Alarma por las agresiones contra la sociedad civil que colabora con Naciones Unidas

Los agentes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y oficiales de las Naciones Unidas que trabajan en el sector están alarmados por el aumento de las agresiones contra quienes colaboran con las Naciones Unidas y, en general, contra los defensores de derechos humanos.

El Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, que tiene el cometido de atraer la atención sobre la cuestión de las represalias contra personas y organizaciones de la sociedad civil por colaborar con las Naciones Unidas, declaró en una reunión sobre el tema celebrada recientemente en la Sede de la Organización en Nueva York que los indicios disponibles apuntan a un empeoramiento de la situación.

El Sr. Gilmour señaló que el informe del Secretario General sobre la cuestión elaborado este año, que se presentó en septiembre al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cita a 38 países en los que se notificaron casos de represalias por colaborar con las Naciones Unidas. El año anterior, el número había sido de 32 países y, en el periodo precedente, el promedio anual había sido de 15. 

“Esto es solo la punta del iceberg. Hay muchos más casos de los que no se informa o que no podemos publicar por falta del consentimiento de las víctimas o por temor a poner en peligro su seguridad”, afirmó el Sr. Gilmour. Además, el número de casos denunciados ante las Naciones Unidas debe interpretarse como una advertencia. “La paradoja es que existen más probabilidades de recibir denuncias de represalias de países que son relativamente más abiertos, que de otros donde prevalece un contexto más restrictivo para la sociedad civil”, añadió el Secretario General Adjunto. 

Aunque la mayoría de las represalias son obra de agentes estatales, el Secretario General ha insistido en la necesidad de que se preste atención a las acciones que llevan a cabo los agentes no estatales. Un motivo de preocupación son los ataques a través de Internet y las campañas de intimidación y calumnias contra los defensores de derechos humanos.

Tendencias preocupantes

El Sr. Gilmour hizo hincapié en tres aspectos preocupantes: La tendencia a calificar a los defensores de derechos humanos de “terroristas” o “delincuentes”, con el fin de desacreditarlos; el uso de procedimientos jurídicos y administrativos como instrumentos de represalia en su contra, y el abuso de los procedimientos de acreditación y seguridad en las Naciones Unidas con el fin de bloquear a la sociedad civil. 

Durante la reunión, muchos de los oradores criticaron al Comité de las ONG de las Naciones Unidas, un subcomité del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) compuesto por delegados de los Estados Miembros. El Comité de las ONG tiene a su cargo la acreditación de las organizaciones no gubernamentales ante el ECOSOC, un requisito para que estas puedan participar en algunas de las reuniones que convocan las Naciones Unidas.

La organización no gubernamental International Service for Human Rights (ISHR) declaró que algunos países han utilizado al Comité como un instrumento para frustrar o castigar a las ONG. 

“Lo que sucede en [el Comité de las ONG de] las Naciones Unidas no es accidental, sino que refleja lo que ocurre sobre el terreno en determinados países”, afirmó la Sra. Eleonor Openshaw del ISHR. La Sra. Openshaw señaló que a algunas ONG se les deniega la acreditación de manera inconsulta, por una simple una objeción de un Estado Miembro que, en la mayoría de los casos, carece de fundamento.

Varios oradores destacaron el caso “emblemático” de la International Dalit SolidarityNetwork, cuya solicitud de acreditación ha sido aplazada durante diez años por el Comité de las ONG. Esta organización promueve la no discriminación de los dalits. Durante más de diez años, su solicitud ha recibido unas 83 preguntas, todas de la India, y en algunos casos con la misma interrogación repetida un año tras otro, con lo que el examen de la solicitud ha debido aplazarse hasta el año siguiente. 

El ISHR también destacó el caso de la Fundación Alkarama. Esta asociación con sede en Suiza, que promueve la protección de los derechos humanos en la región árabe, había sido recomendada por el Comité de las ONG en mayo de 2017 para que fuera admitida con rango consultivo especial ante el ECOSOC. En julio del mismo año, el ECOSOC decidió que no respaldaría la recomendación del Comité, tras una moción presentada por los Emiratos Árabes Unidos, en la que se señalaba “la clara vinculación [de la Fundación] con el terrorismo”. 

Según la Sra. Openshaw, algo aún peor es que determinados países han empezado a usar al Comité de las ONG, cuyas vistas son públicas y suelen difundirse por Internet, para lanzar denuncias sin fundamento, que luego son reproducidas fuera del ámbito de las Naciones Unidas.

Transparencia y equidad

La Unión Europea (UE) señaló el abuso del “procedimiento de no objeción”, que a menudo se aplica para facilitar la participación de la sociedad civil en las principales reuniones de las Naciones Unidas. La UE destacó el hecho de que algunas ONG están marginadas por el veto de cualquier país, que no tiene que justificar su objeción. 

El Secretario General ha pedido transparencia y equidad en la manera en que el Comité de las ONG lleva a cabo el procedimiento de acreditación.

Algunos expertos independientes en derechos humanos, en particular los miembros de la Comisión de investigación sobre la situación de derechos humanos en Burundi, la Relatora Especial sobre la situación de derechos humanos en Myanmar, la Sra. Yanghee Lee, y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Sra. Victoria Tauli Corpuz, también han padecido los ataques de varios gobiernos a causa de su colaboración con las Naciones Unidas. En su presentación ante la Asamblea General este año, la Sra. Lee puso de manifiesto las represalias que afrontaron los ciudadanos de Myanmar que se entrevistaron con ella durante sus visitas a ese país.

Tras encomiar el creciente reconocimiento de la importancia de la participación de la sociedad civil en las reuniones de las Naciones Unidas, el Sr. Gilmour lamentó los intentos de crear un contexto de hostilidad para dicha participación. Entre otros ejemplos recientes, citó los ataques de diplomáticos israelíes contra el director de la ONG israelí B’tselem, que había sido invitado a hacer uso de la palabra en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Si las Naciones Unidas no pueden garantizar un ámbito seguro para la sociedad civil en Nueva York, centro de la atención de la prensa mundial, da miedo pensar lo que ocurre sobre el terreno, donde quizá no haya nadie para vigilar lo que sucede”, declaró el Sr. Gilmour.

Según cálculos de Amnistía Internacional, desde 1998 han sido asesinados 3.000 defensores de derechos humanos –es decir, uno cada dos días-; ese año se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de los defensores de derechos humanos.

22 de noviembre de 2018