Las organizaciones de la sociedad civil del Chad han estado en primera línea de la promoción por la abolición de la pena de muerte

Chad, al decidir poner fin a la pena de muerte por delitos de terrorismo en mayo de 2020, se ha unido a 170 Estados del mundo que han abolido la pena de muerte en su legislación, o que no realizan ejecuciones.

A finales de abril de 2020, los 155 miembros de la Asamblea Nacional del Chad adoptaron una enmienda a la ley 003/PR/2020, la denominada ley "anti-terrorista", para eliminar una disposición que mantenía la pena capital por delitos de terrorismo. La revisión permitió a Chad abolir por completo la pena capital, después de que la Asamblea Nacional hubiera promulgado un código penal en 2017 que abolía la pena de muerte por delitos comunes.

El inicio de una tarea ardua, pero exitosa

La abolición se obtuvo tras un esfuerzo firme y coordinado, según describió Salomon Nodjitoloum de la ONG Action Chrétienne pour l'abolition de la torture (Acción Cristiana pro Abolición de la Tortura, ACAT), un miembro de la coalición de la sociedad civil que luchó por la enmienda de la ley "antiterrorista" durante los últimos cinco años.

"Desde 2016, habíamos realizado numerosos esfuerzos por la cuestión de la pena de muerte y cuando se abolió por fin, personalmente me pareció bien", afirmó Salomon. "Los instrumentos ratificados por Chad disponen que todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida y que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente".

Chad había dejado en suspenso la pena de muerte desde 2003. En 2014, el gobierno había anunciado su intención de abolirla. Sin embargo, en junio y julio de 2015, la capital del país, N'Djamena, fue el escenario de varios ataques terroristas y en agosto, Chad había reinstaurado la pena de muerte por delitos de terrorismo (Ley 034/PR/2015).

Nodjitoloum mencionó que, para los abolicionistas, la cuestión más preocupante de la ley "antiterrorista" era que solo preveía la pena capital para los que cometieran un acto de terrorismo, terrorismo financiado, o reclutaran y entrenaran a personas para participar en actos de terrorismo.

Casi un año después de los ataques, los participantes, durante un taller organizado por la Federación Internacional de ACAT para debatir la pena de muerte con los generadores de opinión, tuvieron conocimiento de un proyecto de ley para abolir la pena capital por delitos comunes que el gobierno había remitido a la Asamblea Nacional para su aprobación.

"El gobierno se encontraba en la siguiente situación: aboliendo la pena de muerte por delitos comunes y examinando la cuestión de mantenerla como castigo por los delitos de terrorismo", recordó Nodjitoloum. "Los miembros de la Asamblea Nacional optaron por abolir la pena de muerte en el Código Civil en 2017, pero mantuvieron la Ley 034/PR/2015 que regula los actos de terrorismo".

La sociedad civil en primera línea

Se necesitaron tres meses para que los autores de los ataques de N'Djamena fueran sentenciados a muerte y ejecutados públicamente en octubre de 2015. La coalición de la sociedad civil, sin embargo, se mantuvo firme en su determinación y siguió con sus actividades de promoción con el gobierno, explicando que la pena de muerte no disuade a los terroristas.

"El Ministro de Justicia chadiano nos informó públicamente, en el Congreso regional contra la pena de muerte en Abidjan en abril de 2018, que Chad confiaba en revisar la ley 'antiterrorista' a fin de abolir por completo la pena de muerte", declaró Nodjitoloum. "Le tomamos la palabra al Ministro".

El Ministro de Justicia organizó un taller para revisar la ley "antiterrorista" en febrero de 2019, después de varias peticiones por parte de las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos (2014) y un compromiso realizado por el gobierno en el contexto del Examen periódico universal.

El texto que adoptó la Asamblea Nacional del Chad en abril de 2020 se redactó durante ese taller.Posteriormente, lo promulgó el Presidente Idriss Déby Itno el 20 de mayo.

Yendo más allá

El artículo 35 del texto recientemente aprobado dispone que los sospechosos de terrorismo, en el momento de su comparecencia, deberían disponer de un certificado médico que acredite su integridad física y psicológica. Con este artículo, la coalición de la sociedad civil y el gobierno pretendían evitar la tortura y el maltrato contra los sospechosos de terrorismo.

Nodjitoloum mencionó que en abril de 2020, apenas unas semanas antes de la aprobación de la nueva ley, 58 presuntos terroristas fueron arrestados y trasladados del Chad occidental a la capital, donde permanecieron detenidos. Cuarenta y cuatro murieron en circunstancias poco claras. Estas muertes continúan siendo objeto de investigación.

"Los terroristas pueden ser detenidos en las provincias, a cientos o incluso a miles de kilómetros, y traídos a N'Djamena para presentarles ante el fiscal. A menudo, estos detenidos han sufrido torturas durante su arresto e incluso durante el traslado", aseveró Nodjitoloum.

"Así que pensamos que precisaríamos de un médico que examinara a los detenidos para que el fiscal hiciera una valoración correcta de la cuestión y antes de comparecer ante el juez", añadió.

Una "buena decisión"

Nodjitoloum escuchó las noticias de la abolición cuando los medios de comunicación contactaron con él en busca de una declaración.

"Me sentí orgulloso del trabajo bien hecho en aquel momento. Reconozco que Chad ha perdido muchas vidas a causa del terrorismo.

Sin embargo, me hubiera gustado ver a los [[autores] juzgados y condenados, y detenidos en cárceles seguras donde hubieran tenido tiempo para reflexionar y arrepentirse de sus actos", aseguró. "Creo que a veces protegemos a los verdaderos autores al usar la pena de muerte. Porque nada garantiza que los terroristas que son arrestados sean los auténticos responsables; y aquellos que financian estos actos, los que están detrás de estos jóvenes, aún están actuando", añadió.

Según Nodjitoloum, la pena de muerte no resuelve la cuestión del terrorismo y su abolición fue una buena decisión.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Chad también acogió la promulgación de la nueva ley.

"La abolición de la pena de muerte por delitos de terrorismo se integra en las recomendaciones relevantes que Chad aceptó durante su Examen periódico universal en 2019", explicó Flaminia Minelli, Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora de la Oficina en Chad.

"Seguimos apoyando los esfuerzos del gobierno chadiano por promocionar y proteger los derechos humanos, y estamos dispuestos a seguir colaborando con las autoridades, incluso garantizar la conformidad de la legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos aplicables", agregó. "Alentamos a Chad a que ahora ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte''.

9 de octubre de 2020