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Administración de justicia y Estado de derecho

Supervisión de juicios para proteger el derecho a un juicio imparcial

17 agosto 2023

Un mazo apoyado en el teclado blanco de un ordenador. © Getty Images

“Al menos 253 millones de personas viven en situaciones de injusticia extrema y 4,5 mil millones se ven excluidas de las oportunidades que la ley garantiza. Mil millones de mujeres carecen de protección contra la violencia sexual que sufren a manos de sus parejas”, afirmó el Jefe de Derechos Humanos, Volker Türk, en una Carta abierta a los Estados Miembros con motivo del 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

El acceso a la justicia está contemplado en el preámbulo y en varios de los artículos de los DUDH, y se pone de relieve en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el cual insta a facilitar el acceso a la justicia a todas las personas. Aunque la Declaración ha contribuido a que se haga justicia para muchas personas —mediante la fijación de normas, la modificación de leyes y prácticas, y la provisión de medios para que las personas puedan reivindicar sus derechos en juzgados y tribunales nacionales e internacionales—, como resaltan Türk y otras personas, muchas otras aún siguen reclamando justicia.

Aunque muchos Estados adoptaron medidas extraordinarias durante la pandemia de COVID-19 para proteger la salud de sus poblaciones, algunas de esas medidas implicaron la restricción a la libertad de circulación de las personas y, por ende, afectaron al funcionamiento de los juzgados.

Una solución que hallaron los Estados fue la de permitir que los juzgados siguieran ejerciendo sus funciones y mejorar el derecho del acceso a la justicia mediante plataformas en línea y otras tecnologías a fin de realizar audiencias telemáticas. Este tipo de audiencias no solo mejoraron la eficiencia de las instituciones judiciales, sino que también garantizaron la seguridad y el bienestar de los testigos y las víctimas, además de constituir una adaptación razonable para las personas con discapacidad.

Sin embargo, según Simon Walker, Jefe de la Sección de Estado de Derecho y Democracia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las audiencias en línea también han acarreado su propio conjunto de desafíos.

“Aunque las audiencias virtuales durante la COVID-19 ayudaron a proteger los derechos de acceso a la justicia de las personas, incluyendo el derecho de las personas detenidas a ser llevadas sin demora ante un juez, incluso en línea, en muchos casos han afectado al derecho a un juicio imparcial y público, así como otros derechos, en particular el derecho a comparecer físicamente ante un juez tras el arresto o la detención”, explicó.

La supervisión garantiza juicios imparciales

Derechos Humanos de las Naciones Unidas supervisa los juicios para garantizar el derecho de las personas a un juicio imparcial y público y el cumplimiento por parte de los juzgados de todo el mundo de otras normas y criterios internacionales fundamentales de derechos humanos.

“La oficina, al observar los juicios de forma imparcial, independiente, y exhaustiva, sobre todo en la sala, ha tratado de evaluar la imparcialidad de los juicios sobre casos concretos de interés, proteger los derechos de los acusados y también de víctimas y testigos, y efectuar un análisis más amplio de la impartición de la justicia”, explicó Walker. “Nuestra labor también determina propuestas para efectuar reformas adecuadas en los sistemas de justicia penal y la impartición de justicia”.

OHCHR officials monitor a 2018 hearing in the case of the enforced disappearance of Marco Antonio Molina Theissen and aggravated sexual assault of his sister, Emma Guadalupe Molina Theissen, that occurred in 1981 during Guatemala´s internal armed conflict. © OHCHR Guatemala

Funcionarios del ACNUDH supervisan una audiencia celebrada en 2018 sobre el caso de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la agresión sexual con agravantes de su hermana, Emma Guadalupe Molina Theissen, que se produjeron en 1981 durante el conflicto armado interno de Guatemala. © ACNUDH Guatemala

A medida que el mundo se aproxima al final de la crisis de la COVID-19, las audiencias telemáticas siguen celebrándose en diversas jurisdicciones donde los gobiernos han adoptado enmiendas y nuevas leyes para fijar este tipo de audiencia de forma permanente en sus sistemas judiciales.

Esto ha suscitado preocupación por el hecho de que las audiencias telemáticas, en muchos contextos, han imposibilitado el acceso público, incluso para fines de supervisión de juicios, puesto que el acceso a las salas virtuales solía quedar reservado para las partes de las audiencias.  Las presencias de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en todo el mundo también han detectado otros problemas.

Los desafíos de las audiencias en línea

  • Obstáculos digitales, incluso para las poblaciones indígenas y las personas que viven en las zonas rurales
  • Barreras lingüísticas debido a la falta de interpretación
  • Falta de confidencialidad entre personas detenidas y abogados
  • Dificultades a la hora de comprobar la identidad de las partes y los testigos, de archivar e inspeccionar pruebas, y de evitar que terceros influyan en los testigos y otras personas
  • Riesgos para las mujeres víctimas de violencia doméstica que, en algunos casos, tienen que acudir al tribunal desde casa, muy cerca de sus agresores
  • Falta de acceso público a las audiencias

“Conforme al planteamiento de la justicia centrado en las personas, el uso de las audiencias en línea debería comenzar por considerar las repercusiones que tienen sobre los derechos de la persona y no solo sobre las posibles eficiencias que esta modalidad de audiencia puede aportar a las administraciones de justicia”, explicó Walker. Resaltó que en el caso de celebrarse una audiencia en línea, se deberían aplicar las condiciones y salvaguardas pertinentes.

Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha elaborado un documento de orientación sobre las audiencias en línea en los sistemas de justicia en el que se enumeran estas salvaguardas y condiciones. Entre ellas se incluyen identificar cualquier problema que afecte la capacidad de la persona para participar con eficacia en las audiencias en línea; garantizar el acceso efectivo a un abogado antes, durante y después de las audiencias, incluso mediante un medio de comunicación seguro y confidencial; velar porque los acusados y sus abogados dispongan de los medios tecnológicos para participar plenamente y seguir los procedimientos, así como para oír y ver y ser oídos y vistos por las otras partes, el juez y los testigos, y poder interrogar a los testigos.

Las orientaciones también disponen que algunas audiencias solo se celebren en persona. Este tipo de audiencias incluye las que guardan relación con la imposición de la pena de muerte “ya que resulta crucial que los casos de pena capital respeten la garantía de juicio imparcial dada la naturaleza irreversible de la sentencia”, indicó Walker.

Una lista de supervisores de juicios acreditados

En 2019, Derechos Humanos de las Naciones Unidas aunó fuerzas con la Clooney Foundation for Justice para crear una herramienta de formación electrónica destinada a futuros supervisores de juicios. El curso de formación TrialWatch, el cual se basa en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, es gratuito y concede un “Certificado de Formación en Supervisión de Juicios” tras finalizarlo satisfactoriamente.

El curso se encuentra disponible en seis idiomas: árabe, inglés, francés, ruso, español y tailandés.

La colaboración con la Clooney Foundation for Justice forma parte de un acuerdo actual entre ambas organizaciones que pretende poner en funcionamiento la supervisión de los juicios, incluso mediante el desarrollo de una lista de supervisores de juicios previamente evaluados que hayan completado la supervisión en línea, y colaborar en la creación de una comunidad de prácticas con estos supervisores de juicios y otros expertos.

Tras el lanzamiento de la plataforma TrialWatch, la anterior Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “los juicios imparciales significan garantías procesales, rendición de cuentas y vías de recurso efectivas para las víctimas. Los juicios imparciales implican injusticia, un castigo excesivo e incluso la pena de muerte. La observación de los juzgados les ayuda a trabajar mejor y a impartir justicia”.