El Comité de Derechos Humanos examina el progreso realizado por los Estados sobre sus recomendaciones

Este año, cuatro países han recibido altas calificaciones por su implementación de recomendaciones prioritarias seleccionadas por el Comité de Derechos Humanos.  Estos países son Noruega, Lituania, Angola y Bulgaria, quienes recibieron todos una calificación de “A” (altamente satisfactorio) en el examen de seguimiento del Comité.

El Comité de Derechos Humanos examina de forma periódica informes sobre la implementación de las obligaciones legales que tienen los países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, siglas en inglés). El Comité comenzó el proceso de seguimiento de la implementación de sus recomendaciones en 2001.

El Comité también señaló que en 2022, el 75 por ciento de los Estados que revisó habían llevado a cabo medidas para poner en práctica recomendaciones seleccionadas que fueron en su mayor parte o parcialmente satisfactorias. 

El ICCPR tiene el objetivo de asegurar la protección de una amplia gama de derechos políticos y civiles, según el cual los países que han ratificado el pacto se comprometen a respetar, proteger y cumplir con estos derechos que van desde el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica, entre otros. 

«El proceso de seguimiento a las observaciones finales confirma de forma constante que este forma una parte fundamental del ciclo del examen periódico en el cual el Comité entabla un diálogo constructivo con los Estados Partes del Pacto en diferentes fases,» declaró la anterior Vicepresidenta del Comité y Relatora Especial para el seguimiento de las observaciones finales Vasilka Sancin. «El proceso ofrece una oportunidad para centrar la atención y los recursos de forma especial en tres recomendaciones prioritarias seleccionadas, así como para proporcionar información pertinente al Comité la cual le permitirá evaluar de forma adecuada y oportuna los avances realizados.»

Las calificaciones se asignan a cada área de interés de las recomendaciones del Comité.  Estas calificaciones son:  'A' 'Altamente satisfactorio'; 'B' 'parcialmente satisfactorio'; 'C' 'no satisfactorio'; 'D' 'no se cooperó con el comité o no se recibió ningún informe de seguimiento'; y 'E' 'las medidas adoptadas como respuesta a la recomendación son contrarias a o reflejan un rechazo a la misma'. 

Noruega recibió una calificación de “A” por sus medidas destinadas a asegurar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo las enmiendas realizadas a la Ley por la Igualdad y contra la Discriminación, con el fin de combatir actitudes estereotípicas y discriminatorias, así como prácticas discriminatorias hacia personas Sami y pueblos Sami.

Lituania recibió una calificación de “A” por sus medidas para los derechos de migrantes y solicitantes de asilo, en especial en lo que se refiere a la mejoría de las condiciones de recepción en el Centro de Registro de Extranjeros.

El incremento de los flujos migratorios, ocasionado por múltiples factores repartidos por todo el planeta, supuso numerosos desafíos adicionales para los Estados Partes del Pacto, aseguró Sancin.  «Es por tanto verdaderamente encomiable que Lituania en 2019, reformara el Centro de Registro de Extranjeros, aumentara su capacidad, abriera un puesto de control y un albergue para solicitantes de asilo vulnerables además de crear puestos de trabajo adicionales para trabajadores sociales, psicólogos y personal médico en el Centro,» añadió ella.

A la vez que calificó las medidas de los Estados Parte con la calificación más alta de A, el Comité solicitó no obstante información a Lituania sobre la cuestión crucial del acceso a servicios sociales, psicológicos, de rehabilitación y de atención médica en el Centro, además de estadísticas sobre el número de beneficiarios de estos servicios durante el período que cubre el informe, explicó Sancin.

También se concedió la calificación de “A” a Angola por sus esfuerzos emprendidos para limitar el uso excesivo de la fuerza por parte de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.  El país proporcionó formación a fuerzas de seguridad y a agentes de policía sobre normativas internacionales acerca del uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos, incluyendo durante el estado de emergencia y otros desastres, así como la inclusión de los derechos humanos en el currículo del Instituto Nacional de Estudios Judiciales con el fin de sensibilizar y dar formación a jueces y fiscales. 

Finalmente, Bulgaria recibió una calificación de “A” por sus medidas emprendidas con respecto a la libertad de expresión, mientras que se proporcionó formación a agentes de policía, jueces y fiscales sobre normas de derechos humanos relativas a la libertad de expresión y de reunión, así como sobre el uso lícito de la fuerza. 

En el proceso de seguimiento por países, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos también participan enviando información, ofreciendo una perspectiva contextual importante sobre la situación local de derechos civiles y políticos, además de sobre las repercusiones de las medidas adoptadas por los países para implementar las recomendaciones del Comité.