Bienvenidos a las Naciones Unidas 
OHCHR 
Acerca
Las tecnologías digitales ofrecen nuevos medios para abogar por, defender, y hacer realidad los derechos humanos y afectan a todos los tipos de derechos: derechos civiles y políticos, así como los culturales, económicos y sociales. Estas tecnologías influyen sobre cómo las personas acceden y comparten información, dan forma a sus opiniones, sus debates, y movilizan, han transformado profundamente la «plaza pública». Pero también se usan igualmente para suprimir, limitar y violar derechos, por ejemplo mediante la vigilancia, censura, acoso en línea, los sesgos en los algoritmos y los sistemas automatizados de toma de decisiones. El uso incorrecto de tecnologías digitales afecta también de forma desproporcionada a los individuos y grupos marginados, lo que conduce a la desigualdad y la discriminación, tanto en línea como fuera de línea.
Nuestra labor
Conforme nuestro mundo transcurre cada vez más en el espacio digital, así mismo crece la necesidad de que nuestros derechos sean respetados tanto en línea como fuera de línea. Derechos Humanos de las Naciones Unidas organiza consultas de expertos y publica informes para analizar tendencias y desafíos actuales que entraña el entorno digital para el derecho a la privacidad y otros derechos humanos.
En nuestros informes, solemos recomendar una mayor supervisión, transparencia, rendición de cuentas así como acentuar la importancia de concienciar al público y de una participación de múltiples partes interesadas, en particular para asegurar la participación de aquellos que resultan más afectados por la transformación digital.
Quién más participa
Relator Especial sobre el derecho a la privacidad
El Relator Especial tiene el mandato de promover y proteger el derecho a la privacidad. El mandato examina políticas y prácticas en las comunicaciones digitales y la recopilación de datos personales, e identifica a aquellos que se inmiscuyen en la privacidad. De forma más proactiva, el Relator Especial ayuda a los gobiernos a desarrollar las mejores prácticas para que la vigilancia global se desarrolle dentro del estado de derecho, y establece las responsabilidades del sector privado a la hora de respetar los derechos humanos.
