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República Democrática del Congo

Investigadores forenses ayudarán a que se haga justicia en la RD Congo

04 noviembre 2022

El Equipo de Asistencia Técnica excavando una fosa común en Tshisuku (territorio de Kazumba), provincia de Kasai Central, RD del Congo, junio de 2019. © MONUSCO/Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU

Las salpicaduras en las paredes reflejan una imagen dantesca.

“Es sangre”, indica el teniente coronel Michel Ngalamulume Kadugu, inspector jefe judicial de la oficina del fiscal militar superior (Auditorat Militaire Supérieur) de la antigua provincia de Kasai Occidental en la República Democrática del Congo. “Y aquí se observan orificios de bala e impactos de armas pesadas”.

El teniente coronel Michel trabaja en una misión sobre el terreno en Nganza, en la región de Kasai de la República Democrática del Congo, con el Equipo forense de Asistencia Técnica para Kasai, para investigar una supuesta fosa común. De camino, hacen una parada en un lugar considerado una casa tradicional de inicio a los rituales, también denominada "tshiota" en el idioma local tshiluba.

Desde que se amplió el mandato, el Equipo de Asistencia Técnica ha colaborado con las autoridades judiciales en otros casos emblemáticos ocurridos en diversas provincias, entre las que figuran Congo Central y Kivu del Norte y del Sur.

Además, al equipo se la ha pedido que contribuya a investigar otros casos en los que se sospecha que hubo ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y de género, y que examine las pruebas forenses relativas a la repercusión física, psicológica y social de esos hechos.

Un mandato para investigar abusos y violaciones graves de derechos humanos

En marzo de 2017, el Consejo de Derechos Humanos expresó su preocupación por la crisis de derechos humanos que tenía lugar en el Gran Kasai y la necesidad de llevar ante la justicia a los responsables de violaciones graves de esos derechos. Entre los delitos cometidos en la región figuraban matanzas de civiles, que habían sido enterrados en numerosas fosas comunes. Los observadores de las Naciones Unidas documentaron al menos 80 de estas fosas, de las que casi nadie se hacía responsable, y que provocaron desplazamientos masivos de población.

En junio de ese mismo año, el Consejo estableció un Equipo de Asistencia Técnica que fue desplegado en Kananga, en la provincia de Kasai Central, con el mandato específico de proporcionar asistencia y asesoramiento al fiscal militar de las provincias de Kasai. El equipo colaboró en las investigaciones de la fiscalía relativas a las denuncias de graves abusos y violaciones de derechos perpetrados en esa provincia.

 

En octubre de 2021, el mandato del equipo se amplió hasta abarcar la totalidad del territorio nacional. En la actualidad, un grupo de seis expertos forenses disponen de bases en Kinshasa (donde se ocupan de los casos ocurridos en la zona occidental del país) y en Goma, (donde examinan los casos del este). En el equipo figuran un experto en violencia sexual, un especialista en protección de víctimas y testigos y un experto en sistemas de información geográfica. Este apoyo se proporciona en el contexto de una asistencia más amplia que el ACNUDH suministra al gobierno de la RDC, como contribución a las iniciativas nacionales de justicia de transición.   

“Ya hemos participado en dos misiones en esta zona. El primer equipo forense acudió aquí para tomar muestras de sangre. En ese momento, todavía estaba fresca", declaró Achille Tiem, Coordinador del Equipo de Asistencia Técnica. Tiem también se encarga de la protección de las víctimas y los testigos.

Búsqueda de una posible fosa común

The Technical Assistance Team exploring a potential mass gravesite with drones in Nganza, Kananga, DR Congo, February 2020. © MONUSCO/UN Joint Human Rights Office

El Equipo de Asistencia Técnica explorando una posible fosa común con drones en Nganza, Kananga, RDC, febrero de 2020. © MONUSCO/Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU

The Technical Assistance Team excavating a mass gravesite in TSHISUKU (Kazumba territory), Kasai Central province, DR Congo, June 2019. © MONUSCO/UN Joint Human Rights Office

El Equipo de Asistencia Técnica excavando una fosa común en TSHISUKU (territorio de Kazumba), provincia de Kasai Central, RDC, junio de 2019. © MONUSCO/Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU

The Technical Assistance Team excavating a mass gravesite in TSHISUKU (Kazumba territory), Kasai Central province, DR Congo, June 2019. © MONUSCO/UN Joint Human Rights Office

El Equipo de Asistencia Técnica excavando una fosa común en TSHISUKU (territorio de Kazumba), provincia de Kasai Central, RDC, junio de 2019. © MONUSCO/Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU

El equipo sospechó que la "tshiota" se había empleado como lugar de detención y ejecución sumaria, aunque no prosiguieron la investigación. Sin embargo, el fiscal militar quiso volver para corroborar las acusaciones formuladas por los retornados que habían huido a la vecina Angola durante las masacres.

“Pasamos tres meses en el monte antes de regresar. El alcalde de la ciudad rogó a los huidos que regresaran”, declaró un testigo, que guió al equipo durante su visita.

