Antecedentes

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, invita a los Estados Miembros, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras instituciones estatales pertinentes, las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil, los académicos, los activistas y otras personas y organizaciones interesadas a proporcionar aportaciones por escrito para su próximo informe temático sobre la influencia indebida de los agentes económicos en los sistemas judiciales. El informe se presentará en el 79° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2024.

Objetivos

Interlocutores de países de todo el mundo, incluidos jueces, abogados y organizaciones de la sociedad civil, han expresado su preocupación por el hecho de que actores privados y empresas adineradas intenten ejercer una influencia indebida sobre los jueces y los sistemas de justicia. En respuesta, el próximo informe de la Relatora Especial examinará las acciones emprendidas por corporaciones, grupos de interés económico o individuos adinerados que corren el riesgo de socavar la independencia de los jueces o el funcionamiento del sistema de justicia en el interés público. El informe también examinará medidas y recomendaciones para salvaguardar a los jueces y a los sistemas judiciales de dicha influencia indebida.

Los ejemplos del impacto de los actores económicos sobre la independencia judicial pueden ir desde intentos directos y explícitos de influir financieramente sobre los jueces, hasta arreglos que proporcionan acceso o posibilidades de aportar extraordinarias a grupos o individuos económicamente poderosos en momentos clave de la carrera judicial. Aun cuando los actores económicos no influyan realmente en la toma de decisiones judiciales, es necesario considerar la percepción de que pueden hacerlo, a fin de aislar a los jueces de acusaciones de parcialidad y mantener la confianza en la legitimidad del poder judicial.

Entre los ejemplos de agentes económicos que distorsionan el funcionamiento del sistema judicial cabe citar el uso por parte de empresas de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs) no meritorias para reprimir el activismo en favor de los derechos humanos, la financiación de anuncios que atacan el carácter de los jueces propuestos, o el desvío de litigios de gran valor relativos a servicios públicos o bienes públicos hacia sistemas privados de arbitraje, negando a las personas y a los Estados el derecho a ser oídos por un tribunal independiente en la determinación de sus derechos y obligaciones.

Las contribuciones ayudarán a la Relatora Especial a formarse una opinión y una comprensión de los problemas. Su informe final incluirá recomendaciones pertinentes y viables para los Estados miembros y otras partes interesadas, y estará disponible en su sitio web y otros canales.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

Todas las contribuciones son bienvenidas y los temas que figuran a continuación no son exhaustivos. Sin embargo, la Relatora Especial agradecería comentarios que aborden uno o más de los siguientes temas. Está especialmente interesada en recibir propuestas que adopten un enfoque interseccional, de género y decolonial.

En su Estado o en los Estados o regiones en los que trabaja:

1. ¿Considera que existe el riesgo de que las empresas, los grupos de interés económico o las personas adineradas socaven la independencia de los jueces o la medida en que el sistema judicial puede funcionar en interés público? ¿Qué formas adopta este riesgo?
2. ¿Ha visto investigaciones o pruebas que demuestren que los actores económicos (y no los políticos) ofrecen a los jueces beneficios a cambio de los resultados deseados? ¿Existe la percepción de que los jueces participan en tales actos?
3. ¿Existen investigaciones o pruebas que demuestren que las empresas, los grupos de interés económico o las personas adineradas desempeñan un papel inadecuado en la selección y promoción de los jueces?
4. ¿Existen investigaciones o pruebas que demuestren que los jueces están indebidamente motivados de forma que socava su independencia, o se percibe que están indebidamente motivados, por incentivos relacionados con sus perspectivas profesionales tras su jubilación o salida de la judicatura?
5. ¿Se relacionan con frecuencia los jueces con empresas, grupos de interés económico o personas adineradas de una forma en la cual se corre el riesgo de socavar la independencia judicial, por ejemplo, en retiros privados de donantes o clubes de miembros en los que los actores privados adinerados tienen una oportunidad especial de mezclarse con los jueces?
6. ¿Están representadas las personas de comunidades desfavorecidas o marginadas en todos los niveles de la judicatura? En caso negativo, ¿se enfrentan estas comunidades a obstáculos para su nombramiento o promoción, por ejemplo, la falta de acceso a determinadas universidades, redes sociales u oportunidades profesionales? ¿Existen pruebas o investigaciones de que el estatus socioeconómico de los jueces y su formación profesional o educativa influyen en la percepción pública del poder judicial como una institución inclusiva, independiente, imparcial y justa?
7. ¿Qué medidas recomienda para salvaguardar a los jueces de la captura económica, o de la percepción de captura económica? ¿Son adecuadas para la tarea las declaraciones de información financiera, patrimonial y empresarial? ¿Cuál es el papel de los códigos éticos y las normas relativas a la recusación y el conflicto de intereses en la prevención de esta forma de captura?
8. ¿Conoce el uso de SLAPPs por parte de actores privados para reprimir la defensa de asuntos de interés público? ¿Qué medidas pueden tomarse para disuadir las SLAPPs o limitar su impacto perjudicial? ¿Están los intereses económicos distorsionando los sistemas judiciales de otras maneras, como por ejemplo a través de la financiación de litigios?
9. ¿Conoce ejemplos de actores empresariales transnacionales y sus asesores jurídicos que hayan impulsado la creación de nuevos procesos de resolución de conflictos o marcos de acceso a reparación que socaven la protección de los derechos humanos? Por ejemplo, la creación de mecanismos de reclamación para megaproyectos que desvían las demandas de los tribunales nacionales a procesos de recurso privatizados.
10. ¿Existen investigaciones o pruebas que demuestren que los agentes económicos promueven y controlan los sistemas de arbitraje, negando a las personas y a los Estados el acceso a tribunales independientes para determinar sus derechos y obligaciones?
11. ¿Hay alguna cuestión adicional que desee plantear a la Relatora Especial en este contexto?

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¿Cómo se utilizarán las contribuciones?

Envíe su insumo por correo electrónico a hrc-sr-independencejl@un.org a más tardar el 14 de junio de 2024, con el asunto: Contribución al informe para el UNGA 79.

Se pide a los participantes que limiten sus contribuciones, en inglés, francés o español, a un máximo de 2.500 palabras, incluyendo ejemplos. Los materiales de apoyo adicionales, como informes, estudios académicos y otros materiales de referencia pueden enlazarse en el cuerpo de la presentación o adjuntarse a la misma.

Las contribuciones se harán públicas en el sitio web de la Relatora Especial en el momento en que se publique el informe.

La Relatora Especial agradece enormemente el esfuerzo que supone realizar estas contribuciones y espera leer todas las presentaciones.

Por favor, no duden en difundir ampliamente esta convocatoria de aportaciones en sus redes.