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Afrodescendientes

La participación es clave para acabar con el racismo sistémico

30 octubre 2023

Instantánea de Marcia Rigg (izquierda) y Dayana Blanco durante el Diálogo Interactivo Mejorado (EID) celebrado durante el 54º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ⓒ OHCHR/Pierre

Sean Rigg tenía 40 años cuando murió de un ataque cardiaco tras ser inmovilizado boca abajo por parte de agentes de policía de la Policía Metropolitana Británica en 2008 en Londres. Este varón británico y negro había sufrido una crisis de salud mental. Quince años y una disculpa pública sin precedente alguno más tarde, su familia sigue demandando justicia.

“Mi hermano fue condenado a muerte el día que los agentes lo sujetaron haciendo un uso excesivo de la fuerza,” explicó su hermana Marcia Rigg. Desde ese momento, Rigg se ha reunido con un gran número de familias que han padecido la misma suerte, antes y después que muriera su hermano Sean.

Rigg, quién trabajó durante un tiempo con la United Friends and Families Campaign y con la ONG INQUEST, participó en el Diálogo Interactivo Mejorado (EID) durante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante la celebración del diálogo, se presentó el segundoinforme de seguimiento del Alto Comisionado sobre justicia e igualdad raciales, cuya presentación corrió a cargo de la Alta Comisionada Adjunta Nada Al-Nashif.

“Es evidente que en la amplia mayoría de las muertes de personas afrodescendientes después de una interacción con agentes del orden, existe una ausencia notable de rendición de cuentas y de reparación,” señaló. “En su lucha por obtener justicia, las familias continúan soportando procesos prolongados y que resultan emocional y económicamente agotadores, contando además con un apoyo insuficiente por parte del Estado.” Conforme con el informe del Alto Comisionado, una participación significativa, inclusiva y segura, posibilita la promoción de los derechos humanos y supone un medio para capacitar a personas y grupos además de para asegurar que se escuchan diferentes opiniones. Prueba de ello es la participación de Rigg en los procesos de toma de decisiones y en las campañas.

«Cuando mi hermano murió, no había cámaras en los vehículos policiales, no existía un sistema de grabación de circuito cerrado, no se grababan audios, ni tampoco se llevaban cámaras sobre la ropa. Por tanto, lancé una enérgica campaña con INQUEST. Hoy en día el Reino Unido tiene instaladas cámaras en vehículos policiales, audios y cámaras portátiles. Y esa es la razón por la que cuando Kevin Clarke murió [[en 2018] al igual que muchos otros, podamos comprobar ahora qué le ocurrió de verdad y no quedarnos solamente con los relatos de los agentes de policía involucrados,» afirmó Rigg.

Cuando se consigue hacer realidad una participación de peso e inclusiva, los procesos de toma de decisiones son más informados y sostenibles, y las instituciones públicas son más eficaces, transparentes, responsables, y capaces de servir a todos los miembros de todas las comunidades sin discriminación alguna. Un resultado concreto de este tipo de participación es la primera ley en el Reino Unido sobre el uso excesivo de la fuerza en contextos relacionados con la salud mental, en favor de la cual Rigg y otras familias hicieron campaña conjuntamente con Aji Lewis, madre de Olaseni Lewis, víctima también de la brutalidad policial.

Dayana Blanco, una abogada colombiana de derechos humanos quién también participó en el diálogo interactivo mejorado, creó ILEX Acción Jurídica junto con otras abogadas afrocolombianas. Esta organización de derechos humanos centra su trabajo en identificar de forma clara los desafíos legales a los que se enfrentan los y las afrodescendientes en cuanto al racismo y la aplicación de la ley se refiere, además de promover estrategias para emprender medidas legales, para la comunicación, y para llevar a cabo estudios sociales con un enfoque interdisciplinar con el fin de contribuir al disfrute efectivo de los derechos por parte de las comunidades y de los y las afrodescendientes.

Para Blanco, es fundamental la participación de ONGs de todos los tamaños, aunque a la vez identifica varias dificultades importantes.

Es un desafío al que han de enfrentarse todo el tiempo las organizaciones de la sociedad civil y los líderes afrodescendientes: se duda una y otra vez de nuestras capacidades reales.

Dayana Blanco, directora general de ILEX Acción Jurídica, abogada de derechos humanos.

Otras dificultades añadidas que ha identificado Blanco es el uso desproporcionado de la fuerza contra afrodescendientes así como la invisibilidad en las estadísticas.

«Para dar visibilidad a estas cuestiones, hemos de recopilar datos exactos, universales y periódicos que incluyan la variable racial,» instó ella.

