Renovar compromiso con el derecho a la alimentación, según experto de Naciones Unidas

"Hace un año, la situación política internacional no era buena. Era mala porque no se daba una respuesta multilateral a la crisis alimentaria", declaró el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Puedo decirles que en la  resolución sobre el derecho a la alimentación del año pasado dieron ustedes al mundo esperanza... Fue como si dieran al mundo la luz verde que necesitaba para dedicar más energía política y diplomática a abordar la crisis alimentaria", añadió.

En su último informe para la AG, Fakhri analiza los problemas relacionados con la inseguridad alimentaria y la nutrición que se pusieron de manifiesto durante la pandemia de COVID-19, época en la que las comunidades de todo el mundo han podido adaptarse para sobrevivir. Para ello, adoptaron soluciones resilientes como los mercados localizados, las reservas alimentarias públicas y los sistemas públicos de distribución de alimentos, así como la agroecología. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define esta última como un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas.

Sin embargo, Fakhri destacó que, aunque los gobiernos por su parte pudieron aplicar medidas de alivio a la pandemia —como las transferencias directas en efectivo, las comidas escolares universales, la protección de los derechos de los trabajadores y la protección social—, todavía no se han movilizado ni han dado una respuesta multilateral permanente a la crisis alimentaria mundial.

Desde la intervención de Fakhri ante la AG en 2021, la inseguridad alimentaria ha empeorado, según él.

Las medidas de confinamiento que han restringido el acceso de los productores y productoras de alimentos a sus territorios y han forzado el cierre de los mercados informales donde se vendían esos alimentos han tenido un impacto injusto sobre los pequeños agricultores y agricultoras y sobre los medios de subsistencia de los compradores y compradoras y vendedores y vendedoras urbanos pobres.

El experto señaló, por otro lado, que las mujeres, que constituyen una parte considerable de los trabajadores y trabajadoras del sector informal y de los pequeños productores y productoras de alimentos y que también asumen la responsabilidad de alimentar a sus familias, fueron probablemente las primeras en pasar hambre. Asimismo, en el contexto de estos confinamientos, los niños y niñas se vieron privados de acceso a las comidas escolares diarias. Otra preocupación del experto radicaba en obligar cada vez a más niños y niñas a trabajar, especialmente en el sector agrícola. El año pasado, el trabajo infantil aumentó hasta los 160 millones en todo el mundo, el primer aumento en 20 años.

Fakhri añadió que este año otros 50 millones de personas se enfrentarán al hambre extrema, y se prevé que otros 19 millones sufran desnutrición crónica en 2023. La inflación nacional de los alimentos en más de 60 países sería del 15 % o más de un año a otro, y cerca del 60 % de los países de ingresos bajos se encuentran en situación de endeudamiento grave o en alto riesgo de padecerlo.

Para superar estos retos, el experto instó a los gobiernos a basarse en lo que funcionó durante la pandemia como respuesta inmediata. "Muchos gobiernos están empezando a suspender las medidas de alivio a la pandemia. Pero medidas como las comidas escolares universales y las transferencias directas en efectivo son la prueba de lo que se puede hacer para ejercer el derecho a la alimentación. Hagan que estos programas sean permanentes, y no los finalicen", pidió.

Fakhri también recomendó a los gobiernos que destinen sus presupuestos actuales a la transición a la agroecología, y les instó a que garanticen que sus poblaciones tengan derechos sólidos sobre la tierra y un acceso equitativo a la misma.

También solicitó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que reafirmen su compromiso con el derecho a la alimentación mediante la creación de una declaración que "inspire e impulse al mundo a cooperar y atajar la crisis alimentaria".

"Cada momento que pasa sin que los gobiernos promulguen una agenda de seguridad alimentaria coherente y coordinada se traduce en un aumento de personas más pobres, enfermas y hambrientas", explicó Fakhri.

"Pero el cambio no se producirá hasta que los trabajadores y trabajadoras, los campesinos y campesinas, los pastores y pastoras, los pescadores y pescadoras y los pueblos indígenas establezcan nuevas relaciones de solidaridad. Esto ha demostrado que suscita un cambio real y equitativo".