre cumplir con sus obligaciones internacionales, que logre iniciar un proceso no solamente de diálogo con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, sino que también muestre evidencia de que va a democratizarse el país y a respetarse los derechos humanos”, dijo Flores.

Para Flores, algunas de estas evidencias pasan por permitir el retorno al país de organismos internacionales como ONU Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nuestro trabajo por quienes defienden los derechos humanos en el exilio

Flores afirmó que el impacto del trabajo de ONU Derechos Humanos para las personas defensoras de derechos humanos en el exilio ha sido vital para ella como defensora y para el movimiento de derechos humanos en su país.

“La Oficina Regional para América Central y el Caribe de ONU Derechos Humanos (ROCA) apoya la labor de las personas defensoras en el exilio ofreciéndoles asistencia técnica para facilitar su acceso a los mecanismos de derechos humanos de la ONU y la rendición de cuentas al nivel internacional, como por ejemplo la jurisdicción universal”, dijo Alberto Brunori, Representante en ROCA.

Gracias a sucesivas resoluciones aprobadas desde 2019, el Consejo de Derechos Humanos aborda la situación en Nicaragua en sus sesiones por medio de actualizaciones orales e informes escritos que presenta ONU Derechos Humanos.

Asimismo, en 2022, dicho Consejo promovió la creación de un órgano específico para promover la rendición de cuentas, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

De esta manera, ONU Derechos Humanos ha logrado que las violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo en Nicaragua sean conocidas por la comunidad internacional y apoya una solución a la crisis basada en los principios y estándares de derechos humanos.

“De igual forma, la Oficina ha promovido que los países de acogida ofrezcan a las personas defensoras que huyen de Nicaragua la protección que necesitan, así como que se les haga llegar el apoyo necesario para su trabajo”, dijo Brunori.

“Las personas defensoras que se ven obligadas a abandonar el país necesitan protección internacional para contar con un estatus legal seguro que les permita continuar promoviendo los derechos humanos sin temor a ser devueltos a Nicaragua”, dijo Brunori. “También necesitan que sus denuncias sobre situaciones de inseguridad en el exilio sean tenidas en cuenta. Su trabajo requiere de recursos económicos y también del apoyo político necesario que aseguren que su trabajo, sus análisis y sus propuestas de derechos humanos, sean tomadas en cuenta en las decisiones que se toman sobre Nicaragua en el ámbito internacional. Apoyar su labor es contribuir a un futuro más democrático y apegado a los derechos humanos en el país”.

Para Flores es fundamental que la comunidad internacional siga pendiente de Nicaragua.

“El trabajo en redes y el trabajo que puedan hacer otras organizaciones, acompañando a defensoras y defensores de derechos humanos se vuelve una acción por la vida, porque vivir no es solamente respirar y alimentarse, también vivir tiene que ser vivir plenamente, y esto tiene que ver con las condiciones psicológicas, mentales y físicas en las que podamos desarrollar nuestro trabajo”, dijo Flores.