El dictamen del tribunal calificó de hito en la justicia ambiental

En lo que se ha denominado un hito positivo para la justicia ambiental, un asentamiento de Kenia ha ganado el equivalente a 13 millones de dólares americanos en compensación por el daño al medioambiente y la salud de una comunidad afectada por envenenamiento mortal por plomo. 

El tribunal de Mombasa concedió la indemnización a los residentes del asentamiento de Owino Uhuru por las muertes y consecuencias para la salud causadas por envenenamiento por plomo procedente de una fundición adyacente para el reciclado de baterías.  La sentencia, dictada por un juez del Tribunal de Tierras y Medioambiente el 16 de julio de 2020, establecía que se habían infringido los derechos de la comunidad a un entorno saludable, al más alto nivel posible de salud, a agua potable, y a la vida, y ordenaba al gobierno keniano y a dos empresas al pago de indemnizaciones.  

"Nos emocionamos mucho," declaró Phyllis Omido, fundadora y directora del Centro para la Justicia, Gobernanza y Acción Ambiental (CJGEA, según sus siglas en inglés).    "Habíamos presentado pruebas muy sólidas al tribunal, pero al estar demandando al gobierno y empresas, no estabámos seguros del veredicto y de si el juez sería lo bastante valiente y atrevido para impartir justicia."

El tribunal también ordenó al Gobierno y las empresas a limpiar el terreno, el agua y los residuos, so pena de una suma adicional de 7 millones de dólares americanos a pagar a CJGEA para coordinar la limpieza medioambiental. 

La sentencia llega cuatro años después de que CJGEA presentara una demanda colectiva en representación de los 3.000 residentes que viven en Owino Uhuru. También se adelanta al décimo aniversario de la histórica Constitución y Carta de Derechos de Kenia, la cual defiende de forma específica el derecho a un entorno limpio y saludable, y establece la aplicación legal de derechos medioambientales.

Una década haciendo campaña por la justicia

La planta de fundición de plomo y reciclado de baterías lindaba con la comunidad de Owino Uhuru. La manipulación deficiente de los materiales así como los equipos de seguridad poco adecuados de los empleados (quienes eran a menudo residentes) produjo como resultado muertes y enfermedades graves relacionadas con el envenenamiento por plomo. Omido, antigua empleada, comenzó su campaña por el cierre de la planta después de que su bebé se pusiera gravemente enfermo por envenenamiento por plomo.

Durante casi una década, Omido y otros activistas de la comunidad lucharon contra la presencia y efectos del plomo en la comunidad.  CJGEA fue fundada como una solución para organizar mejor esta lucha además de otras causas medioambientales, indicó ella. El grupo organizó protestas, escribió cartas y presentó reclamaciones, escritas y verbales, a funcionarios medioambientales del gobierno local y nacional, en un esfuerzo por cerrar la planta y conseguir reparaciones para los que habían resultado afectados por el envenenamiento por plomo.  En 2014, la planta fue obligada finalmente a poner fin a sus actividades, pero el daño, en forma de altos niveles de plomo registrados en la comunidad, perduró.

Omido y otros defensores de derechos humanos ambientales continuaron haciendo campaña para el reconocimiento de los daños, la necesidad de una limpieza y por la justicia ambiental.  Como resultado, los defensores han recibido amenazas por parte de matones, han sido detenidos por la policía y obligados a esconderse.  Pero con la colaboración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Kenia, Omido afirmó que ella y otros habían podido continuar con su lucha.

"ACNUDH es el único socio internacional que de forma real y directa financió la demanda," explicó.  "También nos ayudaron a hacer un seguimiento y documentar nuestro caso. Nos apoyaron cuando los testigos fueron acosados, intimidados y asustados, llegando incluso a enviar un equipo a la comunidad, consiguiendo de este modo reforzar la confianza de la comunidad. Sin ACNUDH, nos habríamos rendido, en muchas ocasiones."

 "Desde los tiempos de Wangari Maathai, activistas han luchado por proteger el derecho a un entorno limpio y saludable en Kenia," explica Claris Ogangah, oficial de derechos humanos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Kenia. "La confirmación de este derecho por parte del tribunal es un paso importante en la dirección correcta."

Continúa la lucha por los derechos humanos relacionados con el medio ambiente

Cinco de los siete demandados han presentado recursos de apelación. No obstante, a pesar de las apelaciones, Omido declaró que la sentencia supone una victoria importante para la justicia ambiental, una referencia para otros defensores de derechos humanos ambientales y una reivindicación personal.

"Al final estaba claro que mi denuncia sobre este caso era verdad," destacó.  "Significa que todo nuestro trabajo es válido y que el acoso que sufrimos, las detenciones, y la intimidación, fueron un error.   Significa que se hace justicia tras mucho dolor y sufrimiento."

La labor de Omido en justicia ambiental la llevó a crear una red de defensores de de derechos humanos ambientales en Kenia. La red de Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente ha sido supported by UN Human Rights in Kenya. Las acciones por parte de miembros de este grupo han conducido ya al cierre de cerca de 10 fundiciones de residuos tóxicos del Gobierno en Kenia durante los últimos 5 años. 

"Las cuestiones relacionadas con los derechos humanos ambientales siguen en aumento, y mientras siga este problema, seguiré teniendo trabajo por hacer," afirmó Omido. "Seguimos teniendo una sociedad injusta, en especial en gobernanza y derechos humanos ambientales."

7 de septiembre de 2020