Cuando era una niña de 10 años en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, Elisa Loncon debía andar una hora por un camino de tierra y barro para llegar desde su casa a la escuela, y otra hora más para cubrir el trayecto de vuelta. A veces pasaba un autobús, lo que hacía más fácil el recorrido de ocho kilómetros. Pese a las dificultades, Loncon dice que se consideraba afortunada; ella tenía zapatos, mientras que su madre caminaba descalza.

Loncon, que pertenece al pueblo indígena mapuche, fue elegida primera presidenta de la convención constitucional de Chile, el órganoencargado de redactar la nueva Constitución del país.

“Nunca antes se había invitado a las comunidades indígenas de Chile a redactar una nueva Constitución”, afirmó Loncon, quien para mantener a su familia vendía verduras en un mercado local. Más tarde, Loncon llegaría a ser doctora en Lingüística y académica de la Universidad de Santiago de Chile.

“Por primera vez en nuestra historia, chilenos de todas las condiciones y de todos los grupos políticos participan en un diálogo democrático”.

El proceso constitucional de Chile representa un momento clave de definición política en la nación suramericana. El borrador de la nueva Constitución, elaborado por una convención paritaria, compuesta por igual número de mujeres y de hombres, consolida los derechos humanos y los valores con miras a lograr una sociedad más igualitaria e inclusiva, con especial atención a los grupos históricamente marginados y a la protección de los derechos económicos y sociales.

El proceso constitucional ha contadocon la asistencia de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mediante el proyecto “Chile: los derechos humanos al centro de la nueva Constitución”, la ayuda ha incluido seminarios en Internet, audiencias públicas con las diferentes comisiones de la convención constitucional y con grupos de la sociedad civil, así como la publicación de una serie de documentos breves, claros y accesibles que resumen el marco internacional de los derechos humanos.

Los 27 documentos del proyecto se enfocan en derechos específicos, prohibiciones y grupos especialmente vulnerables, como por ejemplo el acceso a la justicia, el derecho a la reparación o los derechos humanos de las mujeres, los grupos afrodescendientes y las personas LGBTI.

Jan Jarab, representante del ACNUDH para América del Sur, considera que el borrador de la nueva constitución chilena incorpora la normativa del derecho internacional en materia de derechos humanos.

Una constitución nacida de un “estallido social”

El proceso constitucional es fruto de un amplio acuerdo político nacional para poner fin a una ola de protestas populares contra la desigualdad y los deficientes servicios públicos, que estalló en octubre de 2019. Millones de chilenos llenaron las calles y plazas públicas del país para exigir un cambio.

Conocido como el estallido social, las protestas supusieron un clamor en pro de más justicia y más dignidad para todas las personas, así como una denuncia de las profundas desigualdades económicas y sociales. Un año después de que comenzaran las protestas, los chilenos votaron abrumadoramente a favor de redactar una nueva Constitución, y en una votación posterior eligieron a los 155 representantes de la convención constitucional.

Marcela Guillibrand, de la ONG Ahora Nos Toca Participar, aseguró que la nueva Constitución ofrece a Chile una oportunidad de superar las injusticias estructurales, reafirmar su compromiso con los derechos humanos y trazar un camino hacia un desarrollo sostenible e inclusivo que no deje a nadie rezagado.

“En materia de igualdad y derechos humanos, el proyecto representa un enorme paso adelante e incluye muchos de los cambios profundos que los chilenos venimos exigiendo desde hace años”.

Participación democrática

El proceso constitucional es inédito por sus mecanismos de inclusión, que han permitido la participación de comunidades históricamente discriminadas, comentó Valentina Contreras, representante chilena de la ONG Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR por sus siglas en inglés).

Para Contreras, el proceso constitucional es el resultado de un diálogo amplio y diverso dentro de la convención constitucional. Entre otros aspectos, el borrador de la nueva Constitución consagra la autonomía de los territorios indígenas, amplía los derechos medioambientales y convierte la lucha contra el cambio climático en un deber constitucional del Estado.

“Los derechos humanos son el hilo conductor del proceso constitucional”, destacó Contreras.

Los derechos de los pueblos indígenas se incorporan por primera vez en el borrador de la nueva Constitución, dijo Loncon. Esos derechos no están reconocidos en la carta magna actual. De los 155 escaños de la convención constitucional, 17 estuvieron reservados para los pueblos indígenas.

Según Loncon, el proceso constitucional es una oportunidad única en Chile para saldar una deuda histórica con las comunidades indígenas y establecer un nuevo contrato social basado en la convivencia respetuosa de los diferentes grupos nacionales y culturales del país.

Un referéndum nacional está previsto para el 4 de septiembre en el que todos los chilenos serán llamados a votar por la nueva Ley Suprema. De aprobarse, la nueva Constitución reemplazaría la actual carta magna, redactada en 1980 bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), pero que ha sufrido varios cambios.

“La esperanza está regresando al ser humano”, dijo Loncon. “Lo que estamos viendo es un sueño humano”.