Quemar la casa

El hogar. El lugar que nos abriga. Nos protege. Allí donde crecemos. Donde soñamos.

Pero nuestra casa es pasto de las llamas. Y los pirómanos somos nosotros mismos.

Esparcimos las astillas de la codicia. Arrojamos el combustible del consumo rapaz. Atizamos las llamas con la escasa regulación, la confusión deliberada de los hechos y una cruel indiferencia hacia los ecosistemas, las especies y, cómo no, hacia las personas que están más cerca del fuego. Nuestro hogar, nuestro único hogar, la Tierra, es pasto de las llamas. Y apenas nos hemos movido de nuestros cómodos y mullidos sillones para apagar el incendio.   

En estos momentos, los dirigentes del mundo negocian febrilmente en París un acuerdo mundial dotado de compromisos vinculantes que, por fin, empiece a apagar el fuego del cambio climático.

Los Jefes de Estado reunidos en París han pronunciado declaraciones audaces, esperanzadoras e incluso ambiciosas, con el respaldo de un grado de voluntad política sin precedentes en negociaciones relativas al clima. Pero las dificultades son evidentes. Estamos lejos de los compromisos que podrían limitar el calentamiento mundial a 2 grados centígrados (y aún más distantes del límite de 1,5 grados), muy lejos también de alcanzar un compromiso sobre los 100.000 millones de dólares necesarios para financiar esas medidas sobre el clima, hay renuencia a incorporar los derechos humanos al texto ejecutivo del acuerdo y la participación de la sociedad civil en las negociaciones se ha visto limitada e incluso ha sido reprimida.

Habida cuenta de lo que está en juego, la aplicación de medidas urgentes y eficaces es sin duda un imperativo moral. Pero, además, es una obligación jurídica. He aquí la razón:

En primer lugar, ya sabemos que el cambio climático es un fenómeno producido por la acción humana. Sabemos que no es un accidente de la naturaleza, sino el resultado de las decisiones que hemos tomado los seres humanos, tanto en la esfera pública como en la privada. El uso de combustibles fósiles, las tecnologías destructivas, los esquemas de consumo insostenibles, la continua militarización del mundo: todas estas actividades humanas están deteriorando el clima y, por consiguiente, impiden la realización de los derechos humanos para todos nosotros.

En segundo lugar, ahora sabemos que el cambio climático tiene ya repercusiones devastadoras sobre una amplia gama de derechos humanos –los derechos a la alimentación, el agua, el saneamiento, la vivienda adecuada y la salud- que la comunidad internacional garantiza a millones de personas. Para quienes viven en los pequeños Estados insulares, incluso el derecho a la autodeterminación está en peligro, a medida que la subida del nivel del mar amenaza con tragarse al país. Y hasta el mismo derecho a la vida les ha sido arrebatado a demasiadas personas por los estragos del cambio climático.

En tercer lugar, el derecho internacional de los derechos humanos impone a todos los Estados la obligación jurídica de adoptar las medidas necesarias, de orden legal, político, institucional y presupuestario, para proteger de esos daños a los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de prevenir esos perjuicios mediante la regulación de las prácticas medioambientales, el procesamiento de quienes las violan, la protección de las comunidades vulnerables y el resarcimiento en los casos en que los daños lleguen a producirse.

Es evidente que vivimos en una época de incumplimiento generalizado de esas obligaciones. Debemos poner fin a esa transgresión.

La igualdad y la equidad son también principios de derechos humanos. Sabemos que quienes menos han hecho para causar esta amenaza son, sin embargo, los que más padecen sus efectos negativos. Y son, además, quienes disponen de menos recursos para adaptarse con el fin de sobrevivir.

Los pobres, los pueblos indígenas, los agricultores y pescadores modestos, las comunidades minoritarias y las personas que viven en los países menos avanzados, todos ellos necesitan desesperadamente la solidaridad y el apoyo, en particular de quienes disponen de más recursos y más han contribuido al cambio climático. 

Todos los seres humanos tienen a la vez interés en ayudar a apagar este incendio y la responsabilidad de hacerlo. ¿Pero, a estas alturas, no resulta una perogrullada moral afirmar que, al determinar la responsabilidad específica de cada uno, el grado de contribución al daño y la capacidad de contribuir a su solución son factores pertinentes e incluso decisivos?

Las soluciones basadas en el principio de justicia climática  entrañarán la rendición de cuentas y la reparación de los perjuicios; la protección y el empoderamiento de los vulnerables; la participación libre, activa y significativa de la sociedad civil y las comunidades afectadas; y la no discriminación y la equidad en materia de políticas relativas al clima.

Para cumplir con estas obligaciones de derechos humanos, los Estados deben actuar ahora, mediante leyes más firmes, regulaciones más eficaces del sector privado, protección jurídica, impuestos sobre el carbono y otros ajustes significativos para incentivar las estructuras y, en general, tomar medidas deliberadas y concertadas por todos los gobiernos, tanto de carácter individual como colectivas, para hacer frente a esta amenaza. En el plano mundial, esto significa alcanzar acuerdos sobre los objetivos más ambiciosos posibles a fin de mantener las emisiones nocivas al medio ambiente por debajo del nivel que generaría un aumento de 1,5 grados centígrados de la temperatura mundial, tal como exigen más de 100 países y la población mundial en general. Y significa también asignar los recursos necesarios para hacer que el desarrollo se adapte y asuma un curso más sostenible, lo que abarca la ayuda a los países en desarrollo en lo tocante al cambio climático.  

El mundo espera hoy que los dirigentes congregados en París logren avanzar en este programa. Se han planteado cláusulas esenciales que obligarían a los Estados a aplicar el acuerdo en ciernes de un modo que sea coherente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y a incorporar plenamente las normas de derechos humanos en todas las medidas orientadas a la respuesta, adaptación y atenuación del cambio climático.

Esta oportunidad no debe desaprovecharse.

Dejemos que los dirigentes del mundo hagan frente a este reto en París, con el grado de resolución que corresponde a la amenaza. Porque este es su hogar, tanto como es nuestro. Y el incendio se está propagando.

3 de diciembre de 2015