Los emigrantes tienen derechos humanos que es preciso proteger

Los derechos de los trabajadores migratorios se violan habitualmente y con mayor frecuencia cuando su situación migratoria es irregular, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“No solo se les niega a menudo la protección más básica en materia de trabajo, seguridad personal, garantías de proceso justo, atención médica y, en el caso de sus hijos, educación, sino que también pueden ser objeto de abusos en las fronteras internacionales, incluso de arresto prolongado o malos tratos. Y en determinados casos, corren el riesgo de ser víctimas de tráfico de personas, esclavitud, agresión sexual o asesinato”, declaró el Alto Comisionado.

Zeid habló en una mesa redonda de debates que se realizó con motivo del 25º aniversario de la Convención sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, en la que no solo se examinaron las tendencias en materia de migración, sino que también se recabaron las opiniones de los países de destino de los emigrantes en relación con los problemas que plantea la protección de los derechos de esas personas.  

Ratificadas únicamente por 48 Estados, las normas estipuladas para proteger a los migrantes han recibido poca adhesión en el mundo, aunque existen pruebas de que la migración ha contribuido al desarrollo económico y ha garantizado las tasas de natalidad esenciales para los países cuya población envejece.

Michele LeVoy, directora de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados, señaló que más de 30.000 refugiados y migrantes han muerto desde el año 2000 en el intento de llegar a Europa o de permanecer en ese continente. En 2014, más de 276.000 personas ingresaron ilegalmente en la Unión Europea (UE), lo que representa un aumento del 159% en relación con 2013. Pero ningún Estado Miembro de la UE ha ratificado la Convención sobre los trabajadores migratorios, afirmó la Sra. LeVoy. 

“La aplicación de criterios estrictos de reunificación familiar y la insuficiencia de los canales de inmigración regular son los factores decisivos en el tráfico de seres humanos”, dijo la Sra. LeVoy, el evocar la imagen del niño Aylan Kurdi como símbolo mundial de la crisis política en torno a la migración. “La prioridad en materia de seguridad en el contexto de la migración conduce a violaciones de los derechos humanos, incluso al arresto de menores y a la reducción de los servicios sociales”.

Diego Lorente Pérez de Eulate, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, de Córdova Tapachula en Chiapas (México), también hizo hincapié en la precaria situación de los niños migrantes, en particular en los tres países que forman el triángulo septentrional de América Central (El Salvador, Honduras y Guatemala), así como en México, que los empuja a arrostrar peligros a lo largo de todo el desplazamiento e incluso al llegar a su destino.

Asimismo, Pérez de Eulate señaló que las políticas deficientes relativas a la protección de los derechos de los niños y la corrupción en las estructuras estatales, la pobreza, la carencia de sistemas educativos, los altos índices de asesinato y abuso de menores en los países de origen son factores que contribuyen a la migración infantil irregular, tanto de menores que viajan solos como de los que van acompañados.

Al llegar a Estados Unidos, los niños emigrantes de América Central se enfrentan a la detención y la deportación sistemáticas, sin proceso judicial. Los menores están sujetos a deportación si no logran sustanciar su petición de asilo y aun los niños nacidos en Estados Unidos pueden verse separados de su familia cuando sus padres indocumentados son deportados.

“En 2013, fueron arrestados 17.240 menores y todos fueron sujetos a deportación; 740 quedaron bajo la custodia de las autoridades”, agregó. “Se calcula que cada año alrededor de 152.000 niños estadounidenses se ven privados de uno de sus padres a causa de la deportación”.

Mustafa Qadri, de Amnistía Internacional, insistió en la necesidad urgente de reforma en los Estados del Golfo Pérsico. El sistema de patronato denominado kafala que se usa para contratar a trabajadores inmigrantes ha propiciado un contexto de trabajo forzado, afirmó, y el miedo a ser arrestados y deportados pesa sobre los obreros que tratan de abandonar el servicio de los patrones que cometen abusos.

“Por consiguiente, deberíamos detenernos ahora a pensar no sólo en la importancia de la Convención para asegurar los derechos de los trabajadores migratorios, sino también en la necesidad de dinamismo y colaboración permanentes para asegurar que millones de trabajadores migratorios en el [Consejo de Cooperación del Golfo] reciben la dignidad, el respeto y la protección que merecen”.

Las dificultades de los Estados para afrontar la crisis

Filipinas es el país de origen de un gran número de trabajadores que emigran al Golfo Pérsico y, como destacó la representante permanente de Filipinas en Ginebra, Cecilia Rebong, fue uno de los primeros Estados Partes en la Convención sobre los trabajadores migratorios. Su país, afirmó, ha elaborado un conjunto de prácticas idóneas orientadas a proteger los derechos humanos de los trabajadores migratorios filipinos y de sus familias.

Entre las medidas de protección adoptadas figuraban la de asegurar que los candidatos a la emigración poseían competencias suficientes, que asistían a un seminario de orientación obligatorio y que se adherían a un fondo solidario mutualista. Además, las empresas locales de contratación tenían la obligación de proporcionar un seguro médico a los trabajadores contratados en el extranjero y el gobierno también estableció un dispositivo para prestar asistencia a los ciudadanos filipinos que afrontasen dificultades fuera del país. Pero el embajador insistió en que para lograr una protección eficaz es menester que la responsabilidad en este ámbito se comparta entre los países de origen y los de destino.

El Jefe de la delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en Ginebra, Peter Sørensen, insistió en la magnitud de los problemas que Europa afronta actualmente y recordó que esta crisis es más una cuestión de seres humanos necesitados de protección que de trabajadores migratorios. “Eso plantea obligaciones diferentes, pero nunca puede suprimir la obligación de respetar los derechos humanos”.

Sørensen citó cifras del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que calcula que unas 320.000 personas han tratado de llegar a Europa por mar. El 99 por ciento de ellas llegó sano y salvo a territorio europeo gracias a que en abril se triplicaron los rescates marítimos en el marco de las operaciones Tritón y Poseidón de la Unión Europea.   

“Mientras seguimos apoyando los esfuerzos encaminados a lograr una solución política de la crisis en Siria –la única esperanza real de cambio-, la UE mantiene el compromiso de asistir a los países que afrontan la mayor parte de la carga de refugiados”, declaró  Sørensen. “Todos tenemos el deber de contribuir económicamente para ayudar a quienes están en la línea de fuego, las auténticas víctimas del conflicto y la destrucción”.

15 de septiembre de 2015