El informe constató que el liderazgo y la defensa de larga data – sobre todo por parte de las mujeres afrodescendientes – han dado lugar a que algunos gobiernos y otras partes interesadas intenten cada vez más a menudo aplicar un marco de interseccionalidad al abordar la discriminación y la desigualdad. Sin embargo, siguen existiendo grandes retos, principalmente porque aún no se han aplicado plenamente todos los componentes de este marco.

El informe recomienda que los Estados adopten políticas públicas y leyes que prohíban las formas directas, indirectas e interseccionales de discriminación. También hace un llamado para que se recopilen datos exhaustivos, desglosados por raza, sexo, edad y otros factores, con sólidas salvaguardias a los derechos humanos y la privacidad.

Además, insta a los Estados a garantizar la representación de las personas afrodescendientes, especialmente las mujeres y la juventud, en todos los niveles de las instituciones gubernamentales, así como su participación significativa, inclusiva y segura en los asuntos públicos.

Los Estados también deben reconocer que el racismo sistémico actual es el resultado de estructuras y sistemas de poder arraigados y de estereotipos perjudiciales, provenientes del legado de injusticias históricas. Sólo se puede lograr un cambio significativo haciendo frente a esos legados y logrando justicia reparatoria.

“La agenda del Alto Comisionado hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial puede apoyar los esfuerzos para hacer operativo un enfoque interseccional”, dijo Hamood. “Además, las recomendaciones y orientaciones de ONU Derechos Humanos, las Naciones Unidas y los mecanismos regionales de derechos humanos son herramientas esenciales para lograr avances”.

Violencia e impunidad persistentes

“La violencia policial no se analiza desde la perspectiva de la violencia de género, ni se incorpora una perspectiva interseccional en las acciones para abordar la violencia racista contra los afrodescendientes. Por lo tanto, no se toman medidas por ninguna de las partes para responder a las necesidades específicas de las mujeres afrodescendientes”, afirmó Paola Yáñez Inofuentes, defensora de los derechos humanos afro boliviana y coordinadora regional de la Red de Mujeres Afro Latinoamericanas, Afro Caribeñas y de la Diáspora. Yáñez Inofuentes también participó en el diálogo interactivo.

Yáñez Inofuentes destacó la falta de datos sobre cómo la violencia de género afecta específicamente a las mujeres afrodescendientes en América Latina. Por ejemplo, en toda la región, los datos sugieren que las mujeres son víctimas de feminicidio principalmente a manos de parejas masculinas o familiares en el hogar, sin embargo, algunos estudios recientes han indicado que los feminicidios contra mujeres afrodescendientes ocurren a menudo en espacios públicos, a manos de desconocidos.

“Y eso te habla de que sí es violencia de género, pero que, para las mujeres afrodescendientes, salir de su casa, ya es estar en una situación de riesgo. El derecho a la ciudad no es el mismo para una mujer blanca o mestiza como lo es para una mujer Negra”, dijo Yáñez Inofuentes.

Akua Kuenyehia, abogada ghanesa, académica y presidenta de EMLER, declaró: “Las manifestaciones de racismo sistémico contra los africanos y afrodescendientes por parte de las fuerzas del orden y en los sistemas de justicia penal siguen predominando en muchas partes del mundo, y persiste una amplia impunidad. Además, la justicia reparatoria está pendiente desde hace mucho tiempo”.

En su informe, el EMLER identificó tres medidas mínimas que los Estados deben adoptar para tratar de garantizar la justicia, la rendición de cuentas y la reparación para las personas afrodescendientes, que incluyen el establecimiento de procedimientos eficaces de denuncia, revisión e investigación, de órganos civiles independientes de supervisión de las fuerzas del orden y de mecanismos independientes de apoyo a víctimas y comunidades.

El informe subraya que la impunidad es el mayor reto, y que los derechos de las víctimas rara vez se respetan.

“En el informe concluimos que es necesario que los Estados inviertan en las instituciones sólidas recomendadas para proporcionar justicia, rendición de cuentas y reparación”, afirmó Kuenyehia.

Diálogos que potencian las voces

Mantener un diálogo como éste en el Consejo de Derechos Humanos es importante porque da la oportunidad a las propias personas afectadas de dirigirse directamente al Consejo de Derechos Humanos, junto con ONG y Estados Miembros, afirmó Kuenyehia.

Diallo estuvo de acuerdo.

“Para alguien como yo, participar en este diálogo es una oportunidad de potenciar mi voz y conectar con dinámicas que son transnacionales y globales, porque estamos viviendo los legados de la trata transatlántica de esclavos y del colonialismo”, afirmó Diallo.

“Y ahí está la riqueza de los diálogos interactivos”, añadió Yáñez. “Cómo vienen a sumar al proceso de construcción de agendas mucho más integrales y completas”.