Las víctimas de violencia sexual en el conflicto de Ituri encuentran un espacio de sanación y justicia

El gran complejo alberga edificios pintados de colores llamativos. Los pacientes esperan su turno en silencio en los bancos de madera alineados en pasillos abiertos. Entre ellos, madres con recién nacidos y niños, señoras mayores y un hombre solo, taciturno y de edad indefinida, listos para reunirse con los terapeutas y el personal médico.

Se podría pensar que las personas que visitan el complejo padecen las dolencias normales que uno se encuentra en cualquier centro de salud del mundo. Sin embargo, todos estos visitantes esconden una historia desgarradora.

“Una noche, unos asaltantes desconocidos entraron en mi aldea. En ese momento, me encontraba fuera de la aldea y conseguí esconderme, pero, aun así, pude ver lo que sucedía. Los asaltantes mataron a mis hijos, a mi mujer y robaron todas nuestras pertenencias. Logré escapar y refugiarme en Bunia, donde recibí la ayuda de mi hijo para establecer un pequeño negocio pesquero”, pudo compartir un hombre.

“Me crucé con los atacantes de mi aldea otra vez en Bunia cuando regresaba de pescar. Me secuestraron y me llevaron a su campamento. Allí me obligaron a violar a dos mujeres, por turnos, día y noche. Si me negaba, me amenazaban y me golpeaban”, afirmó.

“Las mujeres y yo pasamos cuatro días así, sin mucho para comer. Un día, mis captores me mandaron a recoger agua en el bosque, y fue ahí cuando conseguí escapar y regresar a Bunia. No encontré a mi hijo aunque llegué al campamento IDP de Bunia. Aquí es donde vivo en la actualidad y donde me enteré de la labor que realiza SOFEPADI”.

El personal del centro médico Karibuni Wa Mama (Bienvenidas, madres) ayuda a curar muchas heridas, físicas y psíquicas, y va más allá de la curación de los supervivientes. La ONG Solidarité feminine pour la paix et le développement intégral (Solidaridad Femenina por la Paz y el Desarrollo Integral), SOFEPADI, gestiona el centro.

Veinticuatro mujeres de Bunia, Ituri, en la República Democrática del Congo, fundaron SOFEPADI hace 20 años. El primer objetivo era realizar campañas a favor de la paz y fomentar el empoderamiento y los derechos humanos de las mujeres. SOFEPADI pronto abrió otra oficina en Beni, Kivu del Norte, para unirse a la lucha contra la impunidad de la violencia sexual en ambas provincias. Hace diez años, expandieron sus actividades asumiendo la atención médica de las víctimas de violencia de género y sexual, actividad anteriormente ejercida por Médicos sin Fronteras en la región.

Un enfoque holístico de la curación

El personal de SOFEPADI ha adoptado un enfoque holístico a la hora de curar a los supervivientes. Un médico supervisa las visitas generales, la provisión de la profilaxis post-exposición al VIH y pruebas, así como la planificación familiar. Otra unidad ofrece atención psicosocial para tratar el trauma y la rehabilitación de las víctimas, mientras que otra ofrece formación profesional a los supervivientes que les ayude a independizarse económicamente.

“Estamos trabajando con desplazados internos dada la situación actual en Ituri. En 2019, atendimos a 1.305 víctimas de violencia sexual. La mitad eran desplazados internos”, afirmó Noella Alifua, una de las coordinadoras de SOFEPADI.

“Nos desplazamos al terreno con nuestras clínicas móviles y atendemos a los desplazados en el lugar donde han ido a parar. La mayoría de las personas a las que ayudamos son víctimas de violencia. Les brindamos tratamiento de forma gratuita gracias a los fondos de nuestros socios. Nuestro centro no genera suficientes ingresos para realizar otras actividades en el terreno”, añadió.

La guerra civil de la República Democrática del Congo finalizó oficialmente en 2003. Sin embargo, focos de conflicto permanecen en algunas regiones del país.

En Ituri, la violencia interétnica, que estalló en diciembre de 2017, ha causado centenares de muertes, graves violaciones de los derechos humanos, incluidos actos brutales de violencia sexual y el desplazamiento de medio millón de personas por todo Ituri y las provincias limítrofes. Cerca de 57.000 personas han buscado refugio en Uganda.

