"Durante muchos años, las Naciones Unidas se ha opuesto a la pena de muerte en cualquier circunstancia", afirmó Volker Türk, Jefe de Derechos Humanos. "Comparto esta postura con mi más firme convicción. En última instancia, se trata de la promesa de la Carta de las Naciones Unidas sobre los más altos niveles de protección de todos los seres humanos".

Türk participó en una mesa redonda sobre la cuestión de la pena de muerte durante el 52º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza).

Según Türk, hay claras evidencias de que la pena de muerte tiene poco o ningún efecto en la disuasión o la reducción de la delincuencia. Varios estudios han demostrado que los países que han abolido la pena de muerte han observado unos índices de homicidio sin cambios o incluso más bajos, añadió.

Türk agregó que la pena de muerte también discrimina a las minorías raciales, étnicas, lingüísticas y religiosas, así como a la comunidad LGBTIQ+.

"La existencia de la pena de muerte en los países que la mantienen —así como la amenaza de su aplicación— puede desviarse a fines indebidos, como infundir miedo, reprimir a la oposición y suprimir el ejercicio legítimo de las libertades", afirmó.

Según Idrissa Sow, presidente del Grupo de trabajo sobre la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y las desapariciones forzadas en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la región africana se esfuerza por desprenderse de esta reliquia. Recientemente, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Zambia han abolido la pena de muerte para todos los delitos.

Según Sow, existe una tendencia abolicionista en el continente, y 26 países han optado por abolir la pena de muerte por completo.

[La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a través de su Grupo de trabajo sobre la pena de muerte] exhorta continuamente a los Estados que aún no lo hayan hecho a que limiten la aplicación de la pena de muerte solo a los delitos más graves y a que consideren establecer una moratoria de las ejecuciones a la espera de que se estudie la abolición de la pena de muerte", explicó Sow.

Otros países, como Malasia, también están trabajando para abolir la imposición obligatoria de la pena de muerte. Es una tarea difícil ya que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas malayos la apoyan al considerarse un elemento disuasorio de los delitos, según Azalina Othman Said, ministra de Derecho y Reforma Institucional de Malasia. En la actualidad, once delitos conllevan la pena de muerte obligatoria en Malasia, como el asesinato, el terrorismo y librar una guerra contra el país.

Según Said, Malasia a día de hoy considera que la abolición de la pena de muerte obligatoria supone un equilibrio entre el bien y el mal.

José Manuel Santos Pais, miembro del Comité de Derechos Humanos, afirmó que en caso de que la pena de muerte deba imponerse, solo debe aplicarse para los delitos más graves. Deben excluirse los delitos que no sean de extrema gravedad ni impliquen un asesinato intencionado, como los delitos de corrupción y drogas.

"Los Estados Partes [[del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] deben revisar sus leyes penales, revocar las condenas a muerte dictadas por delitos que no se consideren los más graves y seguir los procedimientos jurídicos necesarios para cambiar las condenas de las personas condenadas por esos delitos", afirmó.

Algunos participantes cuestionaron si la pena de muerte debería aplicarse incluso a los delitos más graves. Mai Sato, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Monash, directora de Eleos Justice y directora adjunta de Crime Info, creció en un país donde la pena de muerte se aplica a delitos graves, como el asesinato, y se considera una vía importante para que las familias de las víctimas reclamen justicia. Mientras crecía, nunca dudó de la existencia o la necesidad de la pena de muerte.

"Pero tras haber pasado las dos últimas décadas en países sin pena de muerte, mis sentimientos sobre lo que constituye la justicia han cambiado, así como mi comprensión de las funciones sociales y políticas que cumple la pena de muerte", aclaró.

Sarah Belal, directora ejecutiva de Justice Project Pakistan, subrayó la importancia de que los países trabajen unidos para abolir la pena de muerte.

"Desde 2020, ha habido un descenso del 15 por ciento en el número de paquistaníes encarcelados en el extranjero, lo cual se logró gracias a litigios estratégicos, acuerdos de traslado de presos y mayores esfuerzos diplomáticos para socorrer a los ciudadanos y ciudadanas paquistaníes en el extranjero", señaló. "Estos resultados demuestran lo que se puede conseguir mediante un compromiso estratégico internacional y nacional que anime a los Estados Miembros a cumplir con la normativa sobre los delitos más graves, y de la importancia de valorar los pasos graduales que dan en este camino hacia el cumplimiento y hacia la abolición".

En Pakistán se están observando avances a favor de la abolición, como la votación histórica de la Asamblea General en la cual 125 países votaron a favor de una resolución en la que se pide una moratoria mundial sobre el uso de la pena de muerte, con vistas a acabar definitivamente con ella.

Türk afirmó que varios países están dando pasos en la dirección correcta y reiteró que hasta que todas las naciones no supriman la pena de muerte, el camino hacia la defensa de la dignidad humana nunca llegará a recorrerse por completo.

"Si mantenemos el impulso del momento para erradicar este castigo inhumano de una vez por todas, podremos volver a tejer un hilo de dignidad en el tejido de nuestras sociedades", concluyó Türk.