Sierra Leona: Las recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos contribuyen a la abolición de la pena de muerte
21 julio 2022
El 23 de julio de 2021, un grupo de mujeres se sentó expectante entre el público del Parlamento de Sierra Leona, para ser testigos de una decisión que cambiaría sus vidas. Ese fue el día en que los legisladores votaron de forma unánime para abolir la pena capital.
«Estoy tan contenta de ver cómo la pena capital queda abolida,» declaró Mary*, una de las mujeres sentadas en el público.
Otros tildaron esta decisión de histórica, a la vez que aseguraban que ayudaría a que las mujeres reunieran el valor para salir de prisión ademas de traer la felicidad para aquellas mujeres que tendrían sus penas de muertes conmutadas ahora por la cadena perpetua.
Las mujeres eran todas antiguas prisioneras del corredor de la muerte, y cuyos casos habían recibido el apoyo de AdvocAid, una ONG de Sierra Leona que ofrece ayuda legal a las mujeres detenidas.
«Nos aseguramos de que muchas de las clientas a las que representamos pudieran asistir a esta votación y fueran testigos de la abolición,» explicó Rhiannon Davis, quien era la directora ejecutiva de AdvocAid en ese momento.
«Para nosotras como activistas, la abolición representa un enorme avance.»
La abolición de la pena de muerte en Sierra Leona es el resultado de décadas de trabajo por parte de ONGs como AdvocAid, así como por la comisión de derechos humanos del país.
Esta labor fue apoyada por las continuas recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, el cual examina el historial de derechos humanos de cada Estado Miembro de las Naciones Unidas.
«Estoy convencido de que Sierra Leona representa un ejemplo inspirador de cómo el mecanismo del EPU, con el apoyo importante de interesados nacionales y de asociados para el desarrollo, puede respaldar de forma eficaz cambios concretos en la legislación y en la práctica a nivel de país los cuales afiancen el sistema nacional de protección de derechos humanos a la vez que garantiza la prevención y el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,» señaló Gianni Magazzeni, Jefe de la Sección del EPU en Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
«Usando todas las herramientas que teníamos a nuestra disposición»
Nadie había sido ejecutado en Sierra Leona desde 1998, pero casi 90 personas se encontraban en el corredor de la muerte en 2020.
En sus 15 años de existencia, AdvocAid consiguió la liberación de seis mujeres y tres hombres quienes habían sido sentenciados a penas de muerte.
Pero la organización no limitó su campaña a actividades sobre el terreno en Sierra Leona.
Juntamente con el Vance Center, otra ONG en contra de la pena capital, también participó en el EPU.
«Para nosotros, se trataba de utilizar todas las herramientas que teníamos a nuestro alcance para defender nuestra causa directamente con el gobierno pero también intentar hacer partícipes a la comunidad internacional y hacer ver de verdad que esta petición de abolición no venía impuesta desde fuera de Sierra Leona,» explicó la Sra. Davis.
Entonces se realizó el primer EPU de Sierra Leona en 2011, un examen cíclico de la situación de derechos humanos de cada Estado Miembro de las Naciones Unidas, realizado por otros Estados Miembros, donde cerca de 13 Estados encargados de la revisión ya recomendaron la abolición de la pena de muerte.
Un recordatorio de las obligaciones del gobierno en virtud de los tratados internacionales
La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona (HRCSL), la institución en el país encargada de los derechos humanos, también contribuyó con alegaciones por escrito en favor de la abolición de la pena capital, incluidas en el EPU con el fin de recordar al gobierno sus obligaciones en virtud de tratados internacionales de derechos humanos.
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Queríamos asegurarnos de que si Sierra Leona suscribía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual protege el derecho a la vida, este hecho debería quedar reflejado en las leyes que tenemos.
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Simitie Lavaly, una de las cinco comisionadas de HRCSL
La sociedad civil y los Estados Miembros no fueron los únicos participantes que presionaron en favor de la abolición en Sierra Leona a través del EPU. Durante la década pasada, distintos organismos de las Naciones Unidas también alentaron al gobierno a derogar la pena capital mediante información que enviaban a los Estados Miembros encargados del examen.
Durante el primer EPU en Sierra Leona en 2011, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recomendó la abolición de la pena capital en el país. En 2014, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, dos órganos de las Naciones Unidas compuestos por expertos independientes los cuales supervisan la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes respectivamente, emitieron recomendaciones similares que se incluyeron en el segundo EPU en 2016. Para el tercer EPU en 2021, el equipo de las Naciones Unidas en el país en Sierra Leona presentó su petición al gobierno para que "llevara a cabo todos los pasos necesarios para abolir la pena capital."
2021: un año crítico para la reforma
Tras el primer y segundo EPU realizados, Sierra Leona aceptó todas las recomendaciones para abolir la pena capital. No obstante, después de una década de suscribir compromisos, el tercer EPU de 2021 demostró ser el decisivo.
"Nos habíamos comprometido por mucho tiempo con introducir la abolición," aseguró Allieu Vandy, un asesor superior estatal en el Ministerio de Justicia. "Ahora no podíamos presentarnos en el EPU y decir: 'Seguimos analizando el proceso' y no llevarlo a cabo."
El 17 de diciembre de 2020, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, dejó claro el firme propósito del gobierno de abolir la pena capital y dió instrucciones a su gobierno para que comenzara el proceso. En los meses anteriores a su tercer EPU, funcionarios de Sierra Leona pertenecientes a los ministerios de justicia y de asuntos exteriores prepararon al detalle el examen mediante talleres con el apoyo del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Aplicación del Examen Periódico Universal.
"Resultaba muy importante que tuviéramos claro ciertas ideas," añadió Vandy, quien representó al ministerio de justicia en estos talleres.
El Fondo ofrece ayuda económica y técnica a los países para aplicar las recomendaciones del EPU. Esta ayuda se lleva a cabo usando un amplia variedad de maneras. En el caso de Sierra Leona, el Fondo ofreció su apoyo para la organización y realización de reuniones y talleres con una variedad de partes interesadas para preparar el tercer informe del país y su aparición ante el EPU.
Posteriormente, durante el proceso del tercer EPU de Sierra Leona, el entonces Ministro de Justicia Anthony Yeiwoh Brewah anunció que el gobierno había aprobado la tan esperada reforma.
El 23 de julio de 2021, los parlamentarios de Sierra Leona votaron de forma unánime para abolir la pena capital y sustituirla por la cadena perpetua o por una pena de prisión no inferior a 30 años.
"Llevamos a cabo todos estos pasos en los 72 días posteriores a nuestro tercer EPU," explicó Brewah.
Sierra Leona tardó casi un cuarto de siglo desde las últimas medidas hasta la abolición formal de la pena capital, así como tres EPUs durante una década completa. No obstante, Sierra Leona también sirve como prueba viviente de que la abolición de la pena capital puede realizarse gracias a las recomendaciones de varios interesados incluso en países que han experimentando un conflicto armado reciente.
"Sierra Leona no volverá a ejecutar a ninguna persona por la razón que sea," afirmó Brewah.
Esta es una promesa con la que contarán Mary* y otras personas anteriormente encarceladas en el corredor de la muerte, a la vez que reconstruyen sus vidas.
* Se han cambiado los nombres para proteger la identidad.