En enero de 2020, un informe de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo* detallaba la violencia de Ituri y afirmaba que estos abusos podrían constituir “crímenes contra la humanidad”. En una actualización publicada en mayo, la Oficina constató que entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2020 hombres armados mataron al menos a 531 civiles en Ituri, de los cuales 375 habían sido asesinados desde marzo, cuando la violencia se recrudeció.

Según SOFEPADI, la inseguridad se ha convertido en una preocupación importante, sobre todo para sus clínicas móviles que llegan a los supervivientes en zonas remotas. Noella recordó que uno de sus equipos escapó por poco de un ataque en Mahagi, un territorio situado a 170 kilómetros al nordeste de Bunia.

“Lo que es sumamente preocupante en zonas de conflicto es el hecho de que las mujeres son las más afectadas”, aseveró Alifua.

Los primeros pasos hacia la justicia

Recientemente, SOFEPADI ha añadido un segmento nuevo a sus actividades: la prestación de asistencia jurídica a los supervivientes y la formación destinada a agentes de la sociedad civil sobre el organismo de derecho congoleño que penaliza la violencia sexual, así como el aumento de la concienciación de los miembros del poder judicial sobre la violencia sexual y de género.

“Es opcional; ayudamos solo a quienes quieren justicia. Asumimos todos los costes legales de principio a fin”, alegó Alifua. “Puede haber sentencias de los juzgados, pero los agresores a menudo son personas que carecen de medios para pagar indemnizaciones. Este hecho es desalentador para las víctimas”.

SOFEPADI ha ayudado a interponer más de 1.500 demandas contra presuntos agresores ante los juzgados. “También hemos conseguido sentencias, aunque las indemnizaciones siguen siendo un problema”, señaló.

Al ver que los resultados de los casos no siempre son favorables, algunas familias han optado por los acuerdos extrajudiciales con los agresores.

Según Gloria Malolo, Oficial de Derechos Humanos con la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bunia, las indemnizaciones principalmente aportan cierto alivio a las víctimas de que el daño sufrido ha sido desagraviado, pero también refuerza la confianza de la población en el sistema de justicia.

“Esta es la lucha con la que se ha comprometido la Oficina Conjunta de Derechos Humanos, ya que si una víctima te cuenta desde el principio que no le interesa acudir ante un tribunal porque sabe que el daño sufrido no va a repararse, sabemos que esta persona no va a estar interesada en seguir”, explicó.

“Y esto representa un obstáculo para todo el sistema, el cual normalmente optaría por que la víctima recuperase todo lo que ha perdido, moral o físicamente, y sintiese que ha obtenido un resarcimiento de lo que ha soportado”.

En Bunia, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos asiste al poder judicial en la lucha contra la violencia sexual mediante la prestación de fondos que apoyan las investigaciones judiciales y los tribunales móviles, además de la provisión de protección a las víctimas y los testigos para que participen en los procesos de forma segura.

El apoyo de la Oficina en la lucha contra la impunidad no acaba con la emisión de fallos; la Oficina también aboga por que los tribunales y los agentes pertinentes busquen todas las vías legales posibles de resarcimiento cuando los agresores no pueden pagar indemnizaciones económicas.

En esta lucha contra la impunidad, SOFEPADI se encuentra entre los primeros puntos de partida para las víctimas que buscan justicia. El personal de Karibuni Wa Mama recopila datos médicos que refuercen los casos abiertos en los tribunales, con el objetivo de averiguar la verdad.

“Las víctimas empiezan en SOFEPADI. Ellas relatan los hechos de su suplicio y aportan elementos que permiten a SOFEPADI empezar a tratarles como pacientes.

Cuando las víctimas llegan con las marcas de sus lesiones, SOFEPADI puede expedir certificados médicos y sacar pruebas fotográficas que contribuyan a descubrir la verdad”, destacó Malolo.

“Posteriormente, el juzgado militar o civil empleará esos elementos para averiguar la verdad, puesto que los magistrados solo tienen la posibilidad de escuchar a las víctimas meses después de los sucesos”, añadió.

“Las huellas habrán desaparecido, e incluso cuando se trate de una violación, las lesiones habrán sanado. Aún así, todos los elementos recogidos por SOFEPADI, a nivel del primer contacto, permitirán al juez o al magistrado averiguar lo sucedido”.

30 de julio de 2020