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La Declaración Universal: un catalizador para emprender medidas en materia de derechos humanos
«La justicia social es justicia climática. El cambio climático es una cuestión de derechos humanos ya que las crisis climáticas agravan las desigualdades,» afirmó la defensora de derechos humanos medioambientales, periodista multimedia y directora de películas, Sophia Li.
Li es la co-fundadora y co-presentadora de All of the Above, el primer programa de entrevistas sobre sostenibilidad. Ella es también la presentadora del podcast en Meta, Climate Talks y también pertenece al Consejo de Administración de la ONG medioambiental Slow Factory, además de integrar el consejo asesor de Better Shelter.
Li forma parte de una generación al alza de defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en línea y en primera línea de las crisis medioambientales. Muchos y muchas de ellos abogan por la justicia climática a costa de correr graves riesgos ellos mismos.
En julio de 2022, la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica reconociendo el derecho a un medioambiente saludable. Esta aprobación por la AG sirve como continuación a una resolución similar adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2021. Aunque estas resoluciones no son legalmente vinculantes, sí pueden catalizar cambios en la legislación nacional e internacional y representan un consenso político en las Naciones Unidas.
Estas resoluciones se hicieron posible gracias a los esfuerzos de un conjunto diverso de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a grupos de jóvenes, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de pueblos indígenas, empresas y muchos otros actores de todo el mundo que llevan tiempo defendiendo el reconocimiento internacional de este derecho. Estos esfuerzos recibieron el apoyo de organismos de las Naciones Unidas que trabajaron de forma conjunta dentro del Llamamiento a la Acción en favor de los Derechos Humanos del Secretario General, y que incluyó a Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Asunción de responsabilidades por daño medioambiental
Por lo general se entiende que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible incluye el derecho a aire limpio; a un clima seguro y estable; a acceso a agua segura y a saneamiento adecuado; a alimentos sanos y producidos de forma sostenible; a entornos no tóxicos en los que se pueda vivir, trabajar, estudiar y jugar; así como a una biodiversidad y ecosistemas saludables. Este derecho también incluye acceso a información; el derecho a participar en la toma de decisiones; además del acceso a justicia y a recursos efectivos incluyendo el ejercicio seguro de estos derechos sin miedo a sufrir represalias.
El hacer realidad el derecho a un medioambiente saludable también necesita de la cooperación, solidaridad e igualdad internacionales a la hora de llevar a cabo acciones medioambientales, incluyendo la movilización de recursos. Los Estados tienen también la obligación legal de prevenir que las medidas que emprendan provoquen daños medioambientales en cualquier lugar del mundo.
«Los Estados que sean incapaces de proteger a las personas bajo su jurisdicción de los efectos negativos del cambio climático pueden estar violando sus derechos humanos conforme con el derecho internacional,» afirmó Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos, el organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En septiembre de 2022, el Comité dictó una decisión contra Australia tras una denuncia presentada por ocho ciudadanos australianos indígenas y seis de sus hijos residentes en cuatro islas pequeñas de baja altitud en la región del Estrecho de Torres. Durante los últimos 2.000 años, estas islas han sido el hogar de pueblos indígenas que han estado viviendo en armonía con el océano.
Los denunciantes afirmaron que sus derechos habían sido violados debido a que Australia no se había adaptado al cambio climático por, entre otras medidas, no mejorar los malecones en las islas o reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos sostenían que los cambios en los patrones climáticos tienen consecuencias negativas directas sobre sus medios de vida, su cultura y su estilo de vida tradicional. Inundaciones graves provocadas por el flujo de las mareas en años recientes ha destruido lugares de enterramiento ancestrales, y las lluvias torrenciales y tormentas han degradado la tierra y los árboles reduciendo la cantidad de alimentos disponible gracias a la pesca y agricultura tradicionales.
Aunque el caso de las islas del Estrecho de Torres fue solo el segundo caso medioambiental que se presentaba ante el procedimiento de denuncias individuales del Comité de Derechos Humanos, este forma parte de un número en aumento de litigios nacionales e internacionales que han intentado exigir responsabilidades a gobiernos y empresas por su inacción ante el cambio climático.
De acuerdo con el Climate Litigation Accelerator de la Universidad de Nueva York, se han juzgado y resuelto cerca de 200 casos en todo el mundo. El corpus de precedentes legales que se cree con todos estos casos, incluyendo con respecto al derecho a un medioambiente sano, desempeñará un papel importante en las iniciativas futuras para defender la rendición de cuentas por daños medioambientales.
«El derecho a un medioambiente sano puede convertirse en una fuerza unificadora para la legislación medioambiental internacional y la legislación internacional sobre derechos humanos,» afirmó Benjamin Schachter, líder del Equipo de Medioambiente en Derechos Humanos de las Naciones Unidas. «Orientar la acción medioambiental hacia la realización del derecho a un medioambiente saludable puede ser un factor transformador en especial para aquellos que menos han contribuido a esta triple crisis planetaria, y muchos de los cuales luchan actualmente para capear con sus consecuencias más dañinas.»
