Türk pide una gobernanza que preste atención a los riesgos de la inteligencia artificial y se centre en los derechos de las personas

Distinguidos amigos, amigas y colegas,

Este es un momento crucial de la historia. El 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos coincide con un periodo de cambios rápidos y transformadores en el ámbito de la inteligencia artificial, en particular de la IA generativa.

El surgimiento de la IA generativa es una paradoja del progreso. Por un lado, podría revolucionar la forma en que vivimos, trabajamos y resolvemos algunos de nuestros retos más complejos. Por otro, aumenta los riesgos profundos que podrían socavar la dignidad y los derechos humanos. Eso impone la necesidad de garantizar que los derechos humanos se integren en todo el ciclo de vida de las tecnologías de IA, y exige un esfuerzo concertado de gobiernos y empresas para establecer unos marcos eficaces de gestión de riesgos y límites operativos.

Cada vez me alarma más la capacidad que tienen las tecnologías digitales de remodelar las sociedades e influir en la política mundial. En 2024 están previstas 70 elecciones —en países que suman 4.000 millones de habitantes— en donde las falsificaciones digitales y las campañas de desinformación podrían desempeñar un papel importante. Es esencial que mostremos una posición inexpugnable ante la desinformación y la manipulación.

Deben evaluarse con exhaustividad los diversos campos en los que la IA puede tener efectos transformadores, como las amenazas potenciales a la no discriminación, la participación política, el acceso a los servicios públicos y la erosión de las libertades civiles. Por eso me complace que B-Tech haya publicado hoy la "Clasificación de los daños de la IA generativa para los derechos humanos", lo cual permite comprender mejor los riesgos actuales y emergentes.

Más que ninguna otra cosa, la IA generativa necesita gobernanza. Y esa gobernanza debe basarse en los derechos humanos. También debe ser capaz de promover una conducta empresarial responsable y la rendición de cuentas por los daños a los que contribuyen las empresas.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE sobre conducta empresarial responsable —ambas de uso generalizado— ofrecen límites sólidos para los Estados y las empresas, y sientan las bases para el desarrollo responsable de la IA. Pero los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE no bastarán por sí solos para hacer frente a los retos que plantea la IA. El posible uso indebido de las tecnologías de IA por parte de los Estados, o de las bandas criminales, requiere una serie de marcos jurídicos, regulatorios y multilaterales. Y estos deben basarse en las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las normas que ya han establecido la responsabilidad de las empresas y los inversores en materia de derechos humanos. 

En la actualidad, se reconoce ampliamente la necesidad de una gobernanza de la IA, pero las variadas iniciativas políticas son en su mayoría inconsistentes y a menudo no hacen el debido hincapié en los derechos humanos. Esto puede conducir a un marco regulatorio fragmentado, con distintas definiciones de conducta ética y riesgo aceptable.

Una iniciativa estructurada como el Proyecto de IA Generativa de B-Tech puede precisar las posibles repercusiones de la IA en los derechos humanos, así como aclarar las medidas que deben adoptar los Estados y las empresas, alumbrando el camino hacia una gobernanza más coherente.

Necesitamos que todos los Estados protejan a las personas de los abusos contra los derechos humanos inducidos por la IA. Esto significa que todos los Estados deben alinear sus marcos regulatorios con sus obligaciones impuestas por el derecho internacional de derechos humanos.

Las empresas deben asegurarse de que sus algoritmos, procesos operativos y modelos empresariales de IA respeten los derechos humanos. Necesitan actuar de forma activa con la diligencia debida, la cual tenga en cuenta a las poblaciones de mayor riesgo y evite abusos contra los derechos humanos en las decisiones comerciales y de diseño.

Mi Oficina seguirá señalando a la atención la necesidad de una reparación efectiva para las víctimas de violaciones de derechos humanos inducidas por la IA.  Las empresas tecnológicas deben reconocer su responsabilidad y los beneficios sociales de contribuir a sistemas de reparación que funcionen. Y, en última instancia, los Estados tienen el deber fundamental de garantizar la reparación de los daños a los derechos humanos, incluso obligando a las empresas a tomar las medidas pertinentes.

La IA generativa no se trata de un fenómeno local o nacional. Afectará a todo el mundo y exige un enfoque global y colaborativo. Debemos asegurarnos de que la protección de los derechos de las personas sean la prioridad en ese planteamiento. Eso requiere no solo diálogo, sino una acción que se base en la sabiduría colectiva y la orientación de los marcos establecidos. Nuestra colaboración debe unir a Estados, empresas, sociedad civil y particulares en una misión compartida: garantizar que la IA sirva a los intereses de la humanidad, creando en conjunto un mundo en el que la tecnología no sirva únicamente a los intereses de los ricos y poderosos, sino que permita el avance universal de la dignidad y los derechos humanos.

Gracias.