La "impunidad endémica" afecta a la libertad de protesta

"Cientos de activistas y manifestantes han sido víctimas de detención arbitraria, torturas, violencia sexual y de género, desaparición forzada y asesinato", declaró Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. "Las víctimas rara vez han obtenido justicia, mientras que los autores siguen libres de la acción procesal y están facultados para seguir reprimiendo estos derechos con libertad".

En su último informe al Consejo de Derechos Humanos, Voule puso de relieve el aumento de la represión y las graves violaciones de derechos humanos contra manifestantes y activistas en todo el mundo, y exigió medidas urgentes y estrictas de rendición de cuentas para romper el ciclo.

Según Voule, a las víctimas de violaciones de derechos humanos se les ha negado la justicia mientras que los responsables se han aprovechado de la ausencia de rendición de cuentas por sus delitos, lo que ha contribuido a la recurrencia e intensificación de dichas violaciones.

"La impunidad endémica de las violaciones graves de derechos humanos ha generado ciclos de represión. Una y otra vez vemos que cuando el espacio cívico se ve amenazado, surgen el autoritarismo y los conflictos", señaló Voule.

En su informe, Voule reveló que cientos de personas han sufrido lesiones y discapacidades que les han cambiado la vida como consecuencia del uso indebido o abuso de "armas menos mortíferas" durante las protestas, y que las víctimas a menudo se encontraban con obstáculos para obtener compensaciones. Entre estos figuran la falta generalizada de voluntad política de los Estados para garantizar la rendición de cuentas por los abusos; una política de negación y el uso indebido de leyes ambiguas y restrictivas para justificar el uso excesivo de la fuerza, castigar, penalizar y detener a las víctimas; y el hecho de que algunos Estados hayan obstaculizado la rendición de cuentas y eludido responsabilidades al socavar la independencia de los sistemas nacionales de justicia penal.

Voule destacó que los Estados deben centrarse en investigar, enjuiciar y condenar a los responsables en vez de atacar a activistas y manifestantes. "Garantizar la rendición de cuentas por las violaciones cometidas contra personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación es parte integrante de la responsabilidad que tienen los Estados de respetar, proteger y posibilitar esos derechos", explicó.

El experto exhortó también a los Estados a que adopten un enfoque general, centrado en las víctimas y con perspectiva de género en relación con la rendición de cuentas. Además, señaló que es su responsabilidad atender las necesidades de las víctimas, proporcionar reparaciones y garantizar la no recurrencia de las violaciones de derechos humanos, y advirtió de que las reparaciones no deben emplearse para eludir la rendición de cuentas, sino para complementar los procesamientos judiciales.

Voule también pidió el reconocimiento y la garantía del papel central de víctimas, supervivientes, sus representantes y la sociedad civil mediante el diseño y la implantación de procesos de rendición de cuentas nacionales e internacionales.

Aunque el experto reconoce la función primordial de los Estados a la hora de exigir responsabilidades a los responsables, también pidió a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Derechos Humanos, que intervenga cuando los Estados no garanticen la rendición de cuentas en el caso de víctimas de violaciones graves de los derechos de reunión pacífica y de asociación.

"La comunidad internacional debe apoyar las iniciativas relativas a la rendición de cuentas, incluso encargar a comisiones internacionales de investigación la preparación y presentación de casos sobre presuntos autores ante mecanismos de justicia nacionales e internacionales", afirmó. "Los Estados deben hacer pleno uso de la jurisdicción universal en estos casos".