En 2013, la familia Trujillo Herrera, a pesar de tener serias restricciones económicas, creó el colectivo “Familiares en Búsqueda María Herrera” y lanzó la “Red Enlaces Nacionales”, que actualmente agrupa a 190 colectivos de todo el país.

“Primero nos empezamos a reunir en un parquecito porque no teníamos dónde”, dijo Herrera Magdaleno. “Ahora nos acaban de facilitar un espacio donde caben unas 3,000 personas o más”.

La organización en colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México ha crecido exponencialmente en los últimos 15 años, junto con el universo de casos de personas desaparecidas.

El registro oficial en México indica que actualmente hay 115,000 personas cuyo paradero se desconoce. Según la información oficial disponible, la mayor concentración de desapariciones se ha producido desde 2006 hasta la fecha, lo que coincide con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Un porcentaje menor se centra en las décadas de 1970 y 1980, durante la llamada “Guerra Sucia”, cuando las desapariciones forzadas fueron utilizadas como estrategia de represión contra disidentes políticos.

Según ONU Derechos Humanos, algunos de los principales retos son la impunidad generalizada, la deficiente capacidad institucional para buscar personas, la limitada coordinación y colaboración institucional, la inseguridad y los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos, incluidas las personas buscadoras, así como la crisis forense.  

“La ausencia de una política integral de seguridad basada en derechos humanos es uno de los mayores desafíos para la prevención de la conducta delictiva y la búsqueda e investigación efectivas,” dijo Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto de ONU Derechos Humanos en México.

En este contexto, la Oficina en México realiza un trabajo integral para avanzar en la lucha contra la desaparición de personas, que incluye, entre otras acciones, el acompañamiento a víctimas, familiares y colectivos; la asesoría técnica a autoridades e instituciones del Estado; la asistencia a organizaciones de la sociedad civil; el apoyo a la implementación de recomendaciones internacionales; y el incremento de la visibilidad, difusión y sensibilización de la problemática.

Desapariciones generalizadas, lucha colectiva

“En 2007 empezaron a llegar los primeros casos de mamás que decían ‘a mi hijo se lo llevaron, mi hijo no apareció’”, dijo Consuelo Morales Elizondo, defensora de derechos humanos y religiosa católica originaria del norte de México, estado de Nuevo León, y conocida cariñosamente como Hermana Consuelo. “Los primeros casos fueron de policías y empezamos a ver que la delincuencia organizada, aliada con las autoridades, estaba desapareciendo gente”.

Hace más de 30 años, Morales Elizondo fundó la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) en Monterrey, capital de Nuevo León.  

“La desaparición, desde mi punto de vista, no se puede dar sin la anuencia o complicidad de las autoridades y responde a intereses económicos y territoriales”, dijo Morales Elizondo. “Nuestros políticos de alguna manera se fueron dejando corromper, de tal manera que la delincuencia fue permeando instituciones del Estado”.

En 2007, la lucha de otra familia comenzó en el estado de Coahuila cuando Daniel Cantú Iris fue desaparecido.

“Daniel es un chico muy dicharachero, muy bailador, muy alegre”, dijo Diana Iris García, madre de Daniel, defensora de derechos humanos e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, México. “Le gustan mucho los deportes. Desde los diez años practicó el ciclismo y fue campeón nacional por Coahuila”. 

Iris García explicó que trabajar en colectivo significa caminar y pensar en colectivo. La búsqueda de las personas desaparecidas requiere del apoyo mutuo y del acompañamiento, tanto por las dificultades a las que se enfrentan en cuanto al acceso a la justicia, como por el dolor de no conocer el paradero de un ser amado, añadió.

Ante la ineficaz actuación del Gobierno, familias como las de Herrera Magdaleno e Iris García tomaron en sus manos hace más de una década la búsqueda de sus seres queridos, privilegiando la búsqueda en vida. 

Las personas buscadoras, que son en su mayoría mujeres, en los hechos se han convertido también en expertas forenses, identificando el tipo de suelo, la humedad, los olores. Además, reciben pistas, a menudo anónimas, sobre las posibles ubicaciones de cadáveres, y coordinan las búsquedas en campo y se apoyan mutuamente.

Los derechos humanos en acción

“ONU Derechos Humanos en México trae a la mesa credibilidad y una perspectiva consistente y constructiva que genera confianza en autoridades y víctimas,” dijo Peña Palacios. “Esto se refleja en la facilitación del diálogo o acercamiento entre estos actores, en donde se promueve la cooperación en entornos complejos, a fin de conseguir soluciones cooperativas e incidir en la mejora de las respuestas institucionales.” 

Algunos de los principales resultados a los que ha contribuido la ONU Derechos Humanos en México son el fortalecimiento del marco legal en materia de desapariciones y su implementación, el impulso a la creación de mecanismos de diálogo, la facilitación de las visitas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en 2011 y del Comité contra la Desaparición Forzada en 2021, así como el seguimiento a la implementación de sus recomendaciones y observaciones, y la visibilización de la lucha de las familias que buscan a sus seres queridos.

“La Oficina no nos ha dejado solos y para nosotros ha sido como legitimar nuestra lucha y un aliado fundamental en nuestras demandas,” dijo Iris García.

En la declaración sobre su visión estratégica “Los derechos humanos: un camino de soluciones”, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que es necesario abordar urgentemente la impunidad generalizada y que una buena gobernanza depende de que los responsables por violaciones de derechos humanos rindan cuentas.

“Más allá de la remediación individual, el acceso a la justicia juega un papel más amplio y crucial: prevenir que agravios no resueltos desaten inestabilidad y conflictividad,” dijo Türk. “Es interés de cada Estado invertir adecuadamente en instituciones que apoyen el Estado de Derecho.”

“La sociedad se tiene que solidarizar, porque a cualquiera le puede pasar, no queremos que le pase a nadie más. La justicia se tiene que construir y con ello la paz”, dijo Iris García.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas