Informe: mujeres detenidas se enfrentan a graves violaciones de derechos humanos

Hambre. Tortura. Abortos forzados.

Para las mujeres que fueron repatriadas a la fuerza a la República Popular Democrática de Corea, y retenidas en centros de detención, estas graves violaciones se producían casi a diario.

“Apenas conseguí sobrevivir con las cinco patatas pequeñas que me daban. Pasé muchísima hambre. Incluso comí arroz y otros restos que quedaban en el agua tras lavar los platos de los funcionarios de la prisión,” relató una detenida contando su experiencia en 2016.

“Hubo palizas,” explicó otra testigo que estuvo retenida en detención preventiva en 2014. “Hubo personas que fueron llevadas para ser interrogadas y que volvieron con moretones. Venían llorando. A mí también me pegaron. Al principio estaba encadenada, y me daban palizas por contar mentiras cuando en realidad les estaba contando la verdad… Había interrogatorios todos los días.”

Las mujeres también sufren un trato humillante y denigrante, que en ocasiones puede llegar a violencia sexual a manos de los oficiales de seguridad y policía, incluso durante las inspecciones corporales invasivas a los que se ven sometidas.

“Nos cachearon para comprobar si llevábamos dinero, y este cacheo fue invasivo. Buscaron en nuestras cavidades corporales. Estas distintas inspecciones corporales se producían siempre que éramos transferidas a un centro nuevo.”

Anteriores detenidas también describieron casos de abortos forzados.

“Otra mujer estaba embarazada de ocho meses. Ella, junto conmigo y otras mujeres fuimos llevadas a un hospital militar. Esta mujer recibió una inyección que servía supuestamente para matar el feto. No obstante, el feto no salió para fuera, por lo que tuvieron que operarla. Tras el aborto, se la devolvió al centro de detención sin recibir tratamiento médico.”

Este y otros testimonios forman parte de “Todavía siento dolor…” Violaciones de derechos humanos contra mujeres detenidas en la República Popular Democrática de Corea.”* La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet calificó los relatos de los testigos y las concusiones del informe como impactantes y desgarradores.

“Resulta desgarrador leer estas historias de mujeres que salieron de su país buscando sobrevivir, y que acabaron siendo castigadas. Se trata de mujeres que han sido a menudo víctimas de explotación y trata y que deberían recibir cuidados, no ser detenidas y sometidas a violaciones adicionales de derechos humanos,” declaró. “Estas mujeres tienen derecho a la justicia, verdad y reparación.”

Este informe se basa en distintas fuentes de información, incluyendo entrevistas en detalle realizadas por Derechos Humanos de las Naciones Unidas con más de 100 mujeres que fueron sometidas a repatriación forzosa y a su detención posterior en la RPDC desde 2009 a 2019. Se trata de mujeres que consiguieron escapar en última instancia y fueron entrevistadas por ACNUDH fuera del país.

“Las mujeres que fueron atrapadas intentando abandonar el país sin permiso oficial, o que han sido repatriadas a la fuerza a la República Popular Democrática de Corea tras intentarlo, han sido sometidas a violaciones graves de derechos humanos,” indicó el informe. “La información recopilada por ACNUDH señala que tras su detención, las mujeres son castigadas de forma sistemática por haber abandonado el país sin permiso, siendo detenidas en condiciones inhumanas, y siendo víctimas de tortura y malos tratos. Ninguna de ellas se beneficia de protecciones esenciales como por ejemplo el derecho a un juicio justo.”

Abandonar el país sin permiso es considerado como un crimen en virtud de la legislación nacional de la RPCN y aquellos que lo hacen se enfrentan a viajes peligrosos, señaló el informe. Muchos de los que se animan a emprender este viaje son mujeres, quienes o bien cruzan la frontera para realizar actividades de intercambio comercial o que buscan reubicarse en otro país.  

Aquellas que son repatriadas a la fuerza quedan detenidas por el Ministerio de Seguridad Pública, donde son condenadas a prisión por funcionarios del Estado, a menudo sin juicio o tras un proceso que no cumple con las normas internaciones de garantías legales y juicios imparciales.

El informe realiza diversas recomendaciones al Gobierno de la RPCN que incluyen: garantizar el derecho a la libertad de movimiento para todos los ciudadanos; terminar con los registros corporales invasivos y degradantes de los detenidos; acabar con las palizas y otros malos tratos durante los interrogatorios y con los castigos a los detenidos; y reconducir los recursos para garantizar espacios adecuados, alimentos, agua y atención sanitaria en los centros de detención.

Teniendo en cuenta todos estos pasos necesarios, se anima al Gobierno a aumentar la cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

28 de julio de 2020