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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se adoptó y quedó abierto para la firma, ratificación y adhesión mediante la resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General, el 16 de diciembre de 1966. Pasaron otros diez años antes de que fueran partes en él los 35 Estados necesarios, y entró en vigor formalmente para esos Estados el 23 de marzo de 1976 en virtud del Artículo 49.

Este pacto y el ICESCR se basan en los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En conjunto, la Declaración Universal y estos dos pactos conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos.

¿De qué forma protege a las personas?

El ICCPR tiene por objeto garantizar la protección de los derechos civiles y políticos, entre los que se encuentran:

  • Derecho a no ser discriminado
  • Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres
  • Derecho a la vida
  • Derecho a no ser torturado
  • Ser libre de esclavitud
  • Derecho a la libertad y seguridad de la persona
  • Derecho a ser tratado con humanidad bajo detención
  • Derecho a circular libremente
  • Derecho de los no ciudadanos a no ser sometidos a expulsión arbitraria
  • Derecho a un proceso justo
  • Derecho al reconocimiento ante la ley
  • Derecho a la privacidad
  • Libertad de religión y de creencias
  • Libertad de expresión
  • Derecho de reunión pacífica
  • Libertad de asociación
  • Derecho a casarse y fundar una familia
  • Derecho de los niños a ser registrados y tener una nacionalidad
  • Derecho a participar en los asuntos públicos
  • Derecho de igualdad ante la ley
  • Derechos de las minorías

El trasfondo de los Protocolos Facultativos

Las Partes del Pacto también pueden ser partes de uno o de los dos Protocolos Facultativos.

El primer Protocolo Facultativo entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Establece un sistema mediante el cual el Comité de Derechos Humanos puede recibir y considerar denuncias de particulares que aleguen violaciones de sus derechos humanos.

Como su nombre indica, el Protocolo no es obligatorio, pero una vez que un Estado parte en el Pacto también se hace parte del Protocolo, toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado Parte puede interponer una denuncia por escrito ante el Comité de Derechos Humanos (con sujeción a cualquier reserva permisible).

El Segundo Protocolo Facultativo entró en vigor el 11 de julio de 1991. El segundo Protocolo Facultativo suprime la pena de muerte para los Estados Partes.