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Acerca

El estado de derecho es fundamental para la paz internacional, la seguridad y la estabilidad política; ayuda a conseguir avances económicos y sociales, y ayuda a proteger derechos y libertades de las personas. Es esencial para que las personas tengan acceso a los servicios públicos, para frenar la corrupción, para limitar el abuso de poder, y para crear el contrato social entre las personas y el Estado.

Jueces, fiscales y abogados son víctimas de ataques y violaciones de sus derechos, que incluyen amenazas, interferencias externas a la hora de realizar sus actividades profesionales, detenciones arbitrarias, persecuciones y asesinatos. Estos ataques amenazan la imparcialidad e independencia del poder judicial y de la profesión jurídica.

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley tienen la autoridad para usar la fuerza con el fin de lograr un objetivo legítimo de aplicación de la ley. No obstante, esta autoridad puede ser mal utilizada. Para prevenir el uso abusivo de la fuerza y la violación de derechos humanos en la aplicación de la ley, los Estados deben cumplir un marco legislativo, sumado a orientación y formación.

Nuestra labor

Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha abogado sistemáticamente para que las fuerzas de seguridad de todos los Estados cumplan con normas internacionales con el fin de prevenir el uso indebido de la fuerza, incluyendo el uso indebido de armas menos letales por la policía.

Además de esta defensa, nuestro trabajo se extiende a la creación de capacidad, la revisión de legislación y manuales, y la formación. Celebramos presentaciones y eventos de forma regular sobre el marco legal internacional actual, sobre el uso debido de armas menos letales y de municiones, además de colaborar con fuerzas de seguridad.

Obtenga más información sobre nuestra labor sobre aplicación de la ley y derechos humanos

Quién más participa

Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

Este mandato fue creado en 1994 con el fin de registrar los ataques a la independencia de jueces, abogados y fiscales, supervisar los avances conseguidos en la protección y mejora de su independencia, así como identificar formas de mejorar la imparcialidad de la profesión legal.

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