La violación de los derechos de los pueblos indígenas en aras de la conservación medioambiental

Al parecer, la conservación de la diversidad biológica tiene un precio. ¿Pero quién lo paga realmente?

Los roces que existen actualmente entre las políticas de conservación medioambiental y las comunidades indígenas resultan evidentes en las experiencias de los pueblos sengwer y ogiek en Kenya. Las región de las colinas de Cherangani, en el oeste de Kenya, es el hogar de varias comunidades indígenas, entre ellas la tribu sengwer. Pero las políticas de conservación medioambiental de Kenya han causado la enajenación de las tierras de estas comunidades. 

“Nos hemos enfrentado a numerosas violaciones de derechos humanos, a desalojos forzados de los bosques donde vivíamos…y, en consecuencia, no tenemos un lugar donde podamos asentarnos y decir ‘este es nuestro hogar’”, afirma Milka Chepkorir Kuto, una mujer sengwer que participa en el Programa para becarios indígenas del ACNUDH 2016.

Numerosos pueblos indígenas del mundo están en el mismo aprieto. Sufren el desalojo violento de sus territorios tradicionales sin que ellos hayan otorgado su consentimiento libre, previo e informado, sin que se hayan adoptado medidas satisfactorias para reasentarlos y sin que se les asigne la compensación adecuada. Como consecuencia de esta situación, se les priva de derechos culturales y medios de subsistencia. Si tratan de volver a sus tierras, los suelen arrestar por caza furtiva o incluso pueden ser asesinados por los ‘guardas ecológicos’.

Estas son algunas de las observaciones que formuló la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, en su informe, publicado recientemente, en el que examina los problemas que afrontan los pueblos indígenas con los programas y las políticas de conservación. En el informe se identifica también a los países en los cuales las políticas relativas a las zonas protegidas han repercutido negativamente en los derechos de los pueblos indígenas. La Sra. Tauli-Corpuz hace hincapié en las novedades jurídicas, los compromisos y las medidas adoptadas por las organizaciones de conservación y los Estados, con el fin de promover una estrategia de conservación basada en los derechos humanos.

“La justificación principal que usan varios Estados y entidades de conservación para desplazar a las poblaciones indígenas es que éstas realizan una explotación excesiva de los pastos y otros recursos naturales, y que dicha explotación constituye el mayor obstáculo a la conservación”, señala la Sra. Tauli-Corpuz. “Ese punto de vista no reconoce la complejidad de las relaciones ecológicas y sociales que muchos pueblos indígenas mantienen con sus ecosistemas ni su derecho a poseer, gestionar y controlar esos territorios, tierras y recursos”.

Asimismo, ese enfoque desconoce el número cada vez mayor de estudios que muestran que los territorios de los pueblos indígenas a los que se han concedido derechos sobre la tierra se encuentran mucho mejor conservados que las zonas adyacentes”, explica la Relatora Especial.

“Los pueblos indígenas sostienen que ellos dan más valor a la naturaleza que otros grupos humanos, porque la naturaleza es la base de su supervivencia en tanto que pueblos y culturas diferentes, de sus métodos de alimentación tradicionales y de sus sistemas de conocimiento”, dice la Relatora Especial. “Las pruebas demuestran que muchos de los bosques, las sabanas y los ríos y lagos que están mejor conservados se encuentran en territorios donde viven poblaciones indígenas”, añade.

En lo tocante a las amenazas que pesan sobre las zonas protegidas, la Sra. Tauli-Corpuz opina que abarcan “las industrias extractivas, la explotación maderera (tanto legal como ilícita), la ampliación de las plantaciones agroindustriales y los proyectos que se emprenden sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas que resultan directamente afectados”.

La Relatora Especial insiste en que “el respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas debería ser parte integral de todas las decisiones y los programas sobre zonas protegidas que elaboren los Estados, las organizaciones de conservación y los donantes, en particular cuando esas zonas protegidas se solapan con los territorios de los pueblos indígenas”.

La Sra. Tauli-Corpuz presentará el informe ante el próximo Congreso Mundial de la Conservación, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tendrá lugar en Hawaii, del 1 al 10 de septiembre de 2016.  

26 de agosto de 2016