Expertos: Los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas deben ser protegidos, y no tratados como criminales

En el caso de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, defender los derechos, proteger sus tierras, cultura y forma de vida suele desembocar en acoso, acusaciones penales e incluso la muerte.

“Las poblaciones indígenas de Colombia corren peligro de exterminación física y cultural y a punto del genocidio, puesto que seguimos experimentando la naturaleza sistemática de la violación de los derechos de las poblaciones indígenas, pese a los acuerdos de paz”, advirtió Aida Quilcue Vivas, una asesora de derechos humanos de las Organizaciones Nacionales Indígenas de Colombia.

Vivas es miembro de los Nasa, uno de los 115 grupos de pueblos indígenas que viven en el país. Informó al Consejo de Derechos Humanos que los ataques continuos a las poblaciones indígenas equivalían a actos de genocidio. Vivas fue una de las ponentes que participó en un debate sobre la protección de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas durante el Consejo de Derechos Humanos.

Los ponentes debatieron sobre las diversas formas en las que estas “poblaciones extraordinarias que representan algunas de las comunidades más vulnerables del mundo ahora se ven amenazadas”, afirmó la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nasif.

“El desafío mundial de la COVID-19 está afectando desproporcionadamente a las poblaciones indígenas, lo cual destapa... las desigualdades estructurales preexistentes”, alegó. “Las poblaciones indígenas ya se encontraban en desventaja en cuanto a su salud y al acceso a una asistencia sanitaria de calidad antes de la pandemia. La crisis no ha hecho sino agravar la situación. Los informes sobre el aumento del conflicto y la invasión en tierras indígenas en los últimos meses indican otras consecuencias negativas para las poblaciones indígenas. Las consecuencias sociales y económicas a corto y largo plazo de la COVID-19 raramente mejorarán sus vidas”.

Uno de los motivos por los que los ataques y asesinatos de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas prevalecen tanto es que los autores gozan de impunidad casi absoluta, explicó Andrew Anderson, Director Ejecutivo de Frontline Defenders, una organización sin fines de lucro que ayuda a proteger a los defensores de derechos humanos.

“De hecho, hemos registrado el asesinato de 240 defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas en los últimos tres años, lo que representa una cuarta parte del total de defensores de derechos humanos asesinados en el mundo”, aseveró Anderson. “Una estadística increíblemente elevada dado que las poblaciones indígenas constituyen solo un 5 por ciento aproximadamente de la población mundial”.

El fondo de muchas de estas disputas radica en las tierras. Las poblaciones indígenas se encuentran una y otra vez con sus territorios y lugares ancestrales repartidos y vendidos, pero con escasa o ninguna consulta. Aquellos que se resisten son tratados despiadadamente, y muchos se quedan sin hogar o resultan asesinados.

Ese es el caso de las poblaciones pigmeas de la República Democrática del Congo, relató Joseph Itongwa, Presidente de la Red de pueblos indígenas para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales en la República Democrática del Congo.

“Varias amenazas externas pesan sobre estas tierras indígenas, a menudo caracterizadas por casos de despojo de tierras que suelen ir acompañados de violencia, expropiaciones y traslados forzosos, conflictos por tierras y expulsiones de las poblaciones pigmeas de sus tierras, sin su consentimiento ni consulta”, relató Itongwa. Exhortó al gobierno de la República Democrática del Congo a que aplique el derecho nacional e internacional de los derechos humanos, del cual es signatario.

Las poblaciones indígenas que intentan defender sus derechos a menudo son tratados como delincuentes, señaló Vivas. Su organización ha documentado más de 10.000 casos de victimización y actos violentos contra los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, y muchos se produjeron durante las protestas, comentó.

“Por eso mismo también quiero aclarar que como nos hemos visto obligados a echar mano de la resistencia para hacer valer nuestros derechos, la estrategia de los gobiernos es la de tratarnos —a las poblaciones indígenas, los estudiantes y la sociedad civil— como terroristas o delincuentes”, aseguró Vivas.

Por tanto, los Estados deben hacerse más responsables a la hora de proteger las vidas de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, aclaró Victoria Tauli-Corpuz, miembro de las poblaciones Kankanaey Igorot de Filipinas y antigua Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. En referencia a un informe, que presentó al Consejo en 2018, Tauli-Corpuz formuló varias recomendaciones de actuación para los Estados, que incluyen, entre otras, realizar investigaciones imparciales y oportunas para ofrecer indemnizaciones efectivas a las víctimas de criminalización y asesinatos extrajudiciales, así como promulgar leyes que apoyen expresamente la protección de los defensores de derechos humanos.

Asimismo, instó a las empresas que pretenden trabajar en zonas indígenas a adoptar los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos como referencia ética. “Deberían establecerse más diálogos constructivos entre las poblaciones indígenas y los estados, así como el sector privado, a todos los niveles, desde el local hasta el nacional y el internacional. Y si el sector privado, por ejemplo, está implicado, también debe contarse con procesos que instalen para dar cabida a ese tipo de diálogo”, concluyó.

12 de octubre de 2020