Buena gobernanza

La buena gobernanza en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con respecto a la repercusión sobre estos derechos de diversas brechas digitales

Señor Presidente,
Excelencias,
Distinguidos colegas,

La buena gobernanza es el zócalo que sostiene a todos los derechos humanos.

Es una pieza clave de las sociedades resilientes y armoniosas. Y también de un sólido contrato social entre la población y sus instituciones.

En el centro de ese contrato social hay un principio crucial: los gobiernos deben servir a la población y no a intereses estrechos ni a minorías acaudaladas o poderosas.

Hoy en día, los Estados afrontan múltiples desafíos, entre otros las repercusiones de la crisis climática, la pérdida de confianza en las instituciones, las tensiones geopolíticas y los riesgos y las oportunidades de la era digital.

Las respuestas a estos retos serán más eficaces si incorporan salvaguardas en materia de derechos humanos y principios de buena gobernanza, tales como la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas, la participación pública y la capacidad de responder a todas las personas.

Señor Presidente:

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las enormes brechas digitales que existen entre los países y dentro de cada uno de ellos. 

A medida que se fueron implantando restricciones al movimiento de la población, buena parte de nuestra vida cotidiana se desplazó a Internet, incluidos el trabajo y el entretenimiento. En todas partes los gobiernos trataron de reforzar la prestación de servicios en línea, una solución que no solo contribuyó a proteger nuestra salud, sino que también mejoró la eficacia y -en algunos casos- la transparencia y la rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, la Encuesta de las Naciones Unidas sobre el gobierno electrónico 2022 (UN E-Government Survey 2022) deja en claro cuánto esfuerzo representó este servicio para muchos gobiernos y cuántas personas quedaron rezagadas en el empeño. La repercusión fue especialmente grave entre los grupos de población más pobres y los que residían en zonas remotas, las mujeres, los niños, los ancianos y las personas que vivían con discapacidad.

El costo de conexión es el factor de mayor peso en la creación de las brechas digitales, junto con la falta de familiaridad con los instrumentos informáticos. El año pasado, la Unión Internacional de Telecomunicaciones reveló que 2.700 millones de personas seguían sin conectarse a Internet; según el informe, el 69% de los hombres usaron Internet en 2022, mientras que solo el 63% de las mujeres lo hicieron. En los países de bajos ingresos, solamente el 21% de las mujeres tienen acceso a la red, en comparación con el 32% de los hombres.

Estos datos apuntan a que un tercio de la población mundial está situada en el lado invisible de la brecha digital. Puesto que el acceso a Internet es cada vez más indispensable para la capacitación, la información y el comercio, la brecha digital no solo refleja las desigualdades sociales, culturales y económicas existentes, sino que las amplifica.

Como señala la encuesta de las Naciones Unidas, el nuevo rostro de la desigualdad es digital.

En el informe Nuestra Agenda Común, el Secretario General puso de relieve la importancia del acceso universal a Internet como factor propiciatorio para la realización de los derechos humanos.

Para abordar esta exigencia de universalidad y colmar las brechas digitales vigentes, necesitamos una amplia gama de medidas gubernamentales, entre otras las relativas a la formación básica en informática y el costo del acceso a la red.

También es preciso que se ponga fin a los cierres generalizados de Internet, incluido el bloqueo deliberado de las redes de móviles y la reducción del ancho de banda.

Al parecer, en muchos casos los gobiernos han usado los cierres de Internet en gran escala para acallar las críticas y las protestas, y a veces como un escudo para evitar la rendición de cuentas. Tal como mi Oficina ha informado, estos cierres suelen imponerse con escasa transparencia, justificación o supervisión judicial o democrática. Estas medidas vulneran servicios informativos esenciales, necesarios para salvar vidas, y tienen una vasta repercusión sobre los derechos humanos.

Señor Presidente:

La Resolución 51/5 del Consejo de Derechos Humanos encomia los esfuerzos orientados a prevenir y combatir la corrupción mediante las innovaciones tecnológicas y la digitalización gubernamental.

Muchos gobiernos han puesto en marcha prácticas digitales como la adquisición por Internet, la contratación en línea y los tableros de gasto, para facilitar a los organismos de control, los medios de comunicación y el público en general la tarea de detectar y erradicar la corrupción.

La gobernanza también es fundamental en lo tocante a estos instrumentos. A pesar de la intención explícita de usarlas para combatir la corrupción, esas herramientas pueden utilizarse también para ocultarla. Es preciso que estos dispositivos operen con total transparencia y sean comprensibles para el mayor número posible de ciudadanos.

Señor Presidente:

El fulminante despliegue de la inteligencia artificial generativa en los últimos meses pone de relieve la capacidad potencial de la brecha digital para aumentar las desigualdades y amenazar el disfrute de los derechos humanos.

Este fenómeno también nos plantea con más urgencia el problema de qué límites debemos imponer sobre ésta y otras nuevas tecnologías digitales.

La IA puede ser beneficiosa, al democratizar el acceso al conocimiento, acelerar el progreso científico y multiplicar las competencias en medicina, además de aumentar la capacidad de procesar información.

Pero la IA también puede fomentar la manipulación, la desinformación y la distorsión de la verdad y, al hacerlo, puede destruir la confianza de la población en sus instituciones y socavar las bases de la convivencia. Su aplicación puede facilitar la instauración de amplias redes de vigilancia, generalizar el uso de perfiles delictivos, fomentar la denominada “peligrosidad predelictiva” e incluso propiciar la creación de sistemas judiciales automáticos. La toma de decisiones basada en la IA borra las fronteras entre la responsabilidad y la rendición de cuentas.

Este es un asunto que plantea enormes retos a los gobiernos. Para garantizar que la humanidad puede dominar el inmenso poder de la IA y aprovecharse de él, es preciso que todas las partes interesadas, en particular los Estados, lleven a cabo iniciativas conjuntas y cuidadosas al respecto. 

Las tecnologías basadas en la IA que en su funcionamiento no puedan cumplir los principios del derecho internacional de los derechos humanos, deberían prohibirse o suspenderse hasta que sea posible poner en marcha las salvaguardas gubernamentales apropiadas.

Mediante la capacidad de convocatoria y las competencias de las Naciones Unidas, en aplicación de los principios de buena gobernanza, derechos humanos y Estado de Derecho, sería posible establecer marcos regulatorios multilaterales para atenuar los peligros y aprovechar los beneficios de la IA, incluso mediante la creación de sólidos mecanismos de supervisión capaces de implantar medidas protectoras y el acceso a remedios judiciales cuando se vulnere esa protección.

Señor Presidente:

El aumento en materia de informática y tecnología es inevitable y posee un enorme potencial para la humanidad. Pero ese incremento exige más y mejor gobernanza, basada en los derechos humanos para, entre otras cosas, garantizar que esos beneficios sean compartidos por todos, en igualdad de condiciones.

Debemos aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y exigírsela a los responsables de tomar decisiones, tanto de las empresas como del Estado.

Entre estas medidas figuran la transparencia en la adopción de las decisiones relativas a la IA, mediante debates abiertos entre los interesados sobre cómo regular su desarrollo y su utilización en el sector privado y en el público, así como la regulación de otras herramientas y plataformas en línea, tales como las empresas que gestionan las redes sociales.

Así como una gobernanza apropiada podría aportar mejores soluciones en la gestión de las tecnologías digitales y garantizar la justa distribución de sus dividendos, una gobernanza deficiente podría general resultados muy nocivos.

Espero con interés el resultado de sus deliberaciones.