Cuando Padeah fue atacada el 16 de febrero, fui sacada de mi pueblo junto con más de 20 mujeres y nuestros hijos. [Los atacantes] nos obligaron a transportar alimentos y otros artículos que habían saqueado en nuestro pueblo.  Nos golpearon y azotaron con palos hasta que llegamos a Mirmir Payam, donde fuimos violadas en varias ocasiones delante de nuestros hijos.  La mayoría de las mujeres se prestaron a ser violadas ya que tenían miedo de que [sus hijas] fueran violadas en lugar de ellas." 

Este relato de una superviviente de una violación en Padeah, Estado de Unity, Sudán del Sur, es uno de los numerosos testimonios recopilados por los investigadores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) tras la violencia contra civiles que tuvo lugar en la región desde febrero a mayo de 2022.

Las conclusiones de estas investigaciones se documentaron en un informe publicado en septiembre. Estas incluyen violaciones y abusos graves de la normativa internacional de derechos humanos así como violaciones graves del derecho humanitario internacional en el Estado meridional de Unity, en concreto asesinatos y lesiones, secuestros y violencia sexual, además de desplazamiento forzado y ataques contra instalaciones y personal de ayuda humanitaria.  El informe analiza 32 misiones de verificación llevadas a cabo en tres condados: Kohc, Leer y Mayendit, y en zonas vecinas.

El informe también revela que estas violaciones se cometieron durante choques entre las Fuerzas Gubernamentales y milicias armadas afiliadas por un lado, y por el otro, por elementos del Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (SPLM/A-IO (RM)), los cuales permanecen leales al anterior Vicepresidente Riek Machar.

Violaciones y abusos 

Al menos 28 pueblos y asentamientos resultaron afectados durante los enfrentamientos, donde se calcula que 173 civiles resultaron asesinados, 12 heridos, y 37 mujeres y niños secuestrados.  Muchas de las secuestradas fueron sometidas a violencia sexual, con un total de 131 casos de violaciones y violaciones de grupo documentadas, incluyendo niñas de edades tan tempranas como ocho años y una niña de nueve años de edad que fue violada en grupo hasta causarle la muerte.  Aproximadamente 44.000 civiles fueron desplazados de al menos 26 pueblos.

La zona meridonal del Estado de Unity ha venido sufriendo repetidamente choques violentos en los que están implicados fuerzas militares y milicias armadas desde el comienzo, en diciembre de 2013, de la lucha por el poder en Sudán del Sur entre el Presidente Salva Kiir Mayardit y el entonces Vicepresidente Riek Machar. En agosto de 2015 se firmó un primer acuerdo de paz, el Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. No obstante, este acuerdo fue violado en julio de 2016 como resultado de choques que se concentraron principalmente en la capital, Juba, lo que también condujo a un alineamiento diferenciado de las partes beligerantes con el Gobierno (SPLM-IG) o con la facción contraria leal a Riek Machar, el SPLM/A-IO.

Tras el más reciente Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur en septiembre de 2018, el Estado de Unity ha vuelto a una situación de relativa calma.  Esta paz tuvo no obstante una corta duración, debido a la reaparición de las tensiones entre el Gobierno y las fuerzas de la oposición en febrero de 2020.  El informe viene a señalar que, según distintos analistas políticos, las causas subyacentes de la violencia en el Estado de Unity son las tensiones políticas y rivalidades entre secciones diferentes del grupo étnico Nuer. 

Recomendaciones clave

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y UNMISS han identificado a nueve personas clave que se cree que son los mayores responsables de las violaciones cometidas entre febrero y mayo de 2022.  Estos órganos han instado al Gobierno de Sudán del Sur a abordar la falta de responsabilidad por crímenes conforme al derecho internacional y nacional, a la vez que recalcaron que este punto es vital para la resolución del conflicto prolongado en el Estado de Unity y para conseguir una paz duradera en Sudán del Sur.

"Se cometieron violaciones de derechos humanos con impunidad.  El Gobierno tiene la obligación en virtud del derecho internacional de proteger a los civiles, investigar acusaciones de violaciones de derechos humanos, y de exigir responsabilidades a los presuntos autores de conformidad con las normas internacionales relativas a un juicio imparcial," declaró el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNMISS, Nicholas Haysom.

Ambas organizaciones también apelaron al Gobierno de Sudán del Sur a adoptar medidas adecuadas para proteger a los civiles.

"El Gobierno de Sudán del Sur debe también garantizar que las investigaciones futuras sobre acusaciones de violaciones de derechos humanos se desarrollen de forma independiente, oportuna, minuciosa e imparcial, y que los autores rindan cuenta a través de juicios imparciales" afirmó la Jefa de la Subdivisión de África en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Maarit Kohonen Sheriff.

FIN