Según afirman Rigg y Blanco, las Naciones Unidas y sus mecanismos están contribuyendo a superar estos y otros desafíos parecidos.

«El hecho de que sean los expertos y expertas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas los que estén debatiendo estas cuestiones, y que nosotros podamos participar en el diálogo interactivo, además de poder hablar cara a cara con los representantes de los Estados sobre todos estos asuntos, nos ayudará de forma clara a hacer visible el problema y a que se oigan más nuestras voces,» explicó Blanco.

A Rigg le ha resultado clave poder compartir con las Naciones Unidas las experiencias que ha vivido ella.

«Ellos pudieron escuchar una historia real. Y de hecho, las Naciones Unidas me respaldó de manera clara desde el inicio en el caso de mi hermano, y también más recientemente con todos los casos donde hemos trabajado con INQUEST. Es importante y muy valioso que las Naciones Unidas reconozca lo que está ocurriendo de verdad en el Reino Unido,» aseguró.

El racismo sistémico necesita de una respuesta sistémica

Durante el diálogo, también se presentó el informe elaborado por el Mecanismo de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER, según sus siglas en inglés) centrado en «reinventar las políticas». Este informe analiza distintas vías para adoptar métodos policiales alternativos y complementarios que puedan contribuir a solucionar las dudas de confianza que albergan las comunidades.

«Lo que decimos es que en algunos países el racismo es sistémico o sistemático ya que parece obedecer a una política estatal la cual propone de forma deliberada un comportamiento diferente por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley a la hora de interactuar con minorías o en ocasiones con mayorías raciales o religiosas, pero en cualquier caso comunidades oprimidas,» afirmó Juan Méndez, abogado argentino de derechos humanos y miembro del EMLER.

Still of Juan Méndez holding a Universal Declaration of Human Rights at Room XX of Palais des Nations. © UN/David Díaz Martín

Instantánea de Juan Méndez sosteniendo una Declaración Universal de Derechos Humanos en la Sala XX del Palacio de las Naciones. Ⓒ UN/David Díaz Martín

Aunque sea difícil de demostrar, Méndez aseguró que se puede observar el racismo sistémico en «la repetición de actos individuales específicos y, por encima de todo, en la falta de una respuesta coherente a la gravedad de estas acciones, lo que resulta un problema muy serio».

«Lo que demandamos es que si existen pruebas de racismo sistémico en las fuerzas policiales, también se requiere de una respuesta sistémica,» continuó. Parte de esta respuesta sistémica sería una defensa continua de los derechos humanos y una política de tolerancia cero hacia las actitudes racistas que puedan existir dentro de las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley.

El EMLER ha recopilado datos y testimonios los cuales resultan ambos muy reveladores al mostrar que la violencia policial contra afrodescendientes en diferentes países no se trata con la seriedad con la que debería tratarse.

En opinión de Rigg, los actos de violencia racista en el contexto de la aplicación de la ley ejercidos contra afrodescendientes así como la ausencia de una respuesta adecuada por parte del Estado y de acceso a justicia suponen en su conjunto una nueva forma de esclavitud.

«Se trata de un problema a nivel global. Para los hombres negros en especial, se trata de la misma historia de siempre. Yo lo considero una forma de esclavitud. Es como si siguiéramos sufriendo esclavitud en los tiempos modernos, y como si nos siguieran linchando».

Según el EMLER, es fundamental que confrontemos el legado de los factores discriminatorios que sustentan las instituciones encargadas de aplicar la ley. Esto significa que es necesario desentrañar las raíces históricas del racismo, incluyendo el colonialismo y la trata transatlántica de personas africanas esclavizadas así como sus repercusiones para instituciones clave del Estado, entre las que se incluyen el sistema de aplicación de la ley y el sistema de justicia penal.

Es vital la participación de los y las afrodescendientes y, según el EMLER, es posible que sean necesarias comisiones de transición de verdad y reparación para que puedan analizar las causas originarias, y que se propongan las tan necesarias reparaciones.

Con posterioridad al asesinato de George Floyd en mayo de 2020, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Alto Comisionado que elaborara un informe global sobre racismo sistémico y sobre violaciones de la normativa internacional de derechos humanos contra africanos y personas afrodescendientes por parte de organismos encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de contribuir a la rendición de cuentas y la reparación. Tras la presentación de este informe en 2021, el CDH creó el EMLER y solicitó al Alto Comisionado que continuara con su labor en estas cuestiones. El Alto Comisionado y EMLER presentaron sus informes de 2023 durante el 54º período de sesiones del CDH.