El ACNUDH y la buena gobernanza

Acerca de la buena gobernanza y los derechos humanos

La buena gobernanza es el proceso por el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos mediante una actuación libre de abuso y corrupción, y con el debido respeto hacia el Estado de Derecho. La auténtica prueba de una 'buena gobernanza' es el grado en el que hace realidad la promesa de los derechos humanos: derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Más información sobre la buena gobernanza y los derechos humanos.

El costo de la corrupción

Actualmente se calcula que cada año se paga en sobornos el equiivalente a 1 billón de dólares estadounidenses, mientras que unos 2,6 billones se sustraen mediante la corrupción -una suma que equivale a más del 5 por ciento del PIB mundial-. En los países en desarrollo, según informa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que los fondos perdidos a causa de la corrupción equivalen a 10 veces el importe de la ayuda oficial al desarrollo. La corrupción es un delito grave que puede socavar el desarrollo social y económico en cualquier sociedad.  Ningún país, región o comunidad es inmune a esta lacra.

Las Naciones Unidas combaten esta lacra mundial mediante iniciativas como la campaña global lanzada conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003, es el único instrumento anticorrupción vinculante y universal existente en la actualidad.  Más información sobre la corrupción y los derechos humanos.

La labor del ACNUDH en materia de buen gobierno

El ACNUDH se ha comprometido a trabajar con los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil para fomentar un entorno que respete y proteja los derechos humanos a través de la buena gobernanza. Esto significa garantizar que los marcos jurídicos, las instituciones y los procesos políticos, de gestión y administrativos respondan a los derechos y necesidades de la población. Las normas de derechos humanos proporcionan un conjunto de valores que guían el trabajo de los gobiernos y otros actores políticos y sociales, y también garantizan que puedan rendir cuentas.