Derechos en peligro
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y ecosistemas, así como la contaminación, están repercutiendo sobre los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo, incluyendo sobre sus derechos a la vida, a alimentos, a agua, a un nivel de vida adecuado, a un medioambiente sano, al desarrollo y a la salud. Estas crisis, sumadas a un desarrollo insostenible, representan ambos serias amenazas para que generaciones presentes y futuras tengan la posibilidad de realizar estos derechos que quedaron consagrados por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), hace casi 75 años.
El desplazamiento se ha convertido en una de las cuestiones primordiales en los últimos tiempos. Para las decenas de millones de personas que se vieron desplazadas principalmente por las guerras, los conflictos y la persecución, se añade ahora una nueva categoría en aumento de personas desplazadas: aquellas que huyen de desastres relacionados con el cambio climático. El Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno del Observatorio de Desplazamiento Interno señala que 30 millones de personas se convirtieron en nuevas desplazadas por desastres relacionados con el clima en 2020.
Sophia Li, defensora de los derechos humanos medioambientales, en una manifestación con un cartel en el que se lee "No existe el planeta B". © Sophia Li
Para la activista climática Li, la libertad de movimiento que está consagrada en el Artículo 13 de la DUDH tiene especial resonancia. Ella es hija de inmigrantes chinos y es estadounidense de primera generación.
«Conforme las fronteras de todo el mundo restringen su acceso a la vez que más personas, ya sean refugiados o inmigrantes, intentar encontrar una vida mejor, son siempre las comunidades más marginadas y las mujeres y los jóvenes los que sufren las mayores consecuencias de esta realidad. Cuando se da esta circunstancia, se les está negando también justicia social, la posibilidad de encontrar una vida mejor a través de la educación, la atención sanitaria y oportunidades de empleo...,» explicó ella. «Cuando los países solo piensan en ellos mismos, se hace más difícil fomentar la solidaridad y el acuerdo reflejado en pactos globales tales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático.»
Derechos humanos y la acción medioambiental
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el PNUMA han brindado su apoyo a la labor de muchos defensores y defensoras de los derechos humanos medioambientales. En 2019, los dos organismos de las Naciones Unidas firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU, según siglas en inglés) el cual venía a formalizar una larga historia de colaboración entre sus dos mandatos complementarios.
Con este MOU, ambos organismos acordaron unir sus esfuerzos hacia la realización del derecho humano a un medioambiente saludable. Ellos también sumaron sus esfuerzos para respaldar una mejor protección de los defensores y defensoras de derechos humanos medioambientales y de sus familias, además de promover una participación significativa e informada por parte de la sociedad civil en la toma de decisiones que afectan al medioambiente.
En la actualidad, más de 30 presencias sobre el terreno de Derechos Humanos de las Naciones Unidas trabajan en cuestiones relacionadas con el derecho a un medioambiente saludable.
Por ejemplo, en Kenya, Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha venido apoyando a defensores y defensoras de derechos humanos medioambientales en su lucha continua por la justicia y para conseguir reparaciones por los daños causados por una fundición de plomo y una planta de reciclado de baterías en la comunidad Owino Uhuru en Mombasa. Derechos Humanos de las Naciones Unidas apoyó el litigio estratégico emprendido por la comunidad, así como reforzó las capacidades para conjugar la participación del sistema de las Naciones Unidas y los esfuerzos de promoción por parte de la comunidad y el Centre for Justice, Governance and Environmental Action (CJGEA).
El resultado de todos estos esfuerzos se concretó en una decisión histórica alcanzada por el Tribunal de Territorio y Medioambiente en julio de 2020, el cual ordenaba al Gobierno y a dos corporaciones a pagar el equivalente a 13 millones de dólares americanos a la comunidad en compensación por las muertes y los daños para la salud, además de una indemnización destinada a limpiar el suelo, el agua y los residuos.
Los defensores del medio ambiente, encabezados por Phyllis Omido, fundadora de CJGEA (en el centro, con un traje del color de la bandera keniana), impulsaron la acción para cerrar una fundición de plomo y presentar un caso judicial histórico contra el Gobierno keniano y dos empresas. © CJGEA
En una carta abierta previa a la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas en Egipto (COP 27), el jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, advirtió a líderes mundiales que nuestro derecho a la vida está en peligro por la insuficiencia de las medidas para contrarrestar la emergencia climática que vivimos. Türk hizo un llamamiento para situar los derechos humanos en el centro de los esfuerzos dirigidos a combatir el cambio climático.
«En primer lugar, los Estados, pero también la sociedad civil, las comunidades, los organismos de las Naciones Unidas, todos nosotros y nosotras, tenemos que trabajar de forma colectiva. Solamente tenemos una opción y a la vez una obligación: actuar de forma urgente, usando a los derechos humanos como nuestra brújula,» instó Türk. «No va a ser una tarea fácil, conseguir un cambio que sea real y relevante en las vidas de las personas nunca lo es. Pero tenemos las herramientas necesarias a nuestra disposición. Los derechos humanos pueden orientar nuestro camino e informar sobre las decisiones que es necesario adoptar.»
