Wai Wai Nu pasó siete años como presa política en la tristemente célebre prisión de Insein de Myanmar. Su único delito fue ser la hija de un maestro de escuela y activista político del estado de Rakhine, en Myanmar occidental.

Tras su liberación en 2012, Nu completó sus estudios de Derecho y decidió dedicar su vida a promover la democracia y los derechos humanos, especialmente en nombre de las comunidades marginadas y de los miembros de su grupo étnico, los musulmanes rohinyás.

En su intervención en una mesa redonda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Myanmar a principios de este mes, Nu habló desde el corazón.

"Durante décadas, las minorías étnicas de Myanmar han sido objeto de las formas más brutales de violencia y de políticas que equivalen a crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio", declaró Nu, fundadora y directora ejecutiva de la Women’s Peace Network, una organización que se centra en la consolidación de la paz en Myanmar.

"En estos momentos, los principales responsables de estas atrocidades, el ejército y las fuerzas de seguridad de Myanmar, están intensificando su brutalidad, como por ejemplo con los ataques aéreos, y cometiendo arrestos y detenciones, torturas y violencia sexual, además de asesinatos en todo el país", afirmó.

Graves violaciones y abusos

La mesa redonda, celebrada durante el 50º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, examinó las causas profundas de las violaciones y abusos contra los musulmanes rohinyás y otras minorías en Myanmar.

Durante décadas, los musulmanes rohinyás y otras minorías de Myanmar han sufrido discriminación y persecución. En un informe de 2020, la Alta Comisionada Michelle Bachelet señaló que la discriminación y la exclusión de los grupos étnicos y religiosos minoritarios han sido el distintivo que ha caracterizado las leyes y políticas de Myanmar durante más de medio siglo.

En su intervención en la mesa redonda, Bachelet recordó al Consejo que más de un millón de rohinyás han huido de sus hogares en el estado de Rakhine para buscar refugio en el vecino Bangladesh desde que el ejército desató una campaña militar hace cinco años.

"Al mismo tiempo, seguimos asistiendo al recrudecimiento de los conflictos armados y de la represión violenta en muchas otras partes de Myanmar, tras el golpe militar de febrero de 2021, lo que causa más desplazamientos y sufrimiento a las minorías étnicas y religiosas", explicó Bachelet.

La Alta Comisionada instó a la comunidad internacional a mantenerse unida para presionar al ejército y para que detenga sus campañas militares.

"La comunidad internacional debe utilizar su influencia para devolver el dominio del país a un gobierno civil legítimo e independiente, sin ningún control militar de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial".

“Vivir en una prisión abierta”

Nu, que viaja por el mundo para hablar públicamente de la difícil situación de las mujeres y niñas rohinyás, describió la situación en el estado de Rakhine como "vivir en una prisión abierta". Según ella, la junta militar ha declarado que aplicará la pena de muerte a cuatro activistas demócratas.

Más de 600.000 rohinyás siguen viviendo en condiciones similares al apartheid, señaló al grupo de debate, incluyendo a 140.000 rohinyás separados a la fuerza en campos de desplazados internos, donde se les niega el acceso a las necesidades básicas y a los medios de subsistencia.

El ejército exige a los rohinyás que obtengan un permiso para viajar dentro y fuera del estado de Rakhine, y detiene a quienes supuestamente infringen esta política discriminatoria, explicó. Los rohinyás también deben presentar tarjetas de verificación nacional que no les confieren la ciudadanía y los identifican como "bengalíes" para realizar sus actividades diarias, entre otras, los desplazamientos para recibir tratamiento médico y acudir a las escuelas.

Los que han huido del país no han encontrado mejores condiciones, puesto que viven en campamentos de refugiados y centros de detención precarios en países vecinos y se enfrentan a la amenaza de ser víctimas de trata sexual, aseveró Nu.

Thyn Zar Oo, cofundador y director de programas de la Public Legal Aid Network (Red de Asistencia Jurídica Pública), achacó la violencia de Myanmar al racismo institucional, a las actitudes ultranacionalistas y al miedo de la época colonial a perder la identidad cultural y religiosa. Para avanzar, el país necesita aplicar reformas que promuevan la igualdad y la libertad, y el acceso a la justicia y a la información en lugar de la propaganda.

"El país necesita un cambio de mentalidad", declaró Oo.

Laetitia van den Assum, experta diplomática y miembro de la Comisión Asesora de Rakhine presidida por el difunto Kofi Annan, afirmó que acabar con la segregación y reintroducir escuelas interétnicas contribuiría al fin de la violencia. La apatridia no es solo un problema para el estado de Rakhine y los rohinyás, señaló.

"Hay otros miles de personas que se consideran apátridas, como los gurkas, los tamiles, los hindúes y los chinos. Si Myanmar no adapta su legislación a la normativa internacional, su problema se acentuará con el tiempo", indicó Van den Assum.

Para Imtiaz Ahmed, profesor de Relaciones Internacionales y director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de Dhaka, la política de Myanmar hacia los rohinyás tiene su origen en un "sentimiento racial tácito" de la élite militar y civil del país, lo que desembocó en la Constitución nacional de Myanmar, una carta que no reconoce a los rohinyás.

"Está claro que si no se ejerce presión, que incluyan sanciones económicas y políticas, nada cambiará el destino trágico de los rohinyás", concluyó Ahmed.