"Yo soy bióloga, y usar un planteamiento basado en los derechos humanos y la justicia es un campo nuevo para mí.  Pero aunque no sea este lenguaje el que solemos utilizar, sí se trata del trabajo que venimos realizando," explicó Nicole Leotaud, Directora Ejecutiva del Instituto Caribeño de Recursos Naturales (CANARI, según siglas en inglés).  "Es imposible no tener en cuenta cuestiones de equidad, justicia y derechos humanos cuando trabajas con interesados sobre el terreno, con personas vulnerables y marginadas, y cuando escuchas sus historias y ves las dificultades a las que se tienen que enfrentar."

Leotaud asistió a la 4^ª Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS4) la cual tuvo lugar en Antigua y Barbuda en mayo pasado, bajo el ambicioso tema de "Trazando el Rumbo Hacia una Prosperidad Sólida."      El objetivo de la Conferencia aspiraba a evaluar la capacidad de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, según siglas en inglés) para lograr el desarrollo sostenible, incluyendo la Agenda 2030. En esta conferencia se reunieron funcionarios del gobierno, la sociedad civil, expertos y expertas, además de varios organismos de las Naciones Unidas, incluyendo a Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

CANARI es una organización que promueve y facilita la participación y colaboración de diferentes interesados en la custodia de recursos naturales renovables que son vitales para el desarrollo en las Islas del Caribe.

"Una biodiversidad y ecosistemas saludables son clave para el desarrollo de la vida.  Nuestra labor consiste en apoyar la participación de las personas en las decisiones sobre cómo estos recursos naturales se utilizan de una forma sostenible, cómo se conservan, se protegen y se restauran," declaró Leotaud. "En el Caribe, sentimos una conexión cultural real con la naturaleza."

El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Türk ha resaltado en numerosas ocasiones que los derechos humanos ofrecen una hoja de ruta para el cambio transformador que hemos de poner en marcha para hacer las paces con la naturaleza, con el fin de conservar de esta manera nuestro planeta y nuestro futuro.

"El marco de los derechos humanos es universal.  Este nos conmina a actuar.  No por miedo, sino en interés de un compromiso por conseguir soluciones, las cuales estén arraigadas en la justicia y la dignidad humana.  Soluciones que funcionen de verdad," afirmó Türk a la vez que se dirigía a Instituciones Nacionales de Derechos Humanos durante una conferencia el año pasado.

Derechos Humanos de las Naciones Unidas aboga por un enfoque basado en los derechos humanos sobre el cambio climático y para crear resiliencia en las sociedades, colaborando con una amplia gama de asociados con el fin de integrar los derechos humanos en las leyes y políticas medioambientales.  La Oficina apoya también la participación de la sociedad civil y de personas afectadas en los debates y toma de decisiones en materia medioambiental, defendiendo un acceso real a información y a reparaciones, así como ofreciendo apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos en cuestiones medioambientales.

"Debemos seguir avanzando a partir de los considerables progresos que se han conseguido en el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible: promoviendo su reconocimiento en los marcos legales nacionales, regionales e internacionales; con la ratificación de instrumentos existentes en materia de derechos humanos y medioambiente a la vez que se considera la introducción de otros nuevos; además de la incorporación de mecanismos y políticas eficaces para hacer realidad este derecho," aseveró Türk en su declaración de su visión, “Human Rights: A Path for Solutions.”

Los avances conseguidos en el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible pueden observarse en ejemplos como el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional de derechos humanos medioambientales de América Latina y el Caribe.    Un pacto pionero que reconoce el derecho a un medioambiente saludable, a asegurar la participación pública, el acceso a información, y el acceso a la justicia además de mejorar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos medioambientales.  El Acuerdo de Escazú se convirtió en una realidad en abril de 2021 y ha sido ratificado por 16 de los 25 países, incluyendo a ocho Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en el Caribe:   Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, además de San Vicente y las Granadinas.

Leotaud es una de las seis representantes que fue elegida a través de un proceso abierto al público con el objeto de promover, apoyar y facilitar la participación del público en el Acuerdo de Escazú.  

