El Parque había sido declarado área natural protegida por el gobierno en 2012. Sin embargo, a través de un proceso repleto de irregularidades documentado por ONU Derechos Humanos, en 2013 el área protegida fue reducida, lo cual a su vez permitió otorgar licencias a compañías para su explotación.

En respuesta a la contaminación del río, fue creado el Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol, con 42 integrantes, incluyendo a Zúniga y Cedillo.

“Empezamos a concientizar a la gente, a buscar respuestas de por qué nuestro río estaba contaminado. Empezamos las caminatas hacia la municipalidad, plantones en la municipalidad, toma de calles,” dijo Zúniga.

“El caso de la comunidad de Guapinol es emblemático por el grave impacto en los derechos humanos que ha generado un megaproyecto extractivo en el Parque Nacional Montaña de Botaderos ‘Carlos Escaleras Mejía’,” dijo Isabel Albaladejo Escribano, Representante de ONU Derechos Humanos en Honduras. “Las actividades extractivas han supuesto violaciones de derechos humanos de las comunidades afectadas y serios daños al medio ambiente y los recursos naturales.”

Además de los riesgos medioambientales, las personas que se manifestaron contra la explotación minera sufrieron agresiones. Treinta y dos personas defensoras fueron criminalizadas por ejercer pacíficamente sus derechos a la defensa de derechos humanos, a la libertad de expresión y a la asociación.

Luchar por la libertad

Los defensores Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz pasaron dos años y medio en prisión preventiva. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió una opinión en la que estableció que los defensores habían sido detenidos arbitrariamente.

“Estos compañeros estaban siendo encarcelados injustamente y para nosotros fue un cambio en nuestras vidas,” dijo Zúniga. “Asumí la responsabilidad de quedarme con mis hijas, pero también de seguir, pasar de ser una ama de casa a estar al frente y demostrar cómo están trabajando con actos de corrupción.”

“Era una lucha constante”, dijo. “Casi tres años de estar en juzgados, en el Ministerio Público en plantones, haciendo incidencia hasta que estos compañeros lograron salir. La lucha fortaleció el empoderamiento de las mujeres, también aquí en la comunidad.”

Mientras el Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol era honrado en Washington D.C. con el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt, los defensores estaban siendo atacados y vilipendiados en Honduras. Este Premio tiene el objetivo de reconocer a defensores de derechos humanos que luchan por los derechos económicos, sociales, culturales y civiles en las Américas.

“Pues para nosotros era difícil ser de un país donde nos violentan nuestro derecho, donde nos encarcelan y asesinan y que en otro país nos estén premiando,” dijo Zúniga.

Reivindicar el derecho a un medio ambiente sano

Durante este tiempo, ONU Derechos Humanos en Honduras acompañó a los defensores y a sus familias en su lucha por la justicia. Finalmente, en febrero de 2022, los defensores recuperaron su libertad.

“Lo primero que hice [al salir de la cárcel] fue dar las gracias a Dios y abrazar a familiares, amigos y todos aquellos que habían luchado por nosotros, porque había una multitud de gente afuera esperándonos, era una bomba en ese momento, nuestra libertad,” dijo Cedillo.

Pero la lucha no terminó con la libertad de los defensores. La empresa seguía operando y el agua seguía contaminándose. Además, tras la liberación, algunos defensores tuvieron que abandonar Guapinol por motivos de seguridad y fueron desplazados forzosamente.

A pesar de que el proceso judicial había terminado, las personas defensoras seguían enfrentando agresiones, como campañas de desprestigio, amenazas e incluso asesinatos.

Zúniga y Cedillo se quedaron en Guapinol y siguieron luchando por el derecho de su comunidad al medio ambiente sano y a un entorno seguro. La lucha continuó, pero ahora se trataba de recuperar la libertad del parque.

“ONU Derechos Humanos, en coordinación con las comunidades afectadas, ha instado varias acciones legales y de incidencia ante las autoridades competentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y ha brindado asesoría y asistencia técnica para resolver la problemática ambiental en la zona y las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades impactadas,” dijo Albaladejo Escribano.

Durante los últimos dos años, ONU Derechos Humanos ha trabajado colaborativamente con los defensores de Guapinol y proveyendo asistencia técnica al Congreso Nacional para la promulgación de una ley histórica: el Decreto Legislativo 18-2024.

Esta ley reestablece el trazado original del Parque Nacional y, además, asegura la protección efectiva de todas las áreas protegidas en Honduras prohibiendo el otorgamiento de derechos mineros en las áreas protegidas declaradas, las zonas productoras de agua declaradas, y en las playas y zonas de baja mar declaradas como de vocación turística. La ley fue recientemente aprobada y publicada.

“Para nosotros que hemos sostenido una lucha que ha traído desplazamientos forzosos, que ha venido a dejar tres muertos en esta comunidad, 32 compañeros criminalizados, ocho de ellos privados de libertad por 914 días, la aprobación de la ley es un gran logro,” dijo Zúniga. “Es un gran avance que este parque va a gozar de libertad.”

“Si bien con la aprobación de la ley la institucionalidad competente ha iniciado los procesos de cancelación de las concesiones mineras en la zona núcleo del Parque Nacional, no se puede negar que aún persisten retos y desafíos importantes para las comunidades, principalmente respecto a las personas defensoras del medio ambiente,” dijo Albaladejo Escribano.

Según ONU Derechos Humanos, uno de los principales desafíos respecto a la implementación de la ley es asegurar que los procesos de restauración y conservación del Parque Nacional y otras áreas protegidas afectadas por proyectos extractivos sean efectivos, y con la participación activa, libre, efectiva, informada y significativa de las comunidades afectadas.

La Oficina, a través de su presencia en Honduras, continuará asistiendo al Estado hondureño y acompañando a las comunidades afectadas para asegurar que la implementación del Decreto se haga de manera integral y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

“Todos los desafíos de derechos humanos que enfrentan las comunidades por los proyectos extractivos deben ser abordados,” dijo Albaladejo Escribano. “Asegurando la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales para la garantía del derecho humano a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, incluyendo como elemento fundamental para abordar los impactos del cambio climático en la población hondureña.”

Según Zúniga, el trabajo y acompañamiento de ONU Derechos Humanos en Honduras ha sido clave.

“Han sido parte de que este caso pues esté donde esté,” dijo Zúniga. “Han ayudado a que nuestro parque sea liberado. Estábamos ante un monstruo.”