¿Cómo la protección de los muertos se vincula con la protección de los derechos humanos?

La protección de los cuerpos y restos humanos de personas fallecidas, especialmente en casos de personas fallecidas a raíz de violaciones a los derechos humanos, concretamente la violación del derecho a la vida, en muchos casos afecta otros derechos de la víctima y de sus familiares. Por ejemplo, la familia que no tiene acceso al cuerpo y se ve privada de poder efectuar los ritos funerarios y eso afecta, entre otros, su derecho a la vida familiar, su derecho a la religión. Adicionalmente, el sufrimiento directo que causa esta situación en las familias puede equipararse, especialmente en el caso de personas desaparecidas, a la tortura. Entonces, hay una gama de derechos que se afectan cuando no hay acceso al cuerpo, cuando el cuerpo de la víctima es mutilado, es destruido, cuando su dignidad no es respetada.

Mi propuesta no solamente apunta a que se cumpla la obligación de derogada e ineludible de los Estados de investigar toda muerte potencialmente ilícita a partir de garantizar el acceso y la protección y el cuidado de los cuerpos de las víctimas, sino también que se extiende a otra serie de derechos y por eso, por ejemplo, se hace hincapié en la protección de la dignidad de las personas fallecidas.

¿Cuáles son los principales retos?

Que no hay una normativa clara, una serie de principios rectores que recuerden a los Estados la obligación que tienen de proteger y respetar los cuerpos de las personas fallecidas en todas las circunstancias. Otro reto es la falta de recursos y conocimientos prácticos técnicos en la materia. En otros casos hay una cuestión intencional en donde los victimarios de muertes ilícitas ex profeso y destruyen o tratan de esconder los restos los cuerpos de las víctimas para evitar una investigación.

La elaboración de principios rectores apunta a atender a estas tres vertientes. Obviamente, cuando hay una acción deliberada de destrucción del cuerpo, el hecho de que existan principios rectores no lo va a impedir, pero va a ser más clara la determinación de responsabilidades el día de mañana a la hora de contrastar los hechos con las obligaciones internacionales que fueron violadas. Esto es materia en la que los estados pueden asistirse mutuamente para asegurar que todos los fallecidos sean tratados dignamente, independientemente de su origen, de su condición social, etcétera. Todas y todos tenemos la misma dignidad por nuestra calidad de seres humanos, y eso se extiende a las personas fallecidas.

¿Cuáles son algunas buenas prácticas que ha observado?

Me parece muy importante mostrar en un informe como el que elaboré, que cuando se quiere se puede hacer las cosas bien, incluso en contextos con muy pocos recursos, el informe abunda en buenas prácticas. Están las buenas prácticas más conocidas como los cementerios militares. Pero, por ejemplo, con víctimas de muertes y que no tienen que ver con el conflicto armado directamente que han sido o que son debidamente tratados con su dignidad respetada, el informe menciona la gestión en algunos contextos de los cadáveres de migrantes. Hay muchas comunidades del sur de Italia, en Catania, en las cuales la misma comunidad, la municipalidad o la misma, la misma comunidad de personas se han tomado el trabajo de crear cementerios específicos para inhumar los cuerpos de las personas migrantes fallecidas y recuperadas del mar, cuya identidad se desconoce, pero asegurando siempre que el cuerpo, independientemente condición sea inhumado de una manera digna. Y guardan toda la información del cuerpo que pueda servir el día de mañana para su eventual identificación y entrega a sus familias. Este es un ejemplo hermoso, en donde comunidades muy sencillas, con pocos recursos, pero con esa visión humana actúan de una manera extraordinaria y nos recuerdan los fundamentos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.