"Nos hemos centrado en hacer partícipes a la sociedad civil y las comunidades en primera línea sobre el terreno del Caribe para que comprendan en qué consiste el Acuerdo, para que entiendan estos derechos y cómo pueden hacer uso de este Acuerdo para conseguir respaldo para su trabajo y hacer frente a los problemas que aparecen," detalló Leotaud.

El Acuerdo viene a resaltar la relevancia que tienen los defensores y defensoras medioambientales, algo que cobra importancia ya que muchas personas en el Caribe creen que esta región no está enfrentada a los defensores de derechos humanos medioambientales, aunque el trabajo sobre el terreno muestra una realidad bien distinta, añadió Leotaud.

"Necesitamos en primer lugar un reconocimiento de la realidad sobre el terreno, del trabajo que estos defensores y defensoras vienen realizando, de los problemas a los que se enfrentan y de cómo podemos mostrar nuestra solidaridad para echarles una mano," aseguró Leotaud.

"Durante la conferencia, hubo un consenso generalizado sobre el hecho de que los SIDS están atrapados en un fuego cruzado de múltiples crisis, entre ellas la escasez de agua y la inseguridad alimentaria, el aumento del nivel del mar, las sequías, y una urgencia cada vez más crítica de medidas y financiación en materia medioambiental y para paliar el cambio climático.  Los desastres provocados por el cambio climático se han duplicado en dos décadas," afirmó Juana Sotomayor, Asesora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las Bahamas.

"Las Naciones Unidas tienen el compromiso de apoyar a las islas en su búsqueda de un futuro más resiliente y sostenible," señaló Li Junhua, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales en Naciones Unidas.  "Puede que estas islas estén en un lugar remoto geográficamente hablando, pero sus problemas no son exclusivamente suyos."

Todos nosotros y nosotras debemos tomar parte en la acción climática

"Nuestros esfuerzos deben dar prioridad a las necesidades de los más vulnerables entre nosotros.  Las mujeres, los jóvenes, los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, así como otras comunidades marginadas, deben situarse en el centro de nuestras estrategias contra el cambio climático," declaró Molwyn Joseph, Ministro de Salud, Bienestar, Transformación Social y Medioambiente en Antigua y Barbuda, durante sus observaciones inaugurales en un evento paralelo organizado por CANARI y Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante la SIDS4.

"Según afirman las Naciones Unidas, las mujeres y los niños tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres durante un desastre," indicó Joseph. 

Joseph agradeció a CANARI y a Derechos Humanos de las Naciones Unidas por haber reunido a autoridades, la sociedad civil y las Naciones Unidas en este evento paralelo a la SIDS4, al tiempo que procuran adoptar un enfoque "abarcando a todo el conjunto de la sociedad" a la hora de enfrentarse a la crisis climática.

Para Leotaud, la lucha contra el cambio climático no atañe solamente a comunidades que sufren las consecuencias directas del cambio climático.

"Se trata de las vulnerabilidades e injusticias adicionales que [estas personas] han de padecer.  Ya sea por cuestión de su raza, o de la pobreza, o que el legado del colonialismo en el Caribe es muy real.  Ya sea por el género, por cuestiones de LGBTQ+, por ser personas con discapacidades," sostuvo ella.

Las organizaciones de la sociedad civil en el Caribe publicaron una serie de recomendaciones con anterioridad a la conferencia SIDS4, una de las cuales es que se considere que los derechos humanos y el acceso a la justicia han de ser pieza central del desarrollo.

"Hubo un enérgico llamamiento de parte de la sociedad civil al reconocimiento del derecho a un entorno seguro y saludable, así como a un enfoque interdisciplinar que abarque a todas las cuestiones de derechos humanos para que de ese modo podamos tener un entendimiento mucho más complejo de los problemas, las necesidades y las soluciones," explicó Leotaud.

"Los Pequeños Estados Insulares han de soportar una crisis climática que ellos no crearon y que tampoco pueden hacer frente ellos solos," aseguró Türk. Debemos asegurar una financiación de la lucha contra el cambio climático basada en los derechos humanos, y procurar que se hagan realidad los compromisos de los SIDS según el Programa de Antigua y Barbuda, y que también que quede protegido el derecho a un medioambiente saludable para todas las personas."