Ningún avance en derechos humanos pese a la nueva presidencia, concluye una investigación en Burundi

En su informe final al Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Investigación sobre Burundi documentó numerosas violaciones graves de derechos humanos que se habrían producido desde 2019 en el contexto de las elecciones presidenciales, legislativas y locales de 2020, y que incluyen ejecuciones sumarias, detenciones y arrestos arbitrarios, tortura y violencia sexual.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Comisión en septiembre de 2016, con el fin de realizar una investigación minuciosa sobre las violaciones de derechos humanos y los abusos cometidos en Burundi desde abril de 2015, fecha en la que el impugnado Presidente Nkurunziza decidió presentarse por tercera vez.  

Esa decisión suscitó manifestaciones multitudinarias que fueron duramente reprimidas y que transcurrieron en una crisis política nunca resuelta de forma adecuada. Pese a la aparente calma que volvió a las calles, se siguen produciendo violaciones de derechos humanos selectivas y graves desde ese día. Entre los delitos constatados por la Comisión, se encuentran algunos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Por tanto, el mandato de la Comisión se ha renovado cada año desde entonces como una forma de contribuir a la lucha contra la impunidad en ese país. A ese respecto, el Consejo también encargó a la Comisión identificar a los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos, con vistas a garantizar la plena rendición de cuentas, así como elaborar recomendaciones sobre los pasos que se deben seguir para velar porque los autores de dichas violaciones respondan por sus actos.

Cuatro años de investigaciones

La Comisión ha sido el único mecanismo internacional independiente en documentar, controlar e informar sobre las violaciones de derechos humanos en Burundi en los últimos cuatro años. Su informe se basa en más de 1.500 testimonios recogidos desde el inicio de su labor, incluidos los más de 300 durante el mandato actual, pese a las limitaciones relacionadas con la pandemia de la COVID-19 que han provocado la cancelación de algunas misiones sobre el terreno.

“Hemos seguido muy de cerca los acontecimientos para observar si el nuevo gobierno revertía el camino de destrucción iniciado en 2015. Formulamos algunas sugerencias muy concretas cuando pusimos al día al Consejo de Derechos Humanos por última vez en julio. Sin embargo, lo que vemos hasta ahora son pocos cambios positivos desde que el Presidente Ndayishimiye asumiera el cargo”, declaró Doudou Diène, Presidente de la Comisión.

“El espacio democrático sigue siendo muy limitado, la impunidad persiste y no hay indicios de que el nivel de violaciones de derechos humanos haya disminuido con el nuevo gobierno”, añadió Diène. “Algunas personas objeto de sanciones internacionales por su presunta responsabilidad ante violaciones de derechos humanos en 2015 han sido nombrados, de hecho, para altos cargos en la administración de Ndayishimiye”.

La Comisión considera que los autores de las violaciones de tipo electoral pretendían privar al principal partido de la oposición, el Conseil national pour la liberté (Consejo Nacional por las Libertades, CNL), de la posibilidad de ganar las elecciones. Estas violaciones fueron cometidas principalmente por miembros de la liga juvenil de Imbonerakure del partido gobernante y por funcionarios locales que siguen gozando de casi total impunidad.

Agentes del Service national de renseignement (Servicio Nacional de Inteligencia) y agentes de policía a menudo participaban o respaldaban esas violaciones o, en el caso de la policía, a veces asistían y permitían la actuación de los responsables.

Además, el informe destaca que la gran mayoría de víctimas se han visto privadas de su derecho a un recurso efectivo, por la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial, el cual sigue estando minado por la corrupción. El poder judicial también ha participado en la represión contra la oposición política y ha servido para censurar a la prensa y a los defensores de derechos humanos.

Hombres y niños, víctimas de violencia sexual

La Comisión trató en profundidad la cuestión de la violencia sexual cometida contra hombres en Burundi desde el inicio de la crisis, principalmente tras su detención por parte del Servicio Nacional de Inteligencia. “Me desvistieron [...] porque mis manos aún estaban [atadas]. Después, me [...] ataron los testículos [con una cuerda] y la cuerda estaba sujeta a un bote lleno de arena. Luego, [fueron y me dijeron] que me levantara y caminara con el bote [colgando]”, declaró una de las numerosas víctimas mientras describía el abuso que soportó.

