“Seven Actions”: Una guía para proteger los derechos de las mujeres africanas durante la crisis del COVID-19

La Oficina del ACNUDH y la Unión Africana han elaborado de manera conjunta una guía de nuevas directrices sobre medidas que, a tenor de sus obligaciones en materia de derechos humanos, podrían adoptar los Estados africanos para evitar la discriminación contra mujeres y niñas en sus respuestas al COVID-19.

Como ya sucedió en brotes epidémicos anteriores, entre otros los del ébola y el zika, las políticas e iniciativas de salud pública llevadas a cabo en el mundo entero no parecen abordar adecuadamente las repercusiones a corto y largo plazo del COVID-19 sobre los aspectos de género, que forman parte de los derechos humanos de las poblaciones afectadas. De hecho, con las medidas tomadas hasta ahora se corre el riesgo de perpetuar y agravar las desigualdades de género y la discriminación. A semejanza de lo que ocurre en otras regiones del mundo, en África las niñas y las mujeres tienen más probabilidades de llevar la peor parte en la pandemia del coronavirus.

La Oficina Regional del ACNUDH para África Oriental colabora estrechamente con la Comisión de la Unión Africana, en particular con su Dirección de Género, y en el marco de la pandemia del COVID-19 ambas entidades consideraron que era importante poner en contexto las experiencias vividas por mujeres africanas, con especial atención a los grupos femeninos del continente y sus particularidades.

Según la representante regional, Nwanne Vwede-Obahor “la obligación de que nadie quede rezagado figura tanto en las normas internacionales de derechos humanos como en la normativa análoga de África”.

La publicación, titulada “Seven Possible Actions- Women’s Rights and COVID-19” [Siete medidas posibles: Los derechos de la mujer y el COVID-19]” se redactó para ayudar a los ministerios africanos que participan en la planificación y la respuesta relativas al COVID-19 y también a las entidades de la sociedad civil y los defensores de los derechos de la mujer que colaboran con los gobiernos en labores de promoción. “Se trata de una herramienta que pueden usar los Estados y los agentes de la sociedad civil para asegurarse de que los gobiernos cumplen con los deberes y las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Adwoa Kufuor-Owusu, Asesora regional sobre cuestiones de género en la Oficina del ACNUDH para África Oriental.

La publicación presenta posibles medidas para cada categoría de respuesta a la pandemia, así como las normas en materia de derechos humanos que dichas medidas deben cumplir. El documento de orientación señala, por ejemplo, que en África el 74 por ciento de las mujeres trabaja en el sector informal de la economía y que es cada vez más evidente que las repercusiones económicas del COVID-19 les afectan con más intensidad.

El Protocolo de Maputo sobre los Derechos de la Mujer en África, anejo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, reconoce los derechos económicos, sociales y culturales de la mujer y señala que la denegación de estos derechos suele dejar a las mujeres en situación de vulnerabilidad ante nuevos abusos.

Se aconseja a los Estados que, entre otras medidas orientadas a atenuar las consecuencias a largo plazo sobre la economía y el empoderamiento de las mujeres y a reducir su vulnerabilidad, incluyan al sector informal en las políticas e iniciativas destinadas a mitigar los efectos económicos de la pandemia; que establezcan medidas directas de compensación económica y empoderamiento de la mujer, entre ellas la asistencia financiera y la entrega de suministros básicos; y que amplíen las medidas de seguridad laboral para los sectores más desfavorecidos.

Por otro lado, las realidades vividas por las mujeres las exponen a un mayor riesgo de infección. En todo el mundo, las mujeres constituyen el 70 por ciento de los trabajadores en los sectores de asistencia social y sanitaria; en África, la mayoría de los empleados de los centros comunitarios de salud son mujeres; ellas son las que prestan los primeros auxilios y las que cuidan a los miembros enfermos de la familia.

La Agenda 2063, el marco estratégico de la Unión africana para el desarrollo sostenible e integrador, exhorta a los Estados a que promuevan la salud y la buena nutrición de la ciudadanía, entre otras formas mediante la ampliación del acceso a servicios sanitarios de calidad, especialmente para las niñas y las mujeres. El carácter universal del derecho a la salud figura claramente estipulado tanto en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Protocolo de Maputo, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR por sus siglas en inglés).

Para que los Estados cumplan con las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales, las directrices contienen sugerencias relativas a la promoción de una perspectiva de género y de los derechos de la mujer dentro del sistema de salud y en la gestión de la respuesta al COVID-19; a la garantía del acceso universal para todas las mujeres a contraceptivos y servicios sanitarios, entre otros, a los servicios de salud sexual y reproductiva y de salud materna; y proponen además que se otorgue protección integral a las mujeres cuidadoras y a las que trabajan en el sector sanitario.

Además de ofrecer directrices para la toma de medidas relativas a la economía y el acceso a la atención sanitaria vinculadas a una perspectiva de género, el documento también proporciona a los Estados asesoramiento en materia de violencia de género, acceso a los alimentos, el agua y los saneamientos, participación en la toma de decisiones, contextos humanitarios y acopio de estadísticas e información.

“Al tomar estas medidas, es fundamental velar por que todas las iniciativas que se lleven a cabo en respuesta a la pandemia del COVID-19 sean transversales y abarquen las necesidades de todas las mujeres, entre ellas las migrantes, las que viven en entornos rurales y las que tienen discapacidades”, añadió Kufuor-Owusu.

5 de mayo de 2020