Los expertos reconocen que la violencia sexual y de género equivale a la tortura

Daniela Aguirre Luna ha comprobado la diferencia que implica el reconocimiento de la violencia sexual y de género (SGBV) como una modalidad de tortura.

Esta abogada de derechos humanos que colabora con el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez de México, ayudó a incoar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres que fueron víctimas de la SGBV cuando se hallaban en manos de las autoridades policiales. Las mujeres eran algunas de las supervivientes de un grupo de manifestantes que sufrió la represión policial durante la protesta que tuvo lugar en la región de San Salvador Atenco, en 2006. Durante la manifestación, 47 mujeres fueron arrestadas y muchas de ellas fueron víctimas de abusos sexuales mientras estaban detenidas.

En 2018, la Corte decidió que las demandantes habían sido sometidas a torturas y condenó al Gobierno por vulneraciones graves de derechos humanos contra las mujeres, entre otras, por arresto arbitrario, tortura sexual y psicológica y denegación de acceso a la justicia.

Según Aguirre, el reconocimiento de que los malos tratos infligidos a esas mujeres, entre los que hubo actos de violencia sexual y de género, equivalían a formas de tortura, ejerció un efecto profundo, no solo sobre las 11 supervivientes, sino también en otras personas que han vivido situaciones similares. 

“Esas mujeres revelaron una situación hasta entonces invisible [al poner de relieve] que había en prisión otras mujeres… que habían sobrevivido a tratos equivalentes a la tortura”, afirmó Aguirre. “El reconocimiento de esta condición no se dirigía únicamente a ellas, no solo a las supervivientes de Atenco, sino también a las demás mujeres, que todavía estaban recluidas. Esa decisión les dio visibilidad a las supervivientes de torturas sexuales”. 

El esfuerzo por lograr el reconocimiento de que la SGBV puede ser equivalente a la tortura, en particular cuando el Estado es cómplice de esos actos o no logra investigarlos y procesarlos judicialmente, o no protege y apoya a las supervivientes, fue el centro de atención de un taller de dos días de duración auspiciado por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. El taller congregó a profesionales, expertos y supervivientes del mundo entero a fin de debatir sobre las necesidades específicas de rehabilitación y reparación de las supervivientes que han sido víctimas de violencia sexual y de género.

La importancia de que se haya reconocido que la SGBV puede equivaler a una forma de tortura es decisiva, dijo Gaby Oré Aguilar, miembro del Consejo de Administración del Fondo. En el plano internacional, una decisión de este tipo acarrea a los Gobiernos obligaciones específicas hacia las víctimas, entre otras la de otorgar rehabilitación y reparación a las supervivientes, señaló Aguilar. 

“La medida obliga a los Estados a erradicar la SGBV, pero también los hace responsables de proporcionar servicios adecuados de rehabilitación para las víctimas de actos que son equivalentes a la tortura”, añadió.

Por su parte, la codirectora de Validity, Ann Campbell, señaló que la decisión facilita a particulares y organizaciones la tarea de defender los derechos de las víctimas. Validity es una ONG internacional que utiliza el derecho a fin de garantizar la igualdad, la inclusión y la justicia a las personas con discapacidades mentales. En su opinión, el reconocimiento de que determinados casos de SGBV equivalen a actos de tortura podría facilitar el acceso de sus clientes a los tribunales. 

“Si los actos de SGBV cometidos contra las personas con discapacidad mental fueran reconocidos como modalidades de tortura, eso nos facilitaría la tarea de presentar denuncias penales en nombre de los afectados, acceder a los servicios de apoyo a las víctimas de la tortura, incluso a los programas de compensación y rehabilitación, y aprovechar la prohibición legal de la tortura para incoar procedimientos judiciales y obtener reparación en los tribunales”, afirmó Campbell.

Durante casi 40 años el Fondo ha prestado asistencia a las víctimas de la tortura y a sus familiares, con miras a que puedan reconstruir sus vidas. Esta labor se lleva a cabo mediante la prestación de remedios inmediatos y accesibles, gracias a la concesión de donativos a las organizaciones encargadas de proporcionar la ayuda.

Este año, el Fondo apoyará a 155 proyectos en 77 países y prestará asistencia a 40.000 víctimas de la tortura. Aunque el Fondo siempre ha sostenido que es preciso apoyar a las víctimas de la SGBV, este año la tarea recibirá especial atención. El Fondo apoyará a 76 proyectos que facilitan rehabilitación y reparaciones a víctimas de la SGBV, lo que representa casi la mitad de los proyectos financiados este año. 

Oré declaró que esta renovada atención era una medida necesaria. En su opinión, la multiplicación, en el plano mundial, de los conflictos en los que cada vez se usa más la SGBV, genera un número mayor de víctimas necesitadas de apoyo. 

“Por desgracia, la SGBV está muy generalizada… y reconocerla como una modalidad de tortura nos ayuda realmente a satisfacer las necesidades específicas de quienes que la han padecido”, dijo Oré.  “Albergo la esperanza de que esas víctimas de la SGBV reciban más atención y que se respeten sus derechos a la reparación y la rehabilitación”.

Si su organización ayuda a las víctimas de la tortura, infórmese aquí sobre cómo formular una solicitud al Fondo de Contribuciones Voluntarias.

¿Desea contribuir con la asistencia que el Fondo proporciona a más de 40.000 víctimas de la tortura y a sus familiares? Aquí puede realizar un donativo.

15 de abril de 2019