Una madre acompañó a su hija a una cárcel de México para visitar a su pareja. La vio entrar en la cárcel, pero nunca salió. Cuando consultó a las autoridades penitenciarias, estas afirmaron no tener ninguna información sobre ella. Aún sigue desaparecida.

Este relato es solo un ejemplo de los casos a los que se refiere un informe nuevo del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) tras su visita a México el noviembre pasado. El informe incluye las conclusiones del Comité, que revelan la gran magnitud del problema de las desapariciones en el país, junto con una serie de tendencias y recomendaciones.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México, están contabilizadas 99.249 personas desaparecidas. De ellas, 112 se dieron por desaparecidas durante las dos semanas de la visita del Comité.

"El Comité agradece la apertura del Estado al diálogo, así como la disposición de todos los involucrados para facilitar información y documentación particularmente valiosa", afirmó Carmen Rosa Villa Quintana, Presidenta del Comité, durante la presentación del informe en el 22º periodo de sesiones del CED.    "Agradecemos a las familias y a los allegados de los desaparecidos sus testimonios, perspectivas y propuestas, y queremos destacar públicamente su lucha diaria".

Para elaborar una evaluación tan exhaustiva, los miembros se reunieron con autoridades y cientos de víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Además, visitaron cárceles, estaciones migratorias y acompañaron exhumaciones y jornadas de búsqueda.

Resultados y tendencias de las desapariciones

Según el informe, más de 52.000 muertos sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones forenses, universidades y centros de protección forense.

"Esta cifra, pese a su magnitud, no incluye los cuerpos que están todavía por localizar, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y las comisiones de búsqueda recogen semanalmente en fosas clandestinas", señala el informe.

Se observa un aumento en el número de desapariciones de niños, adolescentes y mujeres, lo cual se agravó durante la pandemia de COVID-19.

El informe destaca la preocupación por la victimización de las mujeres, que a menudo se ven obligadas a cuidar de sus familias y a buscar a sus seres queridos con la carga económica que supone ambas responsabilidades.

Las mujeres acaban "sufriendo las graves repercusiones sociales y económicas de las desapariciones y, además, en muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias".

Hay muchas otras víctimas que se ven afectadas, como es el caso de periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes e indígenas. En el caso de los indígenas, sus desapariciones suelen producirse en el contexto de conflictos territoriales asociados a proyectos mineros o energéticos o al apoderamiento de tierras para su explotación económica por parte de grupos del crimen organizado, con diferentes grados de implicación o conformidad de los agentes del Estado.

El Comité también encontró información sobre la desaparición de personas LGBTIQ+ a manos de las fuerzas de seguridad o grupos del crimen organizado con fines de limpieza social o explotación sexual, principalmente después de haber sido obligadas a ingresar en centros de reconversión.

Que los responsables respondan por sus actos parece sencillo, pero la impunidad es una tendencia recurrente en México y la falta de confianza de las víctimas en las instituciones se traduce en un número elevado de casos no denunciados, señala el informe.

"La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro, además de generar ansiedad, a las víctimas, a las personas que defienden y promueven sus derechos, a los funcionarios públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos, y a la sociedad en su conjunto", destaca el informe.

Medidas de prevención y erradicación

El Comité insta al Estado a abordar todas las conclusiones del informe y a crear una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas. El diseño de la política debe involucrar a todas las autoridades federales, estatales y municipales, a los órganos autónomos de México y a la sociedad civil, incluyendo a las víctimas y a los grupos de víctimas.

Entre otras recomendaciones se encuentran la urgencia de eliminar las causas estructurales de la impunidad y de responsabilizar a los autores de las desapariciones. Asimismo, subrayan la urgencia de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública, concienciar sobre las desapariciones en México para que la ciudadanía sepa cómo denunciar estos casos ante las autoridades, y desarrollar un programa de formación integral sobre las desapariciones.

El informe aboga por una política con medidas e indicadores concretos que aseguren su cumplimiento y resultados a evaluar. Se ha de crear un sistema de seguimiento independiente que garantice la rendición de cuentas.

Una víctima, que habló con los miembros del Comité, recordó cómo la impunidad y la falta de acceso a la información sobre las desapariciones en el país han afectado a su vida.

"Nunca me imaginé aquí con ustedes hablando de la desaparición de mi madre", declaró. "No pensaba que esto existiera o que pudiera pasarme a mí. No es el tipo de cosas que te enseñan en el colegio. Cuando tu madre desaparece de repente, no tienes ni idea de qué hacer. Es una pesadilla que se repite cada día". 

El Comité considera este informe una oportunidad para generar un cambio en México e insiste en su compromiso de apoyar el proceso de aplicación de sus recomendaciones para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas en México.

Según el informe, "la desaparición de personas en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad".