"El color de tu piel no debe considerarse nunca un arma"

“Sentí mucho dolor, pienso en mi hermano todos los días.  Me despierto en mitad de la noche pensando: ¿qué fue lo que hizo que era tan terrible como para que tuviera que perder la vida por ello?” declaró Philonise Floyd, el hermano de George Floyd, un hombre afroamericano cuya muerte a manos de un agente del orden en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, en mayo de 2020, desencadenó movilizaciones en todo el mundo contra el racismo y la brutalidad policial. 

“No hay razón para que [las personas de color] tengan que sufrir brutalidad policial. Deberían recibir apoyo, dignidad y comprensión, lo mismo que cualquier otra persona a la que quieran detener,” añadió.  “El color de tu piel no debería [considerarse] nunca como un arma.”

Desde el asesinato de su hermano, Floyd se ha convertido en un defensor de primera línea de la justicia e igualdad racial, y habló por primera vez ante un organismo intergubernamental en junio de 2020, durante el “Debate urgente sobre el racismo sistémico y la brutalidad policial en los Estados Unidos” en el Consejo de Derechos Humanos. 

Con posterioridad al debate, el Consejo solicitó a la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que elaborara un informe global sobre racismo sistémico, violaciones de la normativa internacional de derechos humanos contra africanos y personas afrodescendientes por parte de organismos encargados de hacer cumplir la ley, rendición de cuentas y reparación, además de las respuestas gubernamentales a protestas pacíficas contra el racismo. 

Más de 190 muertes con “similitudes chocantes” durante la década pasada  

Para la elaboración del informe, Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió información relativa a más de 190 muertes de africanos o personas afrodescendientes tras encuentros con agentes del orden, especialmente en Europa, América Latina y América del Norte, y sobre todo en los últimos diez años.  La mayoría fueron hombres, señaló el informe, en concreto hombres jóvenes procedentes de comunidades empobrecidas y hombres con discapacidades psicosociales. Aproximadamente un 16 por ciento fueron mujeres, un 11 por ciento niños y un 4 por ciento personas LGBTI. 

El análisis por parte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de estos incidentes sugiere que más del 85 por ciento de las muertes a manos de agentes del orden ocurrieron en tres contextos: en primer lugar, durante gestión de delitos menores, detenciones por violaciones de tráfico y detenciones y registros, como ocurrió en el caso de George Floyd. El segundo contexto ocurre cuando los agentes del orden actuaron como los primeros en responder a crisis de salud mental, como ocurrió en el caso de Kevin Clarke en el Reino Unido. El tercer caso ocurre durante operaciones especiales de la policía, como en el caso de Breonna Taylor en los Estados Unidos y el caso de João Pedro Matos Pinto en Brasil, quienes resultaron muertos durante operaciones dentro de la denominada “guerra contra las drogas”, además de Janner García Palomino en Colombia, también asesinada durante una intervención contra pandillas. 

El informe destaca el caso emblemático de Adama Traoré, quién murió en su 24º cumpleaños en julio de 2016 en Francia.  Parece ser que Traoré huyó corriendo tras ver como su hermano era detenido y negarse a verificar su identidad a la policía. Traoré fue perseguido y finalmente encontrado, sujetado y detenido por agentes del orden en un apartamento. Durante el traslado en coche a la comisaría de policía, aparentemente Traoré empezó a encontrarse mal y, tras llegar a la comisaría, los agentes del orden le dejaron esposado en el patio, desde donde llamaron a los servicios de emergencia.   A pesar de los intentos por revivir a Traoré, murió esa misma noche. 

La hermana mayor de Traoré, Assa Traoré, ha estado haciendo campaña por conocer la verdad y hacer justicia para su hermano. 

“Lo más doloroso es la falta de consideración por parte del Estado cuando ha habido una muerte en la familia, y el hecho de que los muertos puedan convertirse en contenidos para los medios de comunicación y ser criminalizados,” señaló Assa Traoré. 

“Cuando murió mi hermano, pensé que los agentes de policía iban a ser condenados y enviados a prisión,” añadió.  “Nunca pensé que la lucha iba a ser fácil pero tampoco pensé que iba a demorarse durante cinco años. Pero cuanto más tiempo se retrasaba, más complicado resultaba y entonces me di cuenta que no podíamos dar por sentado que se iba a hacer justicia, que la justicia no era un derecho para nosotros sino que teníamos que luchar por reclamar ese derecho.”

Muchas de las familias que compartían haber perdido a un ser querido como resultado de un encuentro con agentes del orden expresaron un dolor y sentido de injusticia parecidos. 

Luana Barbosa dos Reis Santos, fue asesinada por la policía militar en Ribeirão Preto, Sao Paulo, Brasil, en 2016 a la edad de 34 años.  Barbosa dos Reis Santos estaba llevando a su hijo a clase cuando se detuvo a saludar a amigos en un bar. Fue entonces cuando se les acercó la policía. Fue entonces cuando se les acercó la policía.

“Mi hermana era una mujer negra, lesbiana, que vivía en los suburbios, razón suficiente en Brasil para que te detengan,” explicó Roseli Barbosa.  “Se negó a ser cacheada por un agente de policía.”

