De conformidad con la resolución 41/9 del CDH, se ha pedido a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que prepare un informe sobre los retos a los que se enfrentan y las mejores prácticas aplicadas por los Estados para integrar los derechos humanos en sus estrategias y políticas nacionales de lucha contra la corrupción, incluidas las dirigidas a los agentes no estatales, como el sector privado, y que presente el informe al Consejo de Derechos Humanos en su 44º período de sesiones.

Resumen

El informe tiene en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Grupo de Examen de la Aplicación de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Complementa el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las mejores prácticas para contrarrestar el impacto negativo de la corrupción en el disfrute de todos los derechos humanos (A/HRC/32/22).

La cuestión del impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos también ha sido abordada por el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/28/73). Si bien esta cuestión no es el tema central del presente informe, se puso de relieve en varias comunicaciones, incluida la de Paraguay, en la que se señalaba la falta de investigación científica para medir el impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos.

Los esfuerzos anticorrupción pueden entrar en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos. Cuando es pertinente, se indican como retos para la integración de los derechos humanos en las estrategias nacionales anticorrupción.

El informe está estructurado según los pilares sustantivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es decir, los relativos a las medidas preventivas (capítulo II), la penalización y la aplicación de la ley (capítulo III), la cooperación internacional (capítulo IV) y la recuperación de activos (capítulo V). Se centra en la complementariedad entre las medidas anticorrupción y los compromisos adquiridos en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En cada sección se destacan los retos a los que se enfrentan y las mejores prácticas aplicadas por los Estados en la integración de los derechos humanos en los esfuerzos anticorrupción.

Las cuatro secciones sustantivas están precedidas por una sección de observaciones generales y otra sobre el deber de los Estados de combatir la corrupción como corolario de su deber de utilizar al máximo los recursos disponibles para hacer realidad todos los derechos humanos. El informe termina con conclusiones y recomendaciones para seguir integrando las agendas de lucha contra la corrupción y de derechos humanos.