El personal del centro médico Karibuni Wa Mama (Bienvenidas, madres) ayuda a curar muchas heridas, físicas y psicológicas, y va más allá en la curación de los supervivientes. El centro está gestionado por la ONG Solidaridad femenina por la paz y el desarrollo integral (SOFEPADI).

SOFEPADI fue fundada hace 20 años por 24 mujeres en Bunia, Ituri, República Democrática del Congo. Su primer objetivo fue hacer campaña por la paz y promover el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos. SOFEPADI pronto abrió otra sucursal en Beni, Kivu del Norte, para unirse a la lucha contra la impunidad de la violencia sexual en ambas provincias. Hace una década, ampliaron sus actividades asumiendo la atención médica de las víctimas de la violencia sexual y de género, actividad que hasta entonces realizaba en la región Médicos sin Fronteras.

El personal de SOFEPADI ha adoptado un enfoque holístico para curar a los supervivientes. Un médico supervisa las visitas generales, la provisión de profilaxis postexposición al VIH (PEP) y las pruebas, y la planificación familiar. Otra unidad ofrece atención psicosocial para tratar los traumas de las víctimas y su rehabilitación, mientras que otra ofrece formación profesional a los supervivientes para ayudarles a ser económicamente independientes.

"Debido a la situación actual en Ituri, estamos trabajando con los desplazados internos. En 2019, tratamos a 1.305 víctimas de violencia sexual. Entre ellas, la mitad eran desplazados internos", explica Noella Alifua, una de las coordinadoras de SOFEPADI.

"Vamos al terreno con nuestras clínicas móviles y tratamos a los desplazados allí donde han ido a parar. Las víctimas de la violencia son la mayoría de los que atendemos. Las tratamos gratuitamente gracias a los fondos de nuestros socios. Nuestro centro no genera suficientes ingresos para otras actividades sobre el terreno", añadió.

La guerra civil en la República Democrática del Congo terminó oficialmente en 2003, pero en algunas regiones del país siguen existiendo focos de conflicto. En Ituri, la violencia interétnica, que estalló en diciembre de 2017, ha provocado cientos de muertes, graves abusos contra los derechos humanos, incluidos brutales actos de violencia sexual, y el desplazamiento de medio millón de personas en Ituri y las provincias vecinas. Casi 57.000 personas han buscado refugio en Uganda.

En enero de 2020, un informe de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU en la RD del Congo detalló la violencia en Ituri, afirmando que estos abusos pueden constituir "crímenes contra la humanidad."  En una actualización publicada en mayo, la Oficina informó además que entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2020, los asaltantes armados mataron al menos a 531 civiles en Ituri 375 de ellos fueron asesinados desde marzo, cuando la violencia se disparó.

Para SOFEPADI, la inseguridad se ha convertido en una gran preocupación, concretamente para sus clínicas móviles que llegan a los supervivientes en zonas remotas. Noella recordó que uno de sus equipos escapó por poco de un ataque en Mahagi, un territorio a 170 kilómetros al noreste de Bunia.

"Lo más preocupante en las zonas de conflicto es que las mujeres son las más afectadas", dijo Alifua.

Los primeros pasos hacia la justicia

Recientemente, la SOFEPADI ha añadido un nuevo segmento a sus actividades: la prestación de asistencia jurídica a las supervivientes y la formación de los agentes de la sociedad civil sobre el conjunto de leyes congoleñas que tipifican como delito la violencia sexual, así como la sensibilización de los miembros del poder judicial sobre la violencia sexual y de género.

"Es opcional; sólo ayudamos a los que quieren justicia. Cubrimos todos los costes legales de principio a fin", dijo Alifua. "Puede haber sentencias de los tribunales, pero los autores suelen ser personas que no tienen medios para pagar las reparaciones. Eso es desalentador para las víctimas".

Hasta ahora, SOFEPADI ha ayudado a presentar más de 1.500 casos contra presuntos autores en los tribunales. "También hemos obtenido sentencias, pero las reparaciones siguen siendo un problema", señaló.

Al ver que los resultados de los casos no siempre han sido favorables, algunas familias han optado por acuerdos extrajudiciales con los agresores.

Según Gloria Malolo, Oficial de Derechos Humanos con la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bunia, las indemnizaciones principalmente aportan cierto alivio a las víctimas de que el daño sufrido ha sido desagraviado, pero también refuerza la confianza de la población en el sistema de justicia.

“Esta es la lucha con la que se ha comprometido la Oficina Conjunta de Derechos Humanos, ya que si una víctima te cuenta desde el principio que no le interesa acudir ante un tribunal porque sabe que el daño sufrido no va a repararse, sabemos que esta persona no va a estar interesada en seguir”, explicó.

“Y esto representa un obstáculo para todo el sistema, el cual normalmente optaría por que la víctima recuperase todo lo que ha perdido, moral o físicamente, y sintiese que ha obtenido un resarcimiento de lo que ha soportado”.

En Bunia, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos asiste al poder judicial en la lucha contra la violencia sexual mediante la prestación de fondos que apoyan las investigaciones judiciales y los tribunales móviles, además de la provisión de protección a las víctimas y los testigos para que participen en los procesos de forma segura.

El apoyo de la Oficina en la lucha contra la impunidad no acaba con la emisión de fallos; la Oficina también aboga por que los tribunales y los agentes pertinentes busquen todas las vías legales posibles de resarcimiento cuando los agresores no pueden pagar indemnizaciones económicas.

En esta lucha contra la impunidad, SOFEPADI se encuentra entre los primeros puntos de partida para las víctimas que buscan justicia. El personal de Karibuni Wa Mama recopila datos médicos que refuercen los casos abiertos en los tribunales, con el objetivo de averiguar la verdad.

“Las víctimas empiezan en SOFEPADI. Ellas relatan los hechos de su suplicio y aportan elementos que permiten a SOFEPADI empezar a tratarles como pacientes.

Cuando las víctimas llegan con las marcas de sus lesiones, SOFEPADI puede expedir certificados médicos y sacar pruebas fotográficas que contribuyan a descubrir la verdad”, destacó Malolo.

“Posteriormente, el juzgado militar o civil empleará esos elementos para averiguar la verdad, puesto que los magistrados solo tienen la posibilidad de escuchar a las víctimas meses después de los sucesos”, añadió.

“Las huellas habrán desaparecido, e incluso cuando se trate de una violación, las lesiones habrán sanado. Aún así, todos los elementos recogidos por SOFEPADI, a nivel del primer contacto, permitirán al juez o al magistrado averiguar lo sucedido”.

Este artículo se publicó originalmente en ohchr.org el 30 de julio de 2020.