Dos Reis Santos aparentemente se resistió a ser cacheada por un hombre, por lo que supuestamente tres agentes de policía la golpearon.  Barbosa y su madre fueron llamadas para que acudieran al lugar.

“Escondimos a mi hermana por miedo a que la policía viniera a buscarla y matarla, como habían dicho que harían,” aseguró Barbosa. “Al día siguiente la llevamos al hospital de urgencias en Ribeirão Preto y, el 13 de abril de 2016, Luana falleció.”

La muerte de Luana Barbosa dos Reis Santos fue investigada por la Policía Civil de Brasil, quienes solicitaron que se arrestara a los oficiales de la Policía Militar que la habían golpeado.

“Todo en Brasil ha resultado mucho más lento, mucho más difícil. Se podía haber celebrado una vista virtual para la apelación del caso, pero no hubo apelación, esta fue rechazada. Por lo que no se hizo justicia,” lamentó Roseli Barbosa.

Las comunidades negras se sienten amenazadas, no protegidas

En muchos de los incidentes revisados por Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señala el informe, las víctimas no parecían representar una amenaza inminente de muerte o lesiones graves que justificaran el nivel de fuerza empleado. Además, los prejuicios raciales y los estereotipos que asocian a los afrodescendientes con “peligrosidad” y “criminalidad” además de con perfiles raciales parecen desempeñar un papel recurrente, influyendo en las interacciones de afrodescendientes con las autoridades y con el sistema de justicia penal. 

Estas denuncias se confirman con datos que indican, por ejemplo, que mientras que en 2019 los afroamericanos suponían solamente el 13 por ciento de la población de EEUU, estos representaban el 26 por ciento del total de detenciones. En Canadá, entre 2013 y 2017, una “persona negra en Toronto tenía 20 veces más probabilidades que una persona blanca de verse envuelta en un tiroteo mortal por parte del Departamento de Policía de Toronto.”  Estadísticas del Ministerio de Justicia del Reino Unido revelaron que entre abril de 2019 y marzo de 2020 “se produjeron seis detenciones y registros por cada 1.000 personas blancas, en comparación con 54 por cada 1.000 personas negras.”  En Brasil, en 2019, los afrodescendientes representaron el 79 por ciento de las muertes ocurridas durante intervenciones de la policía.

Estas cifras respaldan la preocupación, que surgió durante consultas para la preparación del informe de la Alta Comisionada, sobre “la excesiva vigilancia policial de las personas negras” que hace que las comunidades se sientan más amenazadas que protegidas. 

El informe destaca asimismo que los agentes del orden pocas veces han de rendir cuentas por los crímenes y violaciones de derechos humanos que cometen contra afrodescendientes, debido en parte a “investigaciones deficientes, una falta de supervisión independiente y sólida, de mecanismos de  reclamación y rendición de cuentas y una extendida “presunción de culpabilidad” contra personas de ascendencia africana."

Una ruta para acabar con la impunidad por violaciones por parte de agentes del orden 

En su informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, propone una vía para acabar con la impunidad por violaciones de derechos humanos por parte de agentes del orden y “crear relaciones de confianza.”

Esto conllevaría, entre otras medidas, adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en las intervenciones de la policía y una cultura institucional que esté totalmente libre de racismo.  “Los Estados deben llevar a cabo un ejercicio profundo de introspección y alentar la participación e implicación de afrodescendientes y comunidades afectadas con el fin de volver a crear políticas nuevas y reformar el sistema de justicia penal”, indica el informe. 

Bachelet recomienda asimismo que el uso de políticas sobre el uso de la fuerza y normativas de aplicación de la ley estén alineadas con la normativa internacional de derechos humanos, y que se adopten medidas de peso para garantizar la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas y sus familias. “Esto exige investigaciones efectivas, imparciales y oportunas de acusaciones de un uso ilegal de la fuerza o de otras violaciones por parte de agentes del orden, con especial atención al posible papel que la discriminación racial pueda haber desempeñado en la violación; la imposición de castigos proporcionales; así como ofrecer garantías de no repetición.”

También se insta a los Estados a que incorporen métodos alternativos a las actuaciones policiales con el fin de responder especialmente a contextos educativos y al responder a crisis de salud mental, además de al gestionar la migración y las fronteras. Los Estados deben también recopilar y poner a disposición del público datos globales desglosados por raza u origen étnico, así como por sexo y otros factores, con salvaguardas estrictas y en conformidad con la normativa internacional de derechos humanos. 

“Los Estados deben mostrar una voluntad política mucho más firme para acelerar las acciones en pro de la justicia racial, la reparación y la igualdad a través de compromisos específicos y con plazos determinados para poder lograr resultados,” explicó Bachelet.

2 de julio de 2021

Esta historia es la segunda de una serie de cuatro partes que introducen el Programa de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Bachelet hacia un cambio transformador en pro de la justicia e igualdad racial. Cada parte resalta las particularidades históricas, las experiencias vividas así como las realidades actuales de los afrodescendientes en diversos Estados.