Australia: vulnerados los derechos de dos ciudadanos sordos

Como muchas otras personas que viven en Australia, M.L. recibió una notificación para servir en un jurado. M.L. recibió con agrado la oportunidad de prestar servicio y le comunicó al alguacil de Nueva Gales del Sur que estaba disponible, pero que necesitaría un poco de ayuda para desempeñar esa función. M.L. es sordo y necesita un sistema de transcripción simultánea para comunicarse con otras personas en un contexto formal.

A G.M. también la citaron para prestar servicio en un jurado de Nueva Gales del Sur y también estaba dispuesta a servir. Pero en su condición de persona sorda, solicitó la ayuda de un intérprete de lenguaje de signos para poder participar en las vistas. G.M. le comunicó al alguacil este particular y también a ella se le denegó la posibilidad de servir. En la oficina del alguacil le dijeron que la presencia de un intérprete a su disposición, “socavaría la confidencialidad de las deliberaciones, por la presencia de una persona que no sería miembro del jurado”.   

Tanto M.L. como G.M. estuvieron en desacuerdo con esas decisiones y las denunciaron ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un esfuerzo por defender sus derechos, que consideraban habían sido violados. Este mes, el Comité les dio la razón.

“Los Estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como es el caso de Australia, tienen la obligación de realizar ajustes razonables para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar o ejercer los mismos derechos que todas las demás y puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida”, declaró el miembro del Comité, Damjan Tatic. “En estos casos no se procedió así”.

El Comité llegó a la conclusión de que el gobierno australiano no había aportado ninguna prueba de que el hecho de proporcionar un intérprete del lenguaje de signos o un sistema de transcripción simultánea habría afectado la complejidad, el costo o la duración de los juicios, hasta tal punto que hubiese podido constituir una carga indebida para el Estado. Y si bien es preciso respetar la confidencialidad de las deliberaciones del jurado, Australia tampoco aportó prueba alguna de que una persona que facilitara la interpretación o transcripción simultánea no hubiera podido realizar esas tareas gracias a un arreglo especial, por ejemplo, mediante un juramento ante el tribunal.

“Es la primera vez que el Comité emite un dictamen sobre el derecho de las personas con discapacidad a servir en un jurado”, afirmó Tatic.

En su recomendación, el Comité declaró que Australia debería velar por que cada vez que a una persona con discapacidad sea convocada para servir de jurado, “se lleve a cabo una evaluación exhaustiva, objetiva y de amplio espectro de sus peticiones de ajuste y se le faciliten todos los arreglos razonables”.

Tatic dijo que si un Estado asume seriamente el principio de la igualdad para todos sus ciudadanos, entonces la idea de accesibilidad debe aplicarse a todos los ámbitos de la vida.

“La incapacidad de participar equivale a un mensaje, en el sentido de que una persona sorda vale menos que sus demás conciudadanos”, señaló. “Estamos sentando un precedente importante y enviando un mensaje nítido, en el sentido de que las personas discapacitadas tienen derecho a participar en la vida pública de su país. En algunos países, servir en un jurado constituye una parte importante de esa vida pública”. 

Australia dispone de seis meses para responder por escrito al Comité e informar de las medidas que haya adoptado en aplicación de estas recomendaciones.

16 de mayo de 2016