“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se basa en los derechos humanos, se está desviando de rumbo”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Por primera vez en más de dos decenios la pobreza mundial ha aumentado. La economía basada en los derechos humanos trata de abordar las causas profundas y las barreras estructurales que condicionan la igualdad, la justicia y la sostenibilidad, dando prioridad a las inversiones que potencian los derechos económicos, sociales y culturales”.   

Este enfoque sitúa a las personas y al planeta en el núcleo de las políticas económicas, las decisiones de inversión, las opciones de consumo y los modelos empresariales, con el objetivo de aumentar de manera perceptible el disfrute de los derechos humanos de todas las personas.

Para garantizar que nadie quede rezagado, la Oficina del ACNUDH se ha adherido a la Coalición Mundial para la Justicia Social, una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que trata de impulsar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (ODS) y mejorar la cooperación internacional en el esfuerzo orientado a abordar las brechas en materia de justicia social.

“El objetivo general de la Coalición Mundial para la Justicia Social es unir a sus diversos asociados para abordar ámbitos de importancia fundamental para la consecución de la justicia social, en los puntos de intersección de nuestros mandatos respectivos”, señala Sana de Courcelles, Directora de la Secretaría de la Coalición Mundial para la Justicia Social. “Todos realizamos un trabajo muy sólido en cumplimiento de nuestros mandatos respectivos, ¿pero cómo podríamos colaborar más y mejor para potenciar nuestras actividades, llevar a cabo iniciativas conjuntas y hallar soluciones más holísticas y mejor conectadas con las necesidades de la población que servimos, y abordar más eficazmente los retos comunes que afrontamos a escala internacional?

Para lograrlo, la Coalición congrega a diversos interesados de distintos sectores, entre otros a gobiernos, sindicatos, representantes empresariales, instituciones educativas y organismos regionales e internacionales, así como a representantes de la sociedad civil.

La Coalición, que se fundó en noviembre de 2023, cuenta actualmente con 150 miembros en todos los países del mundo.

Los derechos humanos y la justicia social son inseparables

Según De Courcelles, los derechos humanos son un pilar fundamental de la justicia social.

“El ACNUDH y otros asociados deben desempeñar una función esencial para mejorar la aplicación de los derechos humanos, a fin de que marchen a la par de los criterios económicos y medioambientales, por ejemplo, y esa es la esencia de la Coalición: velar por que el componente social del desarrollo sostenible reciba la consideración debida”, dijo De Courcelles.

Los objetivos de la Coalición se ajustan a la aplicacilón de los criterios de la economía basada en los derechos humanos que, según Türk, proporcionaría la máxima protección social, educación y atención sanitaria de calidad para todos, acceso a la justicia y al Estado de Derecho, acción eficaz en pro del clima y el medio ambiente, libertades fundamentales y el espacio cívico más amplio posible, entre otros derechos.

Uno de los medios específicos por los que la Coalición se propone lograr repercusión sobre el terreno es el Acelerador Mundial sobre Empleo y Protección Social para Transiciones Justas, que fue presentado en septiembre de 2021 por el Secretario General de las Naciones Unidas y que también se propone impulsar el progreso en la consecución de los ODS.

“Ese es el tipo de iniciativa de múltiples interesados que tiene la capacidad potencial de cambiar las condiciones del juego, porque aúna los esfuerzos de diversos asociados que no necesariamente suelen colaborar tan estrecha y cabalmente para abordar los déficits y la protección social con un sólido componente y con resultados finales”, afirmó De Courcelles.

Según Türk, un marco de economía basado en los derechos humanos “garantiza que los modelos empresariales y las políticas económicas están guiadas por criterios de derechos humanos y facilita una combinación integrada y orientada a objetivos específicos de políticas socioeconómicas que impulsen la consecución de todos los ODS y sus metas, en particular poniendo fin a la discriminación contra las niñas y las mujeres, y las minorías raciales, étnicas y lingüísticas”.

Esa estrategia también impulsa un reparto más justo de recursos que reduce las desigualdades dentro de los países y entre ellos, afirmó Türk.

“Una economía basada en los derechos humanos es la que incorpora los objetivos y métodos de derechos humanos básicos a cada proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones, comprendidas la fiscalidad, la inversión y todo lo relativo a la asignación de recursos en los presupuestos gobernamentales”, señaló.

Hoy es el Día Mundial de la Justicia Social, una jornada internacional que celebra la importancia de la justicia social en el centro de todas las políticas nacionales e internacionales, en la medida en que su prioridad genera sociedades y economías más cohesionadas.