Durante una de sus primeras visitas a la aldea, el equipo de investigación se percató de una posible fosa común no muy lejos de la "tshiota". Hallaron dos cráneos humanos debajo de los árboles de bambú de un barranco y durante su última visita, uno de los testigos de la masacre relató que la milicia Kamuina Nsapu se había deshecho de algunos cuerpos de las víctimas civiles en ese barranco.

Años de conflicto antigubernamental en Kasai

La situación en la región de Kasai se deterioró considerablemente durante 2016 tras un conflicto por la jefatura entre el gobierno central de Kinshasa y los defensores del sistema de liderazgo tradicional. En abril de 2016, la negativa de las autoridades centrales a reconocer a Jean-Pierre Mpandi —alias Kamuina Nsapu— como jefe hereditario de la jefatura de Bajila Kasanga en Kasai Central, y la decisión de reemplazarle por un jefe elegido por el gobierno, provocó una insurrección encabezada por Kamuina Nsapu.

Kamuina Nsapu había indicado a otros jefes tradicionales que se unieran a él en la revuelta contra todos los símbolos del Estado, y ordenó que cada aldea le enviara grupos de jóvenes para ser iniciados e instruidos y formar una milicia encaminada a desestabilizar al gobierno.

El asesinato de Kamuina Nsapu el 12 de agosto de 2016 a manos de los soldados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) durante operaciones contra la insurgencia marcaron un punto de inflexión en la crisis.

La Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OCDHNU) en la República Democrática del Congo informó de abusos graves por parte de la milicia Kamuina Nsapu en el contexto de la rebelión, así como de serias violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, principalmente los soldados de las FARDC, durante operaciones contra la milicia. Desde agosto de 2016, el conflicto ha causado miles de víctimas, incluso la ejecución de dos expertos de las Naciones Unidas en Kasai Central, mientras se encontraban investigando las violaciones en marzo de 2017.

La precisión como imperativo

“Descubrimos huesos no muy lejos de [[la ‘tshiota’], pero no podemos concluir antes de investigar que se traten de fosas comunes o de personas que fueron asesinadas durante el periodo violento, ya que la ciudad se quedó completamente vacía de habitantes”, aseveró Tiem. “Algunos hablan de cuerpos que presuntamente fueron devorados por animales”. “Tenemos que comprender que el pueblo no puede recordar con claridad el lugar exacto de las tumbas. En Tshisuku, por ejemplo, muchos lugares donde excavamos resultaron estar vacíos en nuestra última intervención, aunque posteriormente hallamos cuerpos enterrados a solo tres o cuatro metros”, añadió Pierre Perich, doctor forense del Equipo de Asistencia Técnica. “Además, las declaraciones de testigos suelen ser contradictorias y los incidentes sucedieron hace tres años como mínimo”.

Al principio de las investigaciones, el contexto era especialmente complejo, hoy el equipo de asistencia técnica conoce mejor las distintas dinámicas del proceso cultural y social y las formas de entender la muerte.

El equipo fue capaz de encontrar el camino pronunciado que les condujo a este descubrimiento macabro. Mientras observaba el terreno, el coronel Michel comentó que debía haber llovido intensamente desde su última visita. Una de los testigos se aventuró a decir que los cuerpos podían haber sido desenterrados y trasladados a otro lugar. Perich resaltó una vez más la importancia de la precisión.

“Nos gustaría comprobar qué hay ahí abajo porque queremos ser exhaustivos. El problema radica en la vegetación y el tiempo, el tiempo transcurrido”, alegó Perich.

“Lo que hace falta es intentar explorar y averiguar si quedan restos porque, de hecho, esto no es un cementerio, sino más bien una fosa común, un lugar donde se deshicieron de los cadáveres”, señaló. “Está claro que esos cuerpos se han deteriorado con rapidez al depositarlos fuera y, con la lluvia, la hondonada, todo debe haber caído al fondo [[del barranco]. Merecería la pena confirmar todo eso”.

La labor forense del Equipo de Asistencia Técnica en apoyo de las investigaciones realizadas por las autoridades judiciales, en particular el proceso de exhumación de las fosas comunes, es la primera de ese tipo en la República Democrática del Congo. Ha resultado fundamental, dada la falta de expertos en ese ámbito en el país.

“El trabajo se centra más en los casos emblemáticos puesto que no podemos documentar todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la República Democrática del Congo. La justicia militar, en colaboración con la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, define las prioridades de investigación según el grado de gravedad de las principales violaciones y delitos cometidos”, afirmó Tiem. “Pero en líneas generales, la labor del Equipo de Asistencia Técnica aquí podría requerir de varios años”.

“Esperamos que el trabajo forense aporte las evidencias necesarias para las investigaciones que las autoridades están llevando a cabo en esta zona."

Tiem expresó su deseo de que todas las investigaciones judiciales respaldadas por el equipo acaben en juicios, en particular mediante tribunales móviles, lo que tendría una repercusión pedagógica y un valor informativo para las poblaciones que han sufrido en la región, al ver que se está haciendo justicia.

“Asimismo, debe realizarse labores de defensa con el objetivo de asegurar las indemnizaciones a las víctimas”, agregó.