Otros relataron palizas con palos, golpes, quemaduras, inyecciones de sustancias, violaciones, así como mantener relaciones sexuales forzadas con otros detenidos a modo de castigo y de obtener confesiones, infligiendo el mayor dolor posible. Como consecuencia, muchas víctimas también han sufrido secuelas físicas y psicológicas, o incluso aislamiento social.

Además, los hombres y niños supervivientes de la violencia sexual declararon haber recibido poco o ningún apoyo ni asistencia especializada. Estos supervivientes temen ser estigmatizados y rechazados por sus comunidades, en una sociedad en la que persisten los prejuicios y tabúes relacionados con la sexualidad, la masculinidad y el rechazo de la homosexualidad.

Una atención especial a los niños

La Comisión también se centró en las graves violaciones de derechos humanos cometidas a niños y adolescentes, un estrato que representa la mitad de la población burundiana.

Desde el inicio de la crisis en 2015, niños y adolescentes han sido periódicamente víctimas de violaciones de sus derechos humanos.  Eran seleccionados específicamente para el reclutamiento forzado en la liga juvenil del partido gobernante, la Imbonerakure o, en el caso de los niños más pequeños, en el “Little Eagles”.

Algunos niños resultaron heridos cuando otros miembros de la familia eran los objetivos reales y además, la desaparición o el asesinato de un familiar, sobre todo del padre, también ha dejado a las familias en la incapacidad para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

Un niño superviviente narró el horripilante suplicio de su familia a los miembros de la Comisión. “Mi padre era miembro del MSD. […] Después de las manifestaciones, mi padre no quería huir, porque creía que no iba a ser un objetivo, aunque había gente que le seguía buscando”, relató el niño. “Por la noche, vimos que venía gente y se lo llevaron.

Los demás se quedaron, violaron a mi madre y luego la mataron. Después de eso, nos mantuvieron retenidos y nos violaron. […] Nos golpearon por gritar”.

La Comisión concluyó que los niños han quedado privados de sus derechos a la educación, a la salud, a la alimentación y a la vida familiar. Se han visto obligados a abandonar el país, algunas veces sin su familia, han quedado considerablemente traumatizados por las violaciones que han sufrido o han presenciado, y no reciben los cuidados apropiados.

Las malas prácticas económicas sustentan la economía

La Comisión, en el desarrollo de un nuevo aspecto de su mandato para informar sobre “los fundamentos económicos del país”, ha constatado que la corrupción y los flujos financieros ilícitos han repercutido negativamente en el disfrute de los derechos humanos en Burundi. Los efectos de las malas prácticas económicas han sido profundos; han reducido los recursos del Estado y afectado a todos los derechos humanos en un país, en el cual un setenta y cuatro por ciento de la población vive en la pobreza multidimensional.

“Según nuestras averiguaciones, el nivel de corrupción parece estar tan extendido que toda organización, sociedad o persona que aporte fondos a Burundi debería actuar con la máxima diligencia debida”, aseveró la miembro de la Comisión, Françoise Hampson.

Un tema que sigue siendo preocupante

Aunque en la actualidad se está realizando una transición política, la Comisión destacó en su informe los ocho factores de riesgo comunes y reformas profundas restantes que se necesitan para mitigar dichos factores de riesgo, así como recomendaciones para la mejora de la situación de derechos humanos en Burundi a medio y largo plazo. Asimismo, la Comisión insta a la comunidad internacional a seguir atentos a la situación de Burundi.

“La transferencia de poder brinda la oportunidad de reanudar el diálogo con las Naciones Unidas y la comunidad internacional, así como de comprometerse con una vía de cambio basada en el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, los principios democráticos y el estado de derecho”, alegó Doudou Diène.

“Esperamos con toda sinceridad que el nuevo gobierno adopte medidas concretas para mitigar los factores de riesgo, principalmente permitiendo que la sociedad civil, los medios de comunicación y la oposición asuman sus papeles fundamentales con eficacia en una sociedad democrática”, añadió. “Sin embargo, si ese papel solo puede desempeñarse a costa de la vida o la libertad, la comunidad internacional debe seguir preocupada”.

23 de septiembre de 2020