"Ha llegado el momento de introducir un cambio profundo en nuestro enfoque de las políticas económicas.  Ha llegado el momento de integrar los derechos humanos en el núcleo de la arquitectura financiera internacional". El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Türk intervino durante la​​​​​​​ Sexta Reunión entre periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos y la Agenda 2030.

La reunión supuso una oportunidad para que los Estados Miembros, expertos, socios de las Naciones Unidas y grupos de la sociedad civil presentaran recomendaciones concretas para integrar los derechos humanos en la revisión de la arquitectura financiera internacional y avanzar hacia una "economía de derechos humanos" que proteja los derechos humanos y promueva la igualdad y la justicia social.

Muchos países en desarrollo, afectados por los efectos de la pandemia de COVID-19, el aumento del coste de vida y la emergencia climática, luchan por movilizar recursos financieros suficientes para invertir en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la realización de los derechos humanos.

Los niveles récord de deuda y los tipos de interés elevados concentran más el gasto de muchos gobiernos de países en desarrollo en el pago de la deuda pública externa que en sanidad, educación y erradicación de la pobreza, con lo cual se crea una crisis de derechos humanos. Las reformas económicas y las medidas de austeridad, fomentadas por las instituciones financieras internacionales, dan prioridad a las obligaciones de pago de la deuda sobre las de derechos humanos.

Marcella Favretto, Jefa de Desarrollo Sostenible de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló que existe un consenso creciente para situar los derechos humanos en el núcleo de las reformas de las instituciones financieras internacionales, como condición indispensable para aplicar la Agenda 2030 y asegurar la financiación de programas de gasto social que promuevan los derechos humanos.

"Desde hace demasiado tiempo existe la idea de que la economía es una zona libre de derechos humanos", aclaró Favretto, y añadió que los presupuestos y otros aspectos de la formulación de políticas económicas deben regirse por los derechos humanos. 

"El argumento es que las instituciones financieras internacionales no tienen ninguna obligación de promocionar los derechos humanos y no tienen un mandato que cumplir. La realidad es que los Estados a los que apoyan tienen obligaciones, razón por la que los derechos humanos tienen que formar parte de la ecuación", según Favretto. Las instituciones financieras internacionales deben abstenerse de establecer medidas de austeridad que limiten el espacio fiscal para invertir en derechos humanos.

Paula Narváez, presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, habló de la necesidad de salvar la "gran brecha financiera" y de volver a encauzar los ODS. Para ello, puede desbloquearse más financiación en condiciones favorables o préstamos con tipos de interés más bajos y plazos más largos y justos para fortalecer la capacidad de los Estados de invertir en derechos sociales, económicos y culturales.

"La actual arquitectura financiera internacional sigue funcionando de una forma que no se corresponde con nuestro compromiso colectivo con los derechos humanos universales", explicó Narváez. Además, añadió que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon hace 80 años, aunque deben adaptarse a su propósito en la economía global de hoy.

Varios Estados recalcaron la urgencia de abordar el endeudamiento excesivo.

Maryann Lwandamina, del Ministerio de Finanzas de Zambia, indicó que más del 90 % de los ingresos de Zambia estaban destinados al reembolso de la deuda y los salarios de los funcionarios en 2020, cuando el país africano incumplió con el pago. Desde entonces, los retrasos en la reestructuración de su deuda están teniendo un coste social elevado.

"El problema de la deuda en las economías de renta baja y algunas de renta media sigue agravándose tras la pandemia. La situación imperante ha puesto en entredicho la capacidad de los países para alcanzar los ODS y defender los derechos humanos". 

Muchas recomendaciones se centraron en la necesidad de lograr un mejor equilibrio entre la gestión de la deuda y la maximización de los recursos para la realización de los derechos, como la creación de un marco jurídico multilateral para la reestructuración de la deuda soberana que estimule la recuperación económica, pero no en detrimento de los derechos humanos. 

Evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

Sarah Saadoun, investigadora principal de Human Rights Watch, afirmó que las instituciones financieras internacionales deberían garantizar que las principales reformas de la política económica se evalúen en función de su repercusión en la pobreza y los derechos humanos.

Un informe reciente de Human Rights Watch sobre los préstamos concedidos por el FMI a 38 países desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta marzo de 2023 mostró que la mayoría de esos préstamos estaban supeditados a políticas de austeridad, que recortaban el gasto público o aumentaban los impuestos regresivos de forma que podían perjudicar los derechos de los más vulnerables.

Este es el caso de Alfredo Akeyo, que se gana la vida arreglando aparatos electrónicos en Mathare, Kenia. Un fuerte incremento de los precios del combustible y la electricidad en el marco de un programa del FMI supuso no poder casi mantener a su familia, explicó Saadoun. La familia de Alfredo en la actualidad pasa cinco o seis días al mes sin electricidad y sus hijos a veces faltan al colegio al haberse duplicado el coste del autobús público. 

"Los derechos humanos consisten en el derecho a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a la seguridad social, así que siempre que los gobiernos y las instituciones financieras se plantean reformas de política económica, la pregunta que deberían hacerse es: ¿Mejora esta medida los derechos humanos de las personas?", planteaba Saadoun.

Marco fiscal mundial

Varios Estados y expertos coincidieron también en la necesidad de rediseñar la arquitectura fiscal mundial. Según el informe de Tax Justice Network de 2023, los países de todo el mundo pierden 480.000 millones de dólares al año por los abusos fiscales de las grandes multinacionales y los ricos. Esto consume recursos que podrían aprovecharse para invertir en los ODS y los derechos humanos, mientras los países en desarrollo pierden un mayor porcentaje de sus presupuestos públicos.

"El Sur Global se ve muy afectado por el sistema financiero internacional que resulta injusto, obsoleto y desigual", declaró Solomon Ayele Dersso, Comisionado de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Dersso afirmó que el grupo africano presentó la resolución para un Marco de Naciones Unidas sobre cooperación fiscal internacional con el objetivo de crear una arquitectura fiscal mundial más justa, inclusiva y eficaz que aborde mejor la elusión y la evasión fiscal de modo que las empresas multinacionales paguen los impuestos que les corresponden.

Attiya Waris, Experta Independiente sobre deuda externa y derechos humanos, señaló que los países vulnerables al clima se ven especialmente afectados por la deuda. Asimismo, afirmó que una deuda elevada también repercute en la nutrición infantil y la salud mental.

Fernanda Cimbra Santiago, asesora especial del Ministro de Finanzas de Brasil, afirmó que una agenda económica global que proteja tanto los derechos humanos como el medio ambiente será una prioridad fundamental de la presidencia del país sudamericano en el G20.

"Necesitamos un modelo nuevo de desarrollo económico", indicó Cimbra Santiago, al mismo tiempo que solicitaba un pacto mundial que conecte el crecimiento económico, el uso sostenible de los recursos naturales y los derechos humanos.

Los resultados de la reunión se tendrán en cuenta en la próxima Cumbre sobre el Futuro, que se celebrará en septiembre de 2024, y en la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar en 2025.