Los refugiados rohingyas y el derecho a la educación

Zakir apenas tenía 11 años de edad cuando sus padres le dijeron que toda la familia tendría que abandonar el único hogar donde siempre habían vivido.

Las fuerzas de seguridad de Myanmar que operaban en el turbulento Estado de Rakhine habían perpetrado una serie de asesinatos entre la minoría étnica rohingya a la que pertenecía Zakir, “y la única vía de escape”, señaló el joven, “era por mar”. 

Zakir y su familia caminaron durante siete días hacia la costa, donde abordaron un enorme barco de madera en el que se hacinaban unos mil refugiados rohingyas.

Durante las semanas que duró el viaje, los pasajeros dispusieron de poca agua y comida y estallaron varias riñas. Al menos 30 viajeros murieron, dijo Zakir, muchos de ellos al caer por la borda, barridos por el fuerte oleaje. 

Tras una breve escala en Tailandia y un segundo trayecto en bote, Zakir y su familia llegaron a Malasia, un país que ha acogido a decenas de miles de rohingyas que buscaban una vida mejor.

Sin embargo, el nuevo hogar de Zakir planteaba retos que él nunca había afrontado anteriormente: el joven no hablaba la lengua local y no podía acceder al sistema educativo porque las escuelas públicas de Malasia están reservadas para los ciudadanos malayos y no admiten refugiados. 

Pero en 2017 el joven refugiado tuvo oportunidad de asistir a un “centro de aprendizaje alternativo” que acaba de inaugurarse, denominado Rohingya International School of Excellence o RISE.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el centro durante su reciente viaje a Malasia, que fue la primera visita oficial de un jefe del ACNUDH a ese país. 

Esa visita dio a la Alta Comisionada la oportunidad de llamar la atención sobre los retos que afrontan los refugiados –un tema que Bachelet conoce muy bien-. 

“Todo el mundo tiene derecho a la educación”, escribió Bachelet en un mensaje de twitter, tras visitar el centro educativo, una frase que evocaba la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Todos”, añadió, “merecen la oportunidad de adquirir competencias que les permitan construir un futuro mejor”. 

Para estudiantes como Zakir, esos derechos son fundamentales.

Algunos de los alumnos del RISE habían llegado a las edades de 12 o 13 años sin haber aprendido a leer ni escribir, dijo Noor Halimahton, de la organización Socorro Islámico de Malasia. “Pero si podemos ayudarles a adquirir una formación básica, al menos podrán sobrevivir y tener una oportunidad de escapar de la pobreza”, añadió Noor. 

“Creemos firmemente que hay esperanza para esos muchachos”, dijo Noor.

El centro RISE, que cuenta con siete docentes y 41 alumnos de edades comprendidas entre los 7 y los 15 años, ofrece una gama de asignaturas que van del inglés a la ciencia y de la matemática al arte. Asimismo, les brinda a los refugiados la oportunidad de pensar y soñar en grande.

Cuando le preguntan qué quisiera ser cuando sea mayor, Zakir responde de inmediato: “Quiero ser científico o astronauta”. Si se le pregunta por qué, responde con sencillez: “Porque quiero proteger el planeta”. 

Pero el futuro es desolador, incluso para niños que han tenido la suerte de asistir a los centros de aprendizaje alternativo, porque no puede trabajar legalmente en Malasia cuando llegan a la edad adulta. Y aunque muchos aspiran a obtener asilo en un tercer país, la mayoría de los estudiantes del RISE proceden de familias que ya han vivido en Malasia durante dos o tres generaciones. 

“La verdadera pregunta es ¿qué pasa una vez que han completado sus estudios aquí?”, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Saifuddin Abdullah, tras haber visitado el centro en compañía de Bachelet, y añadió que su gobierno estaba examinando la posibilidad de extender a los graduados diplomas que les permitan ingresar en universidades locales o extranjeras. 

En una conferencia de prensa que ofreció en Kuala Lumpur, Bachelet expresó su esperanza de que Malasia ratifique la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que hace hincapié en los derechos de las personas desplazadas.

La Alta Comisionada añadió que alberga la esperanza de que “pueda fortalecerse el reconocimiento jurídico de los refugiados y puedan garantizarse a todos los derechos a la educación y al acceso al mercado laboral”. 

15 de